Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo y diputada de Ciudadanos, ha denunciado ante la Comisión Europea la Instrucción del Ministerio del Interior que «ampara la entrada por la fuerza de agentes de la autoridad en domicilios particulares o turísticos para impedir fiestas o reuniones sociales en aras de la prevención del coronavirus».
Además, pregunta a la Comisión si piensa «pedir explicaciones al Gobierno por la actuación del Ministerio del Interior, tanto por su intento de intentar derogar o matizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal como por vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la inviolabilidad del domicilio, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos».
LA PREGUNTA
“Es importante saber que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho al respeto a la vida privada y al domicilio sino está prevista por la ley”, destaca Pagazaurtundúa, para quien el concurso de la autoridad judicial es fundamental en toda actuación de este tipo.
También recuerda que el Manual para formadores de las fuerzas de seguridad del Estado de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) prohíbe las injerencias arbitrarias en vida privada, familia, domicilio y apela a que las “actividades de investigación se realizarán sólo de manera lícita y justificada” y no se permitirá la investigación que sea arbitraria o constituya una intrusión indebida.
EL MANUAL DE FORMACIÓN
La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior destaca que según los textos europeos, se considera “injerencia en la vida privada” acceder a un domicilio privado sin la debida justificación, como una orden de registro, o una “injerencia en una reunión pacífica” prohibir ésta sin la debida justificación o el uso de la una fuerza desmesurada.
Señala que “Bruselas hará bien en pedir explicaciones al Gobierno por la actuación del Ministerio del Interior”.
“No podemos olvidar que la situación de pandemia ha provocado la toma de medidas excepcionales de limitación de derechos civiles por parte de los gobiernos europeos, que en ocasiones pueden no tener la justificación suficiente y recaer en espacios de arbitrariedad o abusos de poder. Algo, que no debemos permitir”, concluye.
Noticias relacionadas:
«Esta es una nueva versión de ‘la patada en la puerta’ y no es admisible»
La «Policía Religiosa» de Grande-Marlaska: «Promover la virtud y prevenir el vicio»
