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Despachos y fondos de inversión se disputan las demandas de los ganaderos afectados por el cártel de la leche

La CNMC impuso en julio de 2019 una multa de más de 80 millones a diez empresas lácteas por pactar precios a la bajaEl conflicto está ahora pendiente de la resolución del recurso que las empresas interpusieron en la Audiencia Nacional contra la resolución de la CNMC.
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El conflicto ocasionado a raíz de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a diez de las mayores empresas lácteas de España ha provocado una carrera entre despachos de abogados y algún fondo de inversión para asesorar a los ganadores en las demandas de indemnización.

El organismo sancionó en julio 2019 a Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.

En total, la multa ascendió a 80,6 millones de euros por presuntos intercambios información sobre los precios de la leche que compraron a los ganaderos entre 2000 y 2013.

El asunto está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional por el recurso interpuesto por las empresas lácteas afectadas.

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Así, según informa Servimedia, permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de lo facturado a esas empresas en ese periodo, siempre que la Audiencia Nacional confirme la resolución de la CNMC. La decisión se espera para finales de 2021 o principios de 2022.

Una veintena de despachos, en defensa de los ganadores

Las demandas de los ganaderos se tramitan a través de una veintena de despachos de abogados que han realizado en el último año una intensa campaña de captación entre los ganaderos según un modelo estandarizado.

La mayoría de los bufetes proponen a los ganaderos hacerse cargo de la demanda sin coste para ellos y pactando unos honorarios en caso de éxito en torno al 30% de lo que puedan conseguir.

Los despachos que acumularían un mayor número de demandas de los ganaderos serían Eskariam, Redi, Balms Galicia, Surco Consulting, Álvarez & Álvarez y Caruncho Tomé & Judel, según estiman fuentes jurídicas consultadas por Servimedia.

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Todos ellos se dirigen en sus páginas web a los ganaderos con información sobre cuáles son las empresas sancionadas, quiénes son los afectados, plazos para reclamar e, incluso, en algunos casos, estimaciones sobre las cantidades que se pueden reclamar.

Las mismas fuentes señalan que, en líneas generales, esos despachos de abogados han difundido la idea entre el sector ganadero de que, con el simple acto de unirse a una demanda y dejarlo todo en manos de los bufetes, van a recibir una indemnización automática, dando por hecho de que el caso ya está decidido y que lo único que hay que hacer es esperar.

Cualquier cifra de una posible indemnización es puramente especulativa

Sin embargo, estas fuentes consideran que no ha habido claridad a la hora de comunicar a los demandantes la complejidad del proceso y que toda demanda debe estar respaldada por un peritaje complejo que la justifique.

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Asimismo, apuntan que tampoco ha habido demasiada claridad a la hora de especificar que las posibles indemnizaciones dependen de la confirmación de la resolución de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional y de que cualquier cifra de una posible indemnización es puramente especulativa, puesto que dependerá en cada caso, del juez instructor de cada demanda.

Algunas conductas de los despachos de abogados han sido ya rechazadas por entidades supervisoras de la publicidad, como es el caso de Eskariam, despacho que asegura en su página web que «lidera la reclamación contra el Cártel de la Leche gracias a los 2.000 ganaderos que han confiado en nosotros su defensa».

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Y es que, su estrategia comercial ha sido apercibida por Autocontrol, el organismo que supervisa la veracidad de la publicidad, que ha estimado reclamaciones que denunciaban que prácticas de Eskariam constituían publicidad engañosa al no poder demostrar lo que prometen; generar falsas expectativas al dar por seguro el importe de las indemnizaciones; incitar al pleito y constituir un caso de publicidad denigratoria, pues insinúan que las conductas sancionadas por la CNMC tienen continuidad por parte de las empresas del sector lácteo.

Eskariam está participada por el fondo de inversión Moira Capital, que dirige Javier Loizaga, y ha contratado específicamente a Paul Hitchings, experto en demandas colectivas, para que dirija todo el proceso de reclamación de indemnizaciones por el ‘cártel de la leche’.

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