El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña Salto, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza Aguado, designado el pasado mes de febrero por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
El fiscal Javier Zaragoza presenta su renuncia como refuerzo de Antidroga en el Campo de Gibraltar
Después de que la Asociación de Fiscales anunciara que recurriría el Decreto de delegación de Delgado
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20/4/2021 14:13
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Actualizado: 20/4/2021 14:25
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El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha presentado ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, su renuncia como refuerzo de la Fiscalía Antidroga para el Campo de Gibraltar, después de que la Asociación de Fiscales (AF) anunciara que recurriría su nombramiento.
En un escrito fechado a 19 de abril, Zaragoza explica que hace unos días ha conocido la intención de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal de recurrir el Decreto de la fiscal general que le designó para este cargo el pasado mes de febrero.
Por ello, para evitar una «situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal», considera que ni puede ni debe asumir el cargo.
Todo ello, «por responsabilidad y por lealtad a la institución», según indica.
«Es evidente que llevar a los tribunales mi nombramiento, con el inconveniente añadido de colocar bajo el foco no solo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público, sino también, en lo que a mí concierne, una trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal en responsabilidades especialmente relevantes, no es el mejor escenario para poder desempeñar con eficacia el cometido que me ha sido encomendado», afirma Zaragoza.
Considera que «en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales», es «especialmente complicado» cumplir con esa función.
Zaragoza añade que «la polémica generada puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que solo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el Campo de Gibraltar, lo que inevitablemente requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos».
El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña Salto, también discrepó el pasado febrero de la designación de Javier Zaragoza como refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas.
La recurrió y su impugnación fue rechazada.
El pasado 12 de abril, la Asociación de Fiscales informó a la Carrera Fiscal que presetaría un recurso contra el Decreto de Dolores Delgado.
LA AF RECUERDA LOS MOTIVOS POR LOS QUE INTERPUSO EL RECURSO
Tras conocer la decisión de Zaragoza, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha señalado a Confilegal que «no hay que confundir los motivos por los que la asociación interpuso el recurso».
Explica que los motivos que lo sustentan son «estrictamente jurídicos, de interpretación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que el recurso «en esencia se refiere a la posibilidad de extraer o no competencias de la Fiscalía Especial Antidroga y atribuirlas a un fiscal que no pertenece a la misma».
«Nuestro Estatuto Orgánico es muy parco en su regulación y está escasamente desarrollado desde el punto de vista reglamentario, pues carecemos de un reglamento actualizado y ello obliga en ocasiones a acudir a los tribunales», indica.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
Dexeus señala que por ello, entre otras cosas, la Asociación de Fiscales reclama un nuevo Estatuto.
Además, destaca que la AF «no pone en duda ni la capacidad ni la trayectoria profesional de Javier Zaragoza.
«Tal es así que los vocales de la AF en el Consejo Fiscal apoyaron su nombramiento para fiscal de Sala Jefe de lo Penal en el Supremo frente a otros candidatos», argumenta.
Además, Dexeus apunta que «en aquel caso Zaragoza no recibió el apoyo de los vocales de su asociación, la UPF, ni el de la fiscal general del Estado».
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