Una convocatoria viral a través de WhatsApp reunió este domingo a cientos de manifestantes frente al Tribunal Supremo para protestar por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz.
A la cita, en la Plaza de la Villa de París, acudieron la exministra de Justicia Dolores Delgado —actual fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática— y el abogado y exmagistrado Baltasar Garzón.
Entre consignas como “vergüenza” o “esto es política, no justicia”, los asistentes denunciaron lo que consideran una intervención política del alto tribunal.
El pasado 20 de noviembre, la Sala Segunda adelantó el fallo —aún sin publicar la sentencia completa— que declara a García-Ortiz culpable de “revelación de datos reservados” relacionados con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La consecuencia directa de dicho fallo es que García Ortiz deberá dejar el puesto de fiscal general del Estado y, muy probablemente, será expulsado de la carrera, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento del Ministerio Fiscal.
Garzón, expulsado de la carrera judicial tras una condena del Supremo en 2012, calificó la decisión de “injusta” y “arbitraria”. Criticó además que el fallo se anunciara sin explicar sus fundamentos jurídicos, algo que, según dijo, “revictimiza” al fiscal general y genera “desasosiego” institucional.
Una práctica que, por otra parte, realiza muy a menudo el Tribunal Constitucional.
Durante el acto se leyó un comunicado atribuido a “ciudadanos demócratas, sin siglas ni banderas”, que expresaba preocupación por la falta de garantías en el proceso.
El texto denuncia que no se habría respetado la presunción de inocencia y que algunos testimonios relevantes —incluidos los de periodistas que declararon conocer previamente el correo sobre Alberto González Amador— no habrían sido valorados con suficiente rigor.
