Tres de las principales asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antes secretarios judiciales- han manifestado su «malestar» con el Ministerio de Justicia tras la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han remitido una carta a Juan Carlos Campo reclamando «compromiso con la Justicia, una escucha activa y un verdadero afán de mejora del servicio público».
En la misiva, con fecha de este miércoles, las asociaciones -no se encuentra entre las firmantes otra de las principales, el Sindicato de Letrados de Justicia (SISEJ) -recuerdan que el pasado viernes el Ministerio convocó a una reunión para este viernes, 23 de abril, con el objetivo de avanzar en el contenido del anteproyecto.
En tal convocatoria se comunicaba que en unos días se remitiría el texto del anteproyecto por correo electrónico.
«Se supone que esta reunión se convoca con la finalidad de avanzar en su contenido, fomentando nuestra participación en el texto, de modo que se haga real la manifestación del Secretario General de dar participación a quienes, como directivos, dirigimos las oficinas de los juzgados y tribunales, e impulsamos el proceso judicial y ejecutamos sus resoluciones, y permitir una colaboración imprescindible en el objetivo de mejora de la Justicia como servicio al ciudadano».
Sin embargo, subrayan, «la realidad no es esa, pues de nuevo, nos encontramos que hoy nos remiten la documentación, que consiste en el ‘Anteproyecto de Ley Orgánica. Texto Aprobado por Consejo de Ministros».
Así que, «no alcanzamos a comprender cuál puede ser el objeto de esta reunión más allá de cubrir el expediente administrativo y justificar ante la opinión pública la existencia de participación por parte de los colectivos afectados por la norma, nada más lejos de la realidad», denuncian.
A su juicio, «se nos dispensa un trato insensible, que no pasa de un trámite formal para no incumplir lo establecido en la LOPJ sobre la participación asociativa, que además supone por un lado un grave menosprecio al colectivo que representamos, pues es evidente que nuestras consideraciones no se tendrán en cuenta (como nos demuestran absolutamente en todos los casos)».
Por otro lado, continua la carta, es un menosprecio «a la inteligencia natural de cualquier ciudadano que fácilmente deducirá la percepción que tienen respecto al único Cuerpo Superior hoy dependiente de su Ministerio, que ha contribuido lealmente a mejorar el servicio público que supone la administración de justicia siempre desde la lealtad».
«Ningún equipo anterior a usted ha actuado de este modo», dice la carta
«Y aún más grave, hurta a la ciudadanía la garantía que representa una Justicia moderna y eficaz con las aportaciones independientes y expertas de quienes la dirigen y gestionan día a día».
Esta percepción, explican estas asociaciones, «nos lleva a plantearnos de cara a la reunión del viernes y en las sucesivas que puedan convocar, y en defensa de la razón y la lógica, esperar de usted un compromiso con la Justicia, una escucha activa, y un verdadero afán de mejora del servicio público, o tendremos que optar por fórmulas alternativas de relación con el Ministerio que tiene el honor de dirigir, a menos mientras persistan en esa actitud».
Estas tres asociaciones coinciden en que esta forma de actuar del Ministerio era «hasta ahora desconocida», ya que «ningún equipo anterior a usted ha actuado de este modo», le reprochan a Campo.
En este sentido, expresan que en la relación que vienen manteniendo con el Ministerio desde que tomara posesión Campo, en enero de 2020, se ha producido una «rutina» que les genera «malestar».
«La idea que se nos transmitió desde el primer día en el que tomó posesión como ministro de Justicia, fue la de mantener reuniones con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia a fin de conseguir consensos en aquellas cuestiones y materias no solo las que afectan a nuestro colectivo, y sino especialmente las que permitiesen alcanzar los objetivos de un mejor servicio público de Justicia como garantía del ciudadano», dicen en la carta.
Sin embargo, «la realidad es que en las reuniones que se han celebrado, su equipo, se limita a informar de algunos de los aspectos que consideran, omitiendo los que no les interesa abordar, y posteriormente realizan una rueda de intervenciones formales pero que no se traducen en debate constructivo alguno que permita plasmarse en las mejoras que siempre serán en beneficio del último destinatario de nuestro trabajo diario, el ciudadano».
«Y se hace ya rutina que nunca tengamos posterior conocimiento de si se incorpora alguna de las aportaciones realizadas por nuestras Asociaciones a los textos producidos en su Ministerio».
«El colmo de esta situación, que se suma a las anteriores», critican, es lo que se ha vivido en los últimos días en relación a la reunión para abordar esta Ley de Eficiencia Organizativa.
