El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, han firmado hoy un convenio para establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de impulsar el acceso a la Justicia en las zonas en riesgo de despoblación y paliar la brecha digital que existe en estos territorios, atendiendo especialmente al colectivo de las personas mayores.
Este convenio establece la forma de colaboración, que se concretará en tres actividades de Fundación Mutualidad Abogacía: Un proyecto de investigación, una consultoría tecnológica y un estudio académico-científico.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a colaborar con Fundación Mutualidad Abogacía en el desarrollo esos proyectos y a ayudar a la difusión de los mismos.
Según ha informado el Ministerio, en la firma del convenio el ministro ha señalado la relevancia de la Abogacía en el sector y ha agradecido su colaboración en este “ilusionante proyecto de modernización de la Justicia”.
“La Abogacía es la que genera el debate social de la Justicia en el territorio”, ha destacado positivamente el ministro refiriéndose a los ‘Diálogos Institucionales’ a los que está acudiendo por todo el territorio para conocer las inquietudes y propuestas de los abogados.
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, ha indicado que los tres principales objetivos de la Mutualidad son: «No dejar desatendidas a las personas mayores, hacer frente a la brecha digital y atender de manera efectiva la despoblación».
Campo también ha destacado la importancia de este acuerdo para afrontar “el reto demográfico y atender a los grupos más vulnerables”. Y ha añadido que en Justicia todos los actores están conectados en el territorio y que esta firma es un paso más para tener una Justicia “más eficiente y que tenga a la ciudadanía en el centro”.
Según explica el Departamento de Campo, este convenio va en la línea del Plan Justicia 2030, el proyecto en el que el Ministerio trabaja para modernizar la Administración de Justicia, y entre cuyos objetivos prioritarios está la transformación digital del Servicio Público de Justicia en España.
