El Legislativo salvadoreño borra del mapa la independencia judicial: Destituye al fiscal general y a todos los jueces del Constitucional

Es un choque de trenes en toda regla. La Asamblea Legislativa de El Salvador, el poder legislativo, controlada por el partido social conservador, Nuevas Ideas, la formación del presidente Nayib Bukele Ortez, de 39 años, cesó el pasado sábado al fiscal general, Raúl Melara, y a los 10 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en ese país están integrados en el Alto Tribunal, en vez de formar otro tribunal aparte, como en España.

La decisión de destituir al fiscal general y a los jueces titulares –José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento– y suplentes de dicha Sala, fue tomada por el parlamento unicameral de ese país por una mayoría de 64 votos, 19 en contra y un ausente en la primera sesión tras las elecciones generales celebradas el pasado 28 de febrero.

Nuevas Ideas consiguió 56 escaños de 84, muy por encima de la mayoría absoluta, que está fijada en 43 diputados.

Con el partido del presidente votaron los partidos minoritarios Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) –5 diputados–, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) –1 diputado– y Partido de Concertación Nacional (PCN) –2 diputados–.

El presidente Bukele es de origen palestino. Su familia, originaria de Jerusalén y Belén, emigró al país centroamericano a principios del siglo XX. En la foto jurando su cargo de una forma habitual en aquella parte del mundo, levantando la mano al estilo romano –también fascista–.

Bukele justificó la destitución por dictar sentencias contrarias a la Constitución al impedir la  implementación de medidas para hacer frente a la pandemia.

“Los magistrados han generado, con sus pronunciamientos y con sus sentencias arbitrarias, un fraude a la Constitución”, manifestó el presidente, que revalidó su mandato en las elecciones del pasado mes de marzo, obteniendo una mayoría del 66 %.

En dichos comicios su partido, Nuevas Ideas, borró, literalmente del mapa, a la izquierda, representada por el Frente Farabundo Martí, que pasó de 19 diputados a 4, y al partido de la derecha, la Alianza Nacional Republicana (ARENA), que obtuvo 14 escaños, de 23 que tenía en las anterior legislatura.

Bukele hizo trizas, con esos resultados, el bipartidismo en este país centroamericano.

El presidente es de origen palestino. Es hijo del fallecido empresario Armando Bukele Kattán, un doctor en química industrial de origen árabe-palestino cuyo padre, de religión cristiana ortodoxa y madre católica, inmigraron hacia El Salvador desde la ciudad de Jerusalén y Belén respectivamente, cuando estas ciudades aún estaban en manos del Imperio Otomano.

La inmigración palestina hacia El Salvador comenzó en la última década del siglo XIX, inicialmente con cerca de un centenar de personas originarias de la ciudad de Belén. Hoy día, aproximadamente 100 mil salvadoreños tienen en alguna medida origen palestino.

Bukele es el segundo mandatario salvadoreño de origen palestino después de Tony Saca, que fue presidente entre 2004 y 2009.

UNA DECISIÓN MUY CRITICADA INTERNAMENTE

Un grupo de 26 organizaciones civiles condenó ayer las destituciones por la decisión de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña  y reivindicaron que «solo hay un Constitucional».

El «revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia» e insistieron en que las actividades del tribunal «serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales».

«En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial», declaró Sonia Rubio, de Fundación para el Debido Proceso.

«El proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece totalmente de legitimidad y de legalidad», añadió.

«Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y la Sala emitió ayer una resolución y todos tenemos que acatarla», afirmó Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.

Y POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL