El gobierno autonómico canario ha decidido ponerse el mundo por montera y desobedecer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) manteniendo el toque de queda en todas las islas sin poseer ninguna base legal y con la argumentación de que va a presentar próximamente el recurso pertinente ante el Tribunal Supremo.
«El Gobierno de Canarias anuncia que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado el mencionado auto del TSJC, en el que se ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las Islas», dice un comunicado emitido por el gobierno autonómico.
El ejecutivo canario, «interpreta» que las medidas antiCOVID, publicadas el pasado viernes en el BOC, «pueden seguir teniendo vigencia, debido a que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Tribunal Supremo», añade.
El toque de queda, por lo tanto, sigue vigente en las islas por decisión de su gobierno regional.
EL TSJC NO AVALA EL CONFINAMIENTO QUE PRETENDE PROLONGAR EL GOBIERNO CANARIO
Una interpretación que el mismo auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no avala en absoluto, por unanimidad, especialmente en lo referido al toque de queda, por afectar a derechos fundamentales.
“Consideramos que esta medida no está debidamente justificada y que no supera el canon de proporcionalidad porque no hemos apreciado ningún motivo en cuya virtud puede razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día de paso a la noche”, dice el auto.
Los miembros del tribunal –los magistrados Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, Jaime Guilarte Martín Calero; María del Pilar Alonso Sotorrío; Evaristo González González (como ponente) y Francisco Eugenio Úbeda Tarajano– recuerdan al gobierno autonómico que «los poderes públicos cuentan con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos».
Respecto a la limitación de entrada y salida de las islas que estén en nivel 3 y 4, los magistrados observan que las excepciones contenidas no están lo suficientemente motivadas y contienen una cláusula de cierre.
«Es el parecer mayoritario de la sala que debe negarse a su ratificación por considerar no suficientemente justificada la afectación negativa de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución», recoge el Auto.
