Este servicio lo venía desempeñando el ICAM, y fue sacado a concurso público, como el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) municipal, que también pasó a ser gestionado por esta firma. Foto: Carlos Berbell
LABE Abogados prestará, también, el servicio de orientación jurídica a extranjeros de Madrid
El contrato es de dos años y tiene un importe estimado de 179.615,64 euros (con impuestos incluidos)
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19/5/2021 10:09
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Actualizado: 19/5/2021 10:27
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Law & Business Enterprises WorldWide (LABE Abogados) prestará el Servicio de orientación jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia en el municipio de Madrid, más conocido como Servicio de Orientación Jurídica Municipal para Extranjeros (SOJEM), que venía desempeñando el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y que fue sacado a concurso público el año pasado.
En 2020, el SOJEM atendió a 5.459 personas y resolvió 7.601 consultas.
El Consistorio decidió cambiar la forma de gestión de este servicio, como ocurrió hace un año con el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) municipal del Ayuntamiento de Madrid, que hasta la fecha también había sido prestado por el ICAM mediante subvención nominativa directa, y el adjudicatario también fue LABE Abogados.
En el caso del servicio de orientación jurídica a extranjeros, el Consistorio publicó el 8 de abril de 2020 el Anuncio Previo del proceso de licitación -expediente número 300/2020/00424-, el 17 de agosto se publicó el anuncio de licitación y el pasado 24 de marzo fue adjudicado a este despacho de abogados y consultores, por un valor estimado de 179.615,64 euros (con impuestos incluidos) por dos años.
Al concurso también se había presentado el ICAM.
El 10 de septiembre de 2020, la Mesa de Contratación acordó la exclusión de la propuesta del Colegio de Abogados de Madrid dado que presentó su oferta el 4 de septiembre, a las 15.12 horas, y el plazo de presentación finalizaba a las 15:00, tal y como consta en el anuncio de la convocatoria.
La exclusión fue comunicada al ICAM al día siguiente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Entonces el ICAM interpuso un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACPM) contra su exclusión alegando imposibilidad de presentar la proposición en plazo debido a problemas de información sobre la documentación, concretamente el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Argumentó que “no figuraba en la aplicación informática entre los documentos descargables”.
El ICAM pidió la anulación del acuerdo de exclusión y que su oferta fuese admitida. También solicitó la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso, fundamentándolo en el perjuicio que podía causarle su continuación. El TACPM estimó la medida cautelar el 1 de octubre.
Finalmente, el 8 de octubre desestimó el recurso del ICAM.
La resolución era definitiva en la vía administrativa, y directamente ejecutiva.
El Colegio de Abogados interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), y solicitó igualmente una medida cautelar.
Según ha podido saber Confilegal, el TSJM desestimó la medida cautelar y posteriormente el ICAM desistió del recurso interpuesto.
ALTODO DENUNCIA QUE ‘CONTINÚA EL PROCESO PRIVATIZADOR DEL SOJ MUNICIPAL’
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) denunció el pasado mes de junio que «continúa el proceso privatizador de los servicios de orientación jurídica municipal iniciado por Manuela Carmena».
Se pronunció así tras conocer que el Ayuntamiento también sacaba a concurso público este servicio.
Altodo mantiene su «postura contraria a que estos servicios públicos se privaticen y también contraria a que en esos procesos privatizadores participen los colegios de abogados, en lugar de defender hasta la última instancia judicial la exclusividad que les otorga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las Leyes de Competencia Desleal y Libre Competencia para la prestación de los servicios de justicia gratuita con fondos públicos, incluida la prestación consistente en el asesoramiento u orientación previo al proceso (artículo 6.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».
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