La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha acusado este viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de ampararse en su condición de aforada ante el Tribunal Supremo (TS) para «evitar la acción de la Justicia» en el caso donde se investiga si usó a una empleada de Podemos que ahora es asesora suya en el Ministerio para cuidar a su hija.
Así se ha pronunciado Castro, en unas declaraciones que ha hecho a la prensa desde los Juzgados de Plaza de Castilla en el marco de la comparecencia por el caso ‘Neurona’, al ser preguntada sobre la decisión del juez José María Escribano de imputar a la consejera ministerial, Teresa Arévalo, citándola para declarar como investigada el próximo 14 de julio.
«En el procedimiento de la ‘niñera’ están acordadas declaraciones y a ella no la han citado para declarar porque continúa siendo aforada, una vez más vemos que se está utilizando el aforamiento como un medio para evitar la acción de la Justicia», ha dicho la abogada de Vox en alusión a la ministra de Igualdad.
Castro también ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de hacer lo mismo, refiriéndose de esta forma al caso ‘Dina’, donde se investiga el robo del teléfono móvil de una ex asesora del dirigente ‘morado’ y el posterior uso del contenido de su tarjeta de memoria, que finalmente volvió a su dueña ilegible.
«Son especialistas en hacerlo», ha sentenciado sobre ese supuesto uso del aforamiento por parte de la pareja.
En esa causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevó el pasado mes de octubre una exposición razonada al Supremo para que imputara a Iglesias, que entonces era aforado ante el alto tribunal, pero el TS lo rechazó y ordenó seguir investigando.
PLUS ULTRA
Por otro lado, ha celebrado la «valiente» decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de admitir a trámite la querella presentada por Vox para investigar la ayuda de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que el partido considera irregular.
«Hemos aportado documentación que prueba la comisión de delitos muy importantes que, al fin y al cabo, acaban siendo un perjuicio para todos los españoles porque es escandaloso que, en una adjudicación de fondos europeos que vienen para paliar la crisis covid, se entreguen para favorecer (a una empresa) o de una manera arbitraria», ha indicado.
Además, Castro ha confiado en que, «gracias a que ha salido el escándalo de Plus Ultra» se eviten «otros fraudes». «La visión de muchos funcionarios que participan (en ese tipo de trámites) será de tener mucho cuidado con los informes que firman», ha augurado.
La juez ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y actual vicepresidente de este organismo público, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por presuntas irregularidades en la tramitación de la ayuda pública concedida a la compañía aérea.
