Finalmente, tal como avanzó Confilegal, ha sucedido: José María García Fernández, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y secretario general del sindicato JUPOL, ha sido sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz –magistrado en servicios especiales-.
Así lo ha certificado el comisario jefe de la Unidad Central de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, Daniel Gallego Villasante, en un oficio dirigido a nuestra compañera, María Montero, que tiene fecha del pasado viernes, 21 de mayo.
Montero fue quien interpuso la denuncia contra García por incumplir el régimen de incompatibilidades de la Policía.
La sanción tiene fecha de 30 de abril pasado.
En la misma, el secretario de Estado de Seguridad explica que le impone «la sanción de un año (365 días) de suspensión de funciones por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 7.i) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuepro Nacional de Policía bajo el concepto de ‘El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad'».
Esto supone que José María García Fernández tiene que entregar su placa y su arma –si no la ha entregado ya– y que perderá su puesto de vocal en el Consejo de la Policía.
La suspensión se ha producido por ejercer una actividad que nada tiene que ver con su dedicación sindical, cuya función central es la defensa de los derechos de sus afiliados.
Durante los ejercicios económicos de 2017 y 2018 García Fernández, ostentando, además, la Secretaría General de JUPOL, fue el administrador único de la empresa de su propiedad «Excavaciones y Asfaltos Avilés, S.L», sin solicitar, a la Dirección General de la Policía Nacional la obligatoria compatibilidad.
Si la hubiera solicitado posiblemente se le hubiera concedido, pero se habría traducido en una rebaja salarial sustanciosa al perder la dedicación exclusiva.
La sanción es susceptible de ser recurrida en la vía contencioso-administrativa, lo que no suspendería su eficacia ejecutiva. García Fernández estará fuera de la Policía Nacional durante un año.
Su sindicato, JUPOL, declaró, el pasado mes de marzo, en su defensa que su secretario general estaba siendo perseguido por ejercer su labor sindical. A la vista del oficio, ha quedado claro que esa no ha sido, en absoluto, la razón.
