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Díaz Ayuso blindará la autonomía fiscal de Madrid con una Ley para evitar una «OPA hostil» de Pedro Sánchez
La presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha conjurado para presentar una dura batalla en el terreno de los impuestos que el Gobierno central quiere imponer a los madrileños. La foto corresponde a su toma de posesión del pasado jueves. Foto: Diego Sinova/Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso blindará la autonomía fiscal de Madrid con una Ley para evitar una «OPA hostil» de Pedro Sánchez

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21/6/2021 06:48
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Actualizado: 21/6/2021 06:48
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Algunos dicen que Isabel Díaz Ayuso es una moderna Manuela Masalaña. Otros la asemejan a Agustina de Aragón. Dos heroínas de la historia de España que se resistieron a la invasión de las tropas francesas. En este caso el enemigo a enfrentar no es Napoleón Bonaparte sino Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de la nación española (según descripción del artículo 2 de la Constitución).

En esta ocasión no son las calles de Madrid o de Zaragoza sino el campo de los impuestos. Lo dejó bien patente el pasado jueves, durante su discurso de investidura como presidente de la Comunidad de Madrid, cuando anunció que blindaría con una ley la autonomía fiscal de los tributos frente a la intención del Gobierno central de subir los impuestos de los madrileños.

En ese marco anunció que llevará a la Asamblea Regional una Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia las competencias en esta materia que emanan de la Constitución Española y que permite que Madrid pueda decidir libremente su política fiscal sobre los tributos cedidos por el Estado.

Sobre esta línea ya está trabajando la Consejería de Hacienda y Función Pública para impedir que el Gobierno de la nación, con el apoyo de distintas fuerzas parlamentarias en la Cámara Baja, impongan una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de sucesiones y patrimonio.

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 La “armonización” fiscal al alza le costaría al bolsillo de los madrileños un total de 5.900 millones de euros, es decir, una media de 2.270 euros más por familia al año.

De este modo, una herencia media en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200 euros, esto es cien veces más, en el caso de que se equiparase el impuesto de sucesiones tal y como pretende el Ministerio de Hacienda.

Los contribuyentes madrileños se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, fecha en la que empezaron las sucesivas rebajas de impuestos de los distintos Gobiernos en la Comunidad.

Esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal, aportando el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los Servicios Públicos de todas las Administraciones regionales españolas.

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Díaz Ayuso considera que la armonización fiscal proyectada por el Gobierno central, y que afectaría a los impuestos de sucesiones y patrimonio, es una amenaza que hay que conjurar. Foto: Diego Sinova/Comunidad de Madrid.

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA FISCAL

Para defender esta autonomía fiscal, la Comunidad de Madrid destaca dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157.

El primero recoge que las Comunidades Autónomas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

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En cuanto al segundo, habla de los recursos con los que cuentan las Comunidades, tales como “los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.

 De cara a proteger la independencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los tributos que tiene cedidos, esta Ley pretende reforzar la vigencia y defensa de los principios constitucionales de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid como presupuesto necesario para el ejercicio de la autonomía política.

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Lo quiere hacer en su doble vertiente: la autonomía fiscal, tanto para la determinación de los tributos propios como en el ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas sobre los tributos cedidos del Estado; y la autonomía en el gasto, en cuanto a la cuantificación y distribución del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, sin condicionamientos ni injerencias indebidas.

LA COMUNIDAD DE MADRID INVENTA LA «PILDORA ENVENENADA» PÚBLICA

Para Percival Manglano, abogado con despacho propio y exconsejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre como presidenta, se refiere “a la píldora envenenada” («poison pill»), la estrategia que pueden usar las empresas para evitar una adquisición hostil”.

Recuerda que “su invención se atribuye al legendario abogado norteamericano Martin Lipton, de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en 1982. Es decir, al inicio de la gran ola de adquisiciones hostiles que sacudió a la economía norteamericana durante los años 80”.

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A su juicio, “la versión más común de la “píldora envenenada” pasa por la emisión de nuevas acciones a un precio reducido de la que se beneficiarían los accionistas existentes en perjuicio del potencial adquiriente”.

“Se busca, a grandes rasgos, aumentar el precio de la adquisición y, también, orientar la negociación de sus términos hacia el consejo de administración de la sociedad ‘target’ (objetivo) en vez de hacia sus accionistas”, subraya

Para este jurista, “en la práctica, las píldoras envenenadas no impidieron las adquisiciones hostiles en Estados Unidos durante los años 80 y 90 (de hecho, esos años se consideran una de las épocas doradas de los «hostile takeovers» –adquisiciones hostiles–). Pero sí las complicaron, en algunos casos las disuadieron (como en el caso de la compra de Yahoo! por parte de Microsoft) y, en general, las encarecieron”.

Percival Manglano

Percival Manglano, abogado y exconsejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid, considera que la decisión de Díaz Ayuso es una buena apuesta.

Manglano considera que “el anuncio por parte de Isabel Díaz Ayuso de una nueva Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid parece seguir esta misma lógica”.

“Es debatible si dicha Ley impediría por sí misma una “armonización” (es decir, subida) de los impuestos cedidos por el Estado a Madrid mediante una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En principio, la Ley Orgánica debería prevalecer sobre una ley autonómica», advierte.

Dicho esto, el precio de esta “’armonización’ aumentaría considerablemente en caso de aprobarse la nueva Ley anunciada por la presidenta madrileña”.

En efecto, todo apunta a que se crearía un conflicto de competencia que acabaría ante el Tribunal Constitucional (TC).

«En dicho caso, el TC tendría que decidir sobre la definición del concepto de “autonomía financiera” incluido en el art 156.1 de la Constitución (definido por el TC como ‘la propia determinación y ordenación de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones’)», subraya.

Desde el punto de vista de Manglano, «es cierto que, planteado este conflicto de competencia, el Gobierno conseguiría la suspensión de la Ley madrileña con sólo pedirla al TC; pero también es cierto que el TC podría acordar el levantamiento de la suspensión en un plazo de cinco meses”.

UNA DECISIÓN ACERTADA

La decisión final del TC sería incierta; «Lo indiscutible sería que el plazo para aplicar la ‘armonización’ se dilataría considerablemente”.

“Y dentro de varios años puede que el actual Gobierno ya no esté o que sus aliados principales cambien. Recordemos que la exigencia de subir los impuestos en Madrid viene de un insólito acuerdo entre el Gobierno y ERC. Los independentistas catalanes quieren romper con España, pero, entretanto, no dudan en querer dictar las políticas fiscales en otras partes de España”, recuerda.

En todo caso, la OPA hostil del Gobierno de Pedro Sánchez contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid habría sido evitada indica Percival Manglano.

La decisión de aprobar la nueva Ley de Defensa de Autonomía Fiscal madrileña le parece muy acertada. «Su existencia buscará impedir que el Gobierno imponga a corto plazo la subida de impuestos cedidos a Madrid”.

“Es decir, Ayuso no se resigna a que el Gobierno perjudique a los contribuyentes madrileños y toma la iniciativa para impedirlo. Esto es exactamente aquello por lo que muchos madrileños le votaron en las recientes elecciones autonómicas”.

DEFENSA LÓGICA DE LA AUTONOMÍA FISCAL

Por su parte, Javier Morera, socio de fiscal de Broseta, explica a Confilegal que no hay procedentes similares en nuestro país, de este tipo de iniciativas fiscales.

Considera que el gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) hace bien en defender su derecho a la autonomía fiscal.

“Es cierto que, como dice el Gobierno de la CAM, el artículo 156.1 de la Constitución establece que ‘las Comunidades Autónomas [CCAA] gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles’yaya y que por ello el artículo consolida la autonomía financiera de las CC.AA.”.

Al mismo tiempo señala que “es cierto que el propio artículo 156 está indicando expresamente que dicha autonomía financiera de las CC.AA.» lo es “con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal”.

Morera recuerda que, “como dice la CAM, es cierto que el artículo 157.1 de la Constitución Española establece que ‘los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por los Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado'».

“Pero también es cierto que el apartado 3 del artículo 157 establece que ‘mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado'», aclara.

En ese escenario entraría según este jurista “la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece los principios básicos a que ha de ajustarse la cesión de tributos del Estado a las CC.AA. para proveer a su financiación y concreta las competencias normativas sobre los elementos de los tributos susceptibles de cesión, una vez determinadas las líneas generales de la atribución de dichas competencias a las CC.AA.”.

Javier Morera

Javier Morera, socio de fiscal de Broseta, cree que la clave está en el Tribunal Constitucional.

Así como “la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, que se encarga de concretar el alcance y condiciones en que ha de llevarse a cabo dicha cesión y configurar el marco de referencia idéntico para todas las CC.AA. a la hora de instrumentar la cesión de tributos”, comenta.

Sobre esta base, Morera señala que  “en última instancia, la clave de todo parecer estar en la LOFCA, y que una modificación de la misma –y, ulteriormente, de la Ley de Cesión de Tributos que la desarrolla– por parte del Gobierno de la Nación podría permitirle rectificar las competencias normativas sobre los elementos de los tributos susceptibles de cesión y, con ello, establecer también determinados elementos de homogeneización (en relación por ejemplo con bonificaciones y reducciones, etc.).

“Otra cosa es que el Gobierno llegase a contar con los apoyos políticos necesarios para poder aprobar tales cambios, dado que supondrían un recorte de los niveles de autonomía y corresponsabilidad actuales que afectarían a todas las CC.AA”, comenta este jurista.

Este fiscalista señala que “aquí también se puede apuntar que parte de la actual Administración dirigente entiende que bastaría una mera modificación de la Ley de Cesión (ley ordinaria, que exigiría mayoría simple) en lugar de la de la LOFCA (ley orgánica, que exigiría mayoría absoluta) para efectuar dichos cambios legales, algo cuestionado por muchos expertos”.

“Pero al margen de valoraciones políticas, lo que a priori no parece del todo fácil es que la anunciada iniciativa legislativa del actual Gobierno de la CAM pueda en última instancia prevalecer sobre lo dispuesto en la LOFCA y, entre otros, en el 157 de la Constitución Española. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional al respecto”, concluye. 

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