La Fiscalía pide dos años de prisión y otros ocho de inhabilitación para el alcalde de Colmenar Viejo (Madrid), Jorge García Díaz (PP), por un delito de prevaricación urbanística.
El juicio comienza mañana en el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid.
Además del actual regidor, serán juzgados sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Santamaría y José María De Federico, la concejal de Hacienda, Belén Colmenarejo, el primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez Rodríguez, y siete exediles.
Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, los miembros integrantes de las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo se pusieron de acuerdo a partir de 2008 para otorgar de forma reiterada un total de 16 licencias urbanísticas, especialmente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, “puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimiento de dichas irregularidades urbanísticas”.
Acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística del artículo 320.2 y 74 del Código Penal vigente en el momento a José María de Federico Corral, Ana Belén Colmenarejo, Miguel Ángel Santamaría, Antonia García Santos, César de la Serna Moscol, Inmaculada Viñoles, Justo García, Pablo Colmenarejo, y Pedro Gómez.
Alternativamente, les imputa un delito continuado de prevaricación del artículo 404 y 74 del Código Penal.
Pide para ellos, excepto para Pedro Gómez, tres años y medio de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y una multa de 13.200 euros. Para Pedro Gómez solicita dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Alternativamente reclama para Miguel Ángel Santamaría, Ana Belén Colmenarejo, Antonia García Santos, César de la Serna, Inmaculada Viñoles, José María de Federico Corral, Justo García, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Al actual alcalde, al primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez, y Juan José Serrano les imputa un delito de prevaricación urbanística. Alternativamente, un delito de prevaricación.
Pide para cada uno de ellos dos años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y una multa de 840 euros. Alternativamente, solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El alcalde ha señalado que espera con «entusiasmo» la celebración del juicio con el que se va «a poner fin a siete años de especulaciones y acusaciones intencionadas».
«Tras diversos retrasos, por fin se celebra juicio y se concluirá este caso en el que no hay ninguna irregularidad», ha indicado y ha recordado que va al juicio porque «siendo concejal de cultura en una junta de gobierno votó a favor de dar licencia a unas viviendas construidas acorde a toda la normativa, pero a las que faltaba el contrato de luz definitivo de Iberdrola».
«Si no obtenía la licencia que nos habían solicitado, los vecinos compradores corrían un enorme riesgo de no poder habitarlas en años, algo que volvería a hacer», ha explicado.
La investigación se inició a raíz de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente en dos juzgados de Colmenar. Tras las pesquisas, la juez apuntó a un total de 16 infracciones llevadas a cabo desde el año 2006 en las que el ejecutivo ‘popular’ de Colmenar Viejo supuestamente concedió licencias de primera ocupación, a pesar de la existencia de informes de técnicos municipales desfavorables.
Según la juez, «las diferentes Corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, durante los últimos diez años y en concreto quienes han formado parte de las Juntas de Gobierno Local de sus gobiernos municipales, se pusieron de acuerdo para otorgar de forma reiterada licencias de obra y de primera ocupación a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos Planes Parciales de los distintos sectores urbanísticos en que se divide el municipio de Colmenar Viejo».
Aseguraba que esta circunstancia «se ponía de manifiesto y por escrito en los informes de los técnicos del Departamento de Urbanismo y de los Técnicos Jurídicos del mismo, e incluso de los propios informes de la secretaria general del Ayuntamiento».
