El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la petición de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), de citar como investigada en el ‘caso Púnica’ a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal por su etapa al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
En un auto con fecha 1 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha desestimado las diligencias interesadas por Adade, que señalaba a Cospedal como la titular de la Consejería en el momento de la «consumación del plan puesto en marcha» por su antecesor en el cargo, Francisco Granados.
En concreto, Adade señalaba en su escrito de diligencias del 25 de mayo que bajo el «mandato» de Cospedal «se aprueban y firman todos los modificados y complementarios» de la empresa pública Mintra salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez. De hecho, la asociación apunta a «más adelante, en el caso de resultar necesario, la citación» de la propia Rodríguez.
Así, y «puesto que en su condición de consejera» Cospedal ejercía la presidencia de Mintra, dependiendo «de ella la alta inspección de esta empresa pública», Adade consideraba «imprescindible» la declaración de la exdirigente en esta macrocausa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En concreto en la pieza octava, la referida a la etapa de Granados en la Comunidad.
Para el magistrado que instruye la causa, la petición de Adade es «una solicitud genérica, vacía de todo presupuesto fáctico que la pueda sustentar» y, añade, «sin el más mínimo atisbo de calificación que permita hacer un estudio serio sobre cuál es el delito que se pretende investigar, y en su caso, si estaría afecto por la prescripción».
En esta línea, García-Castellón sostiene que «los términos en que se plantea la solicitud, junto con la referencia a una ulterior citación, en su caso», de Elvira Rodríguez, «sin ni siquiera explicar por qué motivo, permiten inferir una notoria falta de elementos indiciarios que sustentan la solicitud».
En el auto, el juez califica las diligencias interesadas por la acusación popular de «vagas, imprecisas y genéricas, en términos tales que avocan a concluir su falta de necesidad, utilidad y pertinencia».
Además, de forma adicional, García-Castellón reprocha a Adade que articulen esta petición «sobre unos argumentos conocidos desde el año 2017, sin que se aporte ningún tipo de justificación sobre el motivo por que no solo se soliciten en este momento, sino la razón por la que no se hayan interesado con anterioridad«.
Adade, por su parte, remitió el pasado 7 de julio un recurso de reforma contra el auto de García-Castellón insistiendo en que la declaración de Cospedal era indispensable en tanto que como consejera formaba parte del Consejo de Gobierno que aprobó «la adjudicación ilegal de la gestión de los fondos del Plan Prisma a la empresa DUSA».
En el documento enviado a García-Castellón, la asociación muestra su perplejidad ante la argumentación del magistrado y sostiene que su solicitud, lejos de ser «genérica, vacía, vaga e imprecisa», es, «al contrario, una solicitud muy clara, concreta y detallada«.
En el escrito, Adade reenvía de forma simplificada y esquematizada la supuesta relación de Cospedal en la pieza número 8.
La que fuera ‘número dos’ de los ‘populares’ se libra así de ser citada como investigada en ‘Púnica’ dos semanas después de su comparecencia en calidad de investigada ante el propio García-Castellón, que investiga la ‘Operación Kitchen’.
En concreto, para esclarecer si –como sospecha– ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, tuvieron una participación «decisiva» a la hora de captar al chofer de Luis Bárcenas para que espiara al extesorero del Partido Popular.
