Francisco Bañeres Santos, fiscal superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre los avales del Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a excargos del Govern encausados por la acción exterior de la Generalitat.
Ha sido a instancias de una denuncia presentada por el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.
En el decreto de incoación de diligencias el fiscal superior, Francisco Bañeres Santos, ha ordenado a la Fiscalía de Barcelona que lo investigue.
Carrizosa presentó la denuncia el pasado viernes contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el gobierno autonómico de Cataluña –al que tacha de cooperador necesario– por los avales a los investigados en el Tribunal de Cuentas, que considera una «absoluta ilegalidad».
La denuncia se centra en la decisión de la Junta del ICF que aprobó avalar las fianzas de los investigados, que pudo hacerse a raíz de un decreto que el Govern aprobó unos días antes creando un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros.
Según Ciudadanos, este decreto fue «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta» para avalar las fianzas y evitar que los investigados fueran embargados.
Por ello solicita al fiscal superilor de Justicia que el ICF le entregue toda la documentación relativa a la Junta de Gobierno en la que se adoptó el acuerdo de concesión de los avales ante el Tribunal de Ciuentas por el ICF, con los informes previos elaborados previamente y, específicamente, por los departamentos de Riesgos, Intervención, Cumplimiento Normativo, Auditoría y Asesoría Jurídica.
También solicita que se tome declaración a los miembros de la Junta de Gobierno del ICF y de los depertamentos citados así como la documentación relativa a la contabilización de los avales concedidos a favor de los investigados ante el Tribunal de Cuentas.
Y las alegaciones realizadas por el Govern de la Generalitat ante el Consell de Garanties Estatutàries a raíz del procedimiento de emisión de dictamen sobre la inconstitucionaldiad y antiestatutariedad del mismo.
Por la aprobación de este decreto, Cs también dirige la denuncia contra el Govern, aunque en el mismo decreto el fiscal ordena archivar la denuncia para las personas que sean afectadas porque en este caso la competencia es de una investigación judicial.
