“Es un escándalo lo que están intentado hacer desde la Generalitat para avalar las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas. No se pueden utilizar recursos públicos para avalar a los que han robado recursos públicos”.
De esta forma resume Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, la decisión del Instituto Català de Finances (ICF), organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, de avalar los 5,4 millones de euros a altos cargos y políticos de la Generalitat en el pasado, como los expresidentes Artur Mas y el prófugo Carles Puigdemont, los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, además de Francesc Homs y Andreu Mas-Colell.
Ciudadanos interpuso, precisamente, una denuncia contra el ICF el pasado viernes ante la Fiscalía Superior de Cataluña.
“Esto es tan flagrantemente ilegal que hace que me retrotraiga a septiembre de 2017 cuando el ‘Parlament’ aprobó las leyes de desconexión con la finalidad de separar Cataluña de España. Pero esto es con la finalidad para apropiarse del dinero para fines que a ellos les sale de la entrepierna”, añade.
“Lo peor de todo es como el Gobierno de España mira para otra parte. Esto en Cataluña sienta como un tiro al constitucionalismo. Porque piensan, estamos vendidos. Si no nos defiende el Gobierno de España, que tendría que defender la Constitución, estamos más solos que la una”, subraya.
Anteriormente Ciudadanos puso una denuncia, también ante la Fiscalía, contra los miembros de la Junta de Gobierno del ICF y contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, como cooperadores necesarios en un supuesto delito de prevaricación y de malversación.
“La Fiscalía tramita e investiga la denuncia contra el Institut Català de Finanzas pero no así contra el gobierno de la Generalitat porque ya existe una denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justica de Cataluña por Convivencia Cívica. Una denuncia que permanece como diligencias indeterminadas”, explica Carrizosa.
“Lo que pasa es que cuando Convivencia presentó su denuncia todavía no había sucedido un hecho nuevo. Porque Convivencia denunció, nada más sacar el gobierno autonómico el decreto. Pero el acto de disposición de los fondos públicos se produce con el acuerdo de la Junta de Gobierno del Institut Català de Finanzas. Es allí cuando queda afectada una cantidad de dinero público para las fianzas”, añade.
En ese momento es cuando, al reservarse esa cantidad, a juicio de Carrizosa, se produce la malversación.
Es un delito que no existía cuando Convivencia Cívica presentó su denuncia.
Este es el hilo que va a seguir Ciudadanos por considerar que se han producido hechos nuevos. El acto malversador, en el que es supuestamente cooperador necesario el gobierno de la Generalitat.
“Y mañana [por hoy] si el gobierno de la Generalitat valida el decreto, que es la herramienta, de la que se valdrá el ICF para perpetrar la malversación. El de la Generalitat será un delito de prevaricación en concurso medial con la malversación”, aclara.
A juicio de Carrizosa, quien se está comprometiendo a base de bien son el “conceller” de Economía, Jaume Giró, y Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat.
La Junta de Gobierno del ICF, además, está presidida por Albert Castellanos, vicesecretario y secretario de crecimiento de la Ejecutiva de Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo secretario general es Oriol Junqueras.
Entre enero de 2016 de octubre de 2017 –el 1 de octubre se celebró el referéndum ilegal para la independencia de Cataluña– fue director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación, un puesto que estaba enmarcado dentro del organigrama de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda que ocupaba Junqueras.
Castellanos luego fue secretario de Hacienda, entre noviembre de 2017 y junio de 2018, para convertirse después en el segundo de Aragonés cuando éste era vicepresidente y conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat bajo la presidencia de Quim Torra.
“Castellanos es un hombre de Junqueras y de Aragonés. Fue puesto ahí en octubre de 2018. Y ahora pone los fondos del Institut Català de Finanzas a disposición de Junqueras y del resto. Es un compañero de partido y un subordinado de ambos.
La Junta de Gobierno del ICF estaba formada por Víctor Guardiola, consejero delegado, y por los vocales Rafael Abella, Francesc Casas, Mercedes Domingo, Lluís Juncà, Meritxell Masó, José Luis Peydró, Virgínia Verger, Matilde Villarroya y Albert Vilumara.
Tres de ellos, independientes, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger, presentaron la dimisión antes de que dicha Junta de Gobierno votara la concesión de los avales por 5,4 millones de euros.
La votación se produjo el miércoles 21 de julio. Resultó en empate, que rompió el voto de calidad de Castellanos.
