La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2020 a 1.232 personas sometidas a distintas situaciones de explotación sexual o laboral en España.
Así se desprende del Balance Estadístico 2016-2020 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, publicado hoy, en el Día Mundial contra la Trata.
En concreto, los agentes liberaron el año pasado a 269 víctimas de las redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlas en el país para lucrarse con su explotación sexual o laboral, o con otros fines como forzar su matrimonio no deseado o su participación en actividades delictivas.
A estas cifra hay que añadir otras 963 víctimas sometidas a procesos de explotación sexual o laboral, aunque en su caso no se haya podido confirmar que hubiesen llegado a esa situación como consecuencia de la actuación de alguna red de trata de seres humanos.
Según ha informado el Ministerio del Interior, estas cifras son consecuencia de las 256 investigaciones emprendidas por Policía Nacional y Guardia Civil en 2020 (dato que no recoge el balance estadístico), 92 de ellas vinculadas a la trata de seres humanos y 164 a la explotación sexual y laboral.
Explica que esta actuación policial permitió desarticular 83 organizaciones y grupos criminales vinculados a la trata y explotación de seres humanos, dando como resultado la detención de 264 personas por delitos de trata y 409 por delitos de explotación.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Según recoge el balance estadístico, el año pasado fueron liberadas 160 víctimas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, tres de ellas menores de edad: 145 de ellas mujeres adultas y dos niñas.
Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela son los principales países de origen de estas víctimas.
Interior indica que esta preponderancia se repite entre las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual: De un total de 415, ocho de ellas menores de edad, 398 eran mujeres adultas, a las que hay que sumar siete niñas.
«Las nacionalidades mayoritarias en este grupo son la colombiana, la española, la rumana y la china», señala.
Además, la Policía Nacional y Guardia Civil realizaron en 2020 un total de 1.252 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, actividad que permitió identificar a 3.867 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos.
EXPLOTACIÓN LABORAL
En lo que se refiere a la actuación ambos cuerpos contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 99 (66 de sexo femenino), una de ellas menor de edad.
En este caso, Honduras, Rumanía y Nicaragua son los principales países de origen de estas personas, informa Interior.
Por lo que se refiere a las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, el año pasado fueron 548, cuatro de ellas menores de edad. Destaca que en este caso, el sexo mayoritario es el masculino (406 adultos y dos menores de edad), y que las principales nacionalidades son la marroquí, la nicaragüense y la española.
Como en el caso anterior, en 2020 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 3.590 inspecciones administrativas en otros tantos centros de trabajo, en los que fueron identificados 8.273 trabajadores en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales.
OTROS FINES
La Policía Nacional y Guardia Civil también han rescatado en 2020 a diez víctimas de las redes de trata de seres humanos que fueron traídos a España para ser sometidos a un matrimonio forzado (tres, una mujer y dos niñas de nacionalidad rumana) o para obligarles a cooperar con actividades delictivas (siete ciudadanos de nacionalidad china).
Frente a la serie estadística histórica, en 2020 no se rescató a ninguna persona víctima de una red de tráfico ilegal de personas para el ejercicio de la mendicidad, circunstancia que los expertos del CITCO atribuyen al confinamiento y a las restricciones acordadas para frenar la pandemia del COVID-19.
‘UNA FORMA DE ESCLAVITUD CONTEMPORÁNEA’
El Ministerio del Interior destaca que la trata de personas «se ha convertido en las últimas décadas en una forma de esclavitud contemporánea, uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana ya que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se puede intercambiar o explotar».
«Es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas», sentencia.
Hace hincapié en que «nos encontramos ante un fenómeno criminal extremadamente grave y de enorme complejidad», al que el Ministerio del Interior dedica un abordaje multidisciplinar e integral que «coloca a la víctimas en el centro de cualquier actuación mediante la adecuada coordinación de los ámbitos público y privado, así como del tercer sector, en especial las organizaciones y entidades de la sociedad civil especializadas en la asistencia a las víctimas».
