La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha condenado este miércoles la elaboración, por parte de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, de un documento que, según denuncia la organización, clasifica a periodistas en función de su ideología y de su presunta cercanía u oposición a la política del Gobierno central.
La asociación considera que esta práctica supone un «ejercicio de control ideológico absolutamente inaceptable en una democracia» y reclama que se esclarezca quién ordenó elaborar el documento, con qué finalidad se confeccionó y qué utilización se ha hecho de la información recopilada.
ACIJUR se suma así a la condena expresada por otras asociaciones profesionales después de conocerse la existencia de esta clasificación confeccionada en el ámbito de la Oficina de Comunicación de Interior.
Según explica la asociación en su comunicado, el contenido íntegro del documento no se ha hecho público, aunque sostiene que en la relación figuran profesionales de diferentes niveles y funciones dentro de los medios de comunicación: desde cargos directivos hasta redactores, además de periodistas de opinión de medios escritos y audiovisuales.
«INCOMPATIBLE CON LA LIBERTAD DE PRENSA»
La asociación emplea términos especialmente contundentes para valorar lo sucedido. A su juicio, clasificar a profesionales de la información atendiendo a criterios ideológicos o a su posición respecto del Gobierno entra directamente en conflicto con uno de los elementos esenciales de cualquier sistema democrático: la libertad de prensa.
«Se trata de un ejercicio de control ideológico absolutamente inaceptable en una democracia, radicalmente incompatible con la libertad de prensa que constituye uno de los pilares del Estado de Derecho», afirma ACIJUR.
Para la asociación, la cuestión trasciende la existencia de un documento interno o una determinada forma de organizar las relaciones del Ministerio con los medios de comunicación.
ACIJUR sostiene que elaborar fichas sobre periodistas en función de su mayor o menor afinidad con el poder no puede considerarse un simple exceso administrativo o un error aislado.
La organización llega a calificar este tipo de actuaciones como propias de «regímenes que fiscalizan a la prensa» y sostiene que una práctica de esta naturaleza no tiene cabida en ningún organismo público de un Estado democrático.
LA DIVERSIDAD IDEOLÓGICA, PARTE ESENCIAL DE UNA PRENSA LIBRE
Otro de los argumentos centrales del comunicado se refiere al pluralismo informativo.
ACIJUR recuerda que la existencia de líneas editoriales, opiniones y posiciones ideológicas diferentes forma parte de la propia naturaleza de una prensa libre. Por ello, rechaza que los profesionales puedan ser objeto de clasificación por parte de una Administración pública debido a las posiciones que mantengan en el ejercicio de su actividad.
«La diversidad editorial e ideológica es consustancial a una prensa libre», señala la asociación, que considera que ningún periodista debe quedar sometido a «vigilancia o catalogación» gubernamental por ejercer su profesión con criterio propio.
La organización plantea además otra cuestión derivada de la existencia de este tipo de clasificación: si todos los profesionales y medios reciben realmente el mismo trato por parte de los responsables de comunicación de la Administración.
Para ACIJUR, la existencia de una catalogación ideológica suscita «serias dudas» sobre si el Ministerio del Interior está garantizando —o incluso puede garantizar en esas circunstancias— la igualdad de trato que deben respetar los departamentos de comunicación de las administraciones públicas.
ACIJUR EXIGE QUE SE DEPUREN RESPONSABILIDADES
Ante la gravedad que atribuye a los hechos, ACIJUR no se limita a pedir explicaciones.
La asociación reclama expresamente que se depuren cuanto antes las responsabilidades dentro de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior y que se proporcionen garantías que permitan comprobar que esta práctica ha terminado definitivamente.
En concreto, exige «garantías verificables» de que la elaboración de este tipo de clasificaciones ha cesado «por completo y de forma irreversible».
ACIJUR califica el episodio de «gravedad excepcional» y considera que no existe justificación posible para una actuación de estas características.
Por ello, además de reclamar responsabilidades, pide «transparencia total» sobre el origen y la finalidad del documento.
La asociación quiere que se aclare cuándo comenzó a confeccionarse la lista, cómo se llevó a cabo el proceso de clasificación de los profesionales y, especialmente, para qué fue elaborada y qué finalidad perseguía.
«Exigimos conocer, sin demora, cuándo, cómo y con qué finalidad se inició la elaboración de esta lista de profesionales de la información», concluye el comunicado.
La posición de ACIJUR sitúa así el foco no solo sobre la existencia de la clasificación denunciada, sino también sobre sus posibles consecuencias en las relaciones entre la Administración y los medios de comunicación. Para la asociación, conocer la línea editorial o las opiniones de los periodistas no puede convertirse en un criterio para catalogarlos desde un organismo público ni condicionar el trato que reciben en el ejercicio de su labor informativa.
