El productor de televisión José Luis Moreno, actualmente investigado en la Audiencia Nacional, maniobró para apartarse de la presunta «organización» de la que forma parte y zafarse así de los delitos de estafa y falsificación que se estaban investigando en 2018 en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
En un oficio de 21 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Judicial asegura que «Moreno se desvincula de parte de la organización» en 2018, tras el ingreso en prisión de Antonio Aguilera, hombre con el que el ventrílocuo habría trabajado para financiar sus proyectos y que estaba bajo investigación por haber participado en una presunta operación fraudulenta para «obtener una financiación irregular» para los proyectos del productor.
En el marco de las comunicaciones interceptadas a Moreno desde junio de 2020, los agentes comprueban que «efectivamente» en aquel momento el artista era «conocedor de los hechos» y que por ello contactó con un abogado y con la testaferro de una de sus sociedades.
«A partir de ese momento es cuando se produce un cambio estructural en la organización liderada por Moreno, dejando de lado las sociedades y administradores de los que se había servido hasta entonces, intentando desvincular su actividad de las anteriores, intentando que su nombre no se relacionara con los delitos de estafa y falsificación que se estaban investigando en el Juzgado Número 14 de Madrid», precisan los investigadores.
«CAMBIO ESTRUCTURAL»
Según relatan, el productor se desvinculó de la organización y pasó a «financiarse de socios privados» con «el mismo modus operandi» y con «el pretexto de una producción cinematográfica» de la que «habría obtenido alrededor de 35 millones de euros» que le fueron «transferidos desde diversas cuentas en Suiza, Panamá y Argentina, justificando los gastos de producción a través de facturas falsas».
En su informe, la Policía Judicial destaca el «cambio de la titularidad de las propiedades de José Luis R. Moreno, transfiriéndolas desde sus empresas» –que tenían «amplias deudas»– a una «sociedad limpia» administrada por Luis Dueñas a través de otra compañía «con el consiguiente alzamiento de bienes».
Los agentes concluyen que la «mayoría de los movimientos importantes de fondos se producen entre las empresas de la trama», que eran «administradas por los investigados o sus testaferros».
Según dicen, no observaron que Moreno recibiera «ingresos importantes» de otras fuentes que pudieran estar relacionadas con su actividad profesional.
BUSCABA EL «ANONIMATO»
Pese a los intentos del productor para desvincularse de la trama relatados por los investigadores, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno finalmente acordó la imputación de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La Policía Judicial considera que el ventrílocuo dirigía «un entramado empresarial con ramificaciones fuera del territorio nacional cuya operativa se presenta a todas luces fraudulenta».
Según sostienen los investigadores, el único objetivo de Moreno era obtener financiación que le permitiera «continuar con su elevado tren de vida, valiéndose para ello de diferentes actores con grandes conocimientos tanto en operativa bancaria como fiscal», lo que le permitió «saltarse los controles tributarios permaneciendo siempre en el anonimato» y «logrando un importante beneficio económico».
DECLARACIÓN DE LA ASESORA
Entre los presuntos miembros de la trama que prestaron declaración ante la Policía tras ser detenidos está Beatriz Sánchez, asesora del productor y a quien los investigadores acusan de la confección de facturas fraudulentas y manipulación de la contabilidad de las empresas para justificar los ingresos y gastos irregulares, así como de la realización de actuaciones dirigidas a distraer el pago de impuestos a Hacienda y otros inversores privados.
A preguntas de los agentes se describió como una simple abogada laboralista de Moreno, negando que controlara sus cuentas ni a nivel personal ni de sus empresas.
Así, preguntada por cómo enmascararon en la contabilidad de las distintas empresas los ingresos fraudulentos recibidos por el ventrílocuo a través de sociedades vinculadas con Antonio Aguilera -otro de los dirigentes de la trama-, afirmó que Moreno les dijo que eran «préstamos que hacían a sus empresas porque quería invertir», si bien habló con una de sus compañeras de la posibilidad de documentar los ingresos que se habían realizado, «para establecer un calendario de pagos». En todo caso, apuntó que le dijo a su cliente, Moreno, «que esa situación la tenía que regularizar».
Afirmó también, respecto a preguntas concretas sobre la forma en la que actuó respecto a determinadas sociedades, que «cuando José Luis necesita el dinero se acoge a lo que pueda», y en esta situación trató de justificar la situación irregular en los balances contables de determinadas empresas propiedad del empresario.
También manifestó que «había muchas empresas» pero no se acordaba del nombre de las mismas, y apuntó la existencia de préstamos personales como «un ingreso de un señor de Bilbao que quería fomentar la carrera de su hija y se le dio la oportunidad de participar en algo».
La letrada manifestó también, a preguntas de su defensa, que Moreno no es su único cliente como laboralista. Preguntada que si daba instrucciones por ella misma, Fernández afirmó que no, porque si las hacía y luego la revocaba Moreno, «le echaba la bronca», y en este contexto recordó una conversación con su cliente en el que éste le dice que los fiscalistas que trabajaban para él «son un desastre y que ella les dijo «que ya llevan tres fiscalistas y que según él son todos unos desastres y que les hiciera caso».
