Ana María Sánchez Hernández era hasta ahora directora de gabinete del Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero. El Consejo de Ministros también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a Justicia el encargo de actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica. Foto: Confilegal.
El Consejo de Ministros nombra a Ana María Sánchez subsecretaria de Justicia
Hasta ahora era directora de gabinete del Secretario de Estado de Justicia
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31/8/2021 20:30
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Actualizado: 14/3/2023 13:21
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El Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de Ana María Sánchez Hernández, hasta ahora directora de gabinete del Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, como nueva subsecretaria del Ministerio de Justicia.
Sucede en el cargo al abogado del Estado José Miguel Bueno Sánchez, que ocupaba esa responsabilidad desde el 21 de enero de 2020.
Nacida en Jaén en 1971, Sánchez Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Gestión Pública Directiva INAP-EOI Escuela de Negocios.
A lo largo de su carrera, ha sido asesora del Secretario de Estado de Justicia (2007-2012) y subdirectora general de cooperación autonómica en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (2018-2019).
También ha sido evaluadora en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2005-2007) y vocal asesora en la unidad de apoyo de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, donde asumió las funciones de la unidad de Igualdad y la unidad de Transparencia (2012-2018).
Desde 2000 pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. También cuenta con experiencia docente en el Máster Universitario Administradores Civiles del Estado UIMP-INAP en 2019.
Este mismo martes, el Consejo de Ministros también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Ministerio dirigido por Pilar Llop el encargo de actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia por un valor estimado de 26.914.743,33 euros.
En concreto, el proyecto permitirá la modernización de los programas de justicia digital y comunicaciones electrónicas, así como la gestión del cambio en el despliegue de la oficina judicial, la oficina fiscal.
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