Desde la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se sigue con interés el periodo de enmiendas que se ha abierto en el Congreso de los Diputados y que debería conducir a una nueva regulación del Real Decreto-ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ahora por proyecto de ley, tras convalidarse en julio.
María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, explica a Confilegal que desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre los indefinidos no fijos en una sentencia, esta Sala ha abordado 35 asuntos por sentencia.
“Eso ha hecho adaptar nuestra jurisprudencia al acervo comunitario”, apunta.
En estos momentos el gabinete técnico de esta Sala esta haciendo una recopilación de todo lo que hay pendiente de resolver en materia de interinos. Se trata de identificar los asuntos pendientes de los cerca de 7.000 de dicha Sala.
Por el momento, la presidenta de la Sala Cuarta se muestra satisfecha por el trabajo que están haciendo sobre esta problemática. “Estamos intentando hacerlo lo mejor posible, con gran rigor y con gran celeridad. Salió la sentencia del TJUE y a la semana convocamos un Pleno para ver como se aplicaba la misma en los asuntos nuestros”.
Un Pleno muy trabajado que duró varios días y que sirvió para fijar la postura mayoritaria de la Sala en materia de indefinidos no fijos, pese a las criticas de algunos juristas que hubieran preferido que el Supremo hubiera modificado el contenido de la figura y acercarla más al indefinido.
Esta jurista aclara que tras el Pleno de la Sala de lo Social, el Supremo vino a reconocer la figura del indefinido no fijo que, a su juicio, no es un interino más porque tiene 20 días por año trabajado por indemnización mientras que el interino no tiene ninguna por el momento.
Asegura que “no hay previsto ningún parón a la espera de que el TJUE resuelva la última cuestión prejudicial porque ya el tribunal de Luxemburgo se pronunció al respecto”.
En dicha cuestión prejudicial, el magistrado Xavier González de Rivera, titular del juzgado de lo Social 3 de Barcelona, en un auto de 27 de julio, plantea una pregunta en relación al concepto de indefinido no fijo.
En ese auto, el magistrado ve necesario preguntar al tribunal y aclarar si el concepto indefinido no fijo que se utiliza en la doctrina judicial española debe asimilarse al trabajador con contrato de duración determinada o al trabajador con contrato de duración indefinida.
Es necesaria una normativa clara
La resolución de dicha cuestión prejudicial podría tardar algo más de un año. “Habrá que ver cómo se resuelve. Si entienden que ya lo resolvieron con anterioridad es posible que tengamos un auto judicial, en el caso de que no sea similar es posible que dicten sentencia sobre la citada prejudicial”, señala esta experta.
La presidenta de la Sala Social reconoce que este es un tema complicado. “Habrá que ver ahora la regulación que el Parlamento vaya hacer de la temporalidad de los interinos. Estamos a la expectativa de dicha regulación porque aclarará la situación de muchos profesionales y no solo a futuro, como hacía el Real Decreto-Ley 14/2021”, apunta.
También sostiene que lo ideal es que se aprobase una norma que ayudase a resolver esta problemática que se viene arrastrando de años.
“Ayudaría mucho a realizar nuestro trabajo a nivel judicial. También sería bueno para la Administración de cara a saber a que atenerse ante la cantidad de empleados que tiene que no son fijos y aún no se sabe cuál será su futuro”.
Segoviano espera que la norma que salga tras las enmiendas de la Comisión de Función Pública del Congreso y sea aprobada por el Gobierno “sea lo más clara y precisa posible, lo que redundará en la seguridad jurídica de todas las partes implicadas. Esperemos que la norma ofrezca los menos resquicios posible para que no genere problemas de interpretación que en algunos casos se derivarían en litigio”.
Esta magistrada espera que la regulación que se haga del Real Decreto-Ley 14/2021 salga antes de que el TJUE vuelve a pronunciarse sobre esta nueva cuestión prejudicial y que aun podría tardar en conocerse su desenlace.
De hecho, Bruselas contempla la reforma de la administración publica y la reducción de la temporalidad como un elemento clave de las reformas pedidas a España por los Fondos Europeos ‘Next Generation’ que ya están aterrizando en nuestro país desde el pasado mes de julio.
