Más de la cuarta parte de las entidades locales no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al Tribunal de Cuentas.
Ante esta situación, el tribunal insiste en la conveniencia de ‘castigar’ esa actitud reteniéndoles la financiación que les corresponde por tributos e impidiendo su acceso a ayudas públicas y subvenciones.
Así figura en el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019, aprobado en el último pleno del Tribunal de Cuentas y recogido por Europa Press.
En 2019, un total de 15.580 entidades locales de España (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, empresas muncipales, etc.), excluyendo las de Euskadi y Navarra, que tienen su propio régimen foral, estaban obligadas a presentar sus cuentas anuales antes del 22 de enero de 2021, ya que se les dio más plazo para compensar los meses de confinamiento de 2020 por el coronavirus.
Según indica el tribunal, un 62% de esas entidades presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021, un porcentaje que en abril de ese año llegaba al 73%.
Por primera vez en años, la cifra es mejor a la del ejercicio anterior, que fue del 55 y del 71%, respectivamente, pero sigue suponiendo que más de una cuarta parte no cumple con su obligación de rendir cuentas.
Este aumento se aprecia especialmente en los cabildos y consejos insulares, que han pasado del 10% en 2018 a un 60% en el periodo fiscalizado, y en los ayuntamientos, cuyo porcentaje de rendición de cuentas ha crecido diez puntos, del 58% de 2018 al 68% de este último informe.
LOS PEORES DATOS, EN ANDALUCÍA Y MURCIA
Por comunidades autónomas, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45% y el 52%, respectivamente.
En cambio, las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha son las entidades locales de la Comunidad Valenciana (con el 97%) y de las comunidades autónomas de Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%).
Todas estas tienen como característica común que en su normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.
Según señala el tribunal, a 7 de abril de 2021, había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019.
Y un poco después, al cierre de los trabajos de fiscalización, seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones.
Además, y en cuanto a la integridad y coherencia de los balances presentados, el 14% no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.
A partir de las validaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se comprobó que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.
En materia de contratación pública, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.
En un total de 1.718 contratos comunicados en las relaciones anuales, con un importe global adjudicado de 1.941 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del extracto del expediente de contratación. Este incumplimiento se corresponde en su mayoría a contratos de servicios y de obras.
Así, en sus recomendaciones el Tribunal de Cuentas hace hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.
En el informe se señala también que el 7% de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad.
Un total de 126 empresas tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, el 67% de las cuales figuraban como activas, el 25% en disolución y el 8% como inactivas.
Además, el 9% del total de empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, encontrándose en causa legal de disolución si no procedían a su reequilibrio patrimonial.
El endeudamiento de las empresas públicas locales suponía el 35% del activo total en las sociedades mercantiles y el 36% en las entidades públicas empresariales.
