Una imagen que se repetirá este año. PIlar Llop, en primera fila, a la derecha, actual ministra de Justicia, este año, tendrá que ocupar el asiento a la izquierda del Jefe del Estado. Foto: Poder Judicial.
La apertura de tribunales más rara de nuestra historia democrática
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06/9/2021 06:48
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Actualizado: 06/9/2021 06:48
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Y no es porque todos los asistentes van a tener que ir enmascarados, como el año pasado, sino porque es el tercer año consecutivo en el que el presidente de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, sigue en su sitio.
Tres años fuera de su tiempo.
Su mandato caducó el 4 de diciembre de 2018, pero las vicisitudes políticas, empezando por la negativa de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, a asumir esa responsabilidad después de que se hiciera público un mensaje de «WhatsApp» que se congratulaba de ello, lo han impedido.
Lo que fue una suerte, por un parte. Porque Marchena dio el do de pecho durante las 52 sesiones del juicio contra los 12 acusados de sedición en el juicio del procés. Fue un ejemplo para todos sus compañeros sobre cómo se debe administrar justicia. Un referente nacional.
La irrupción de la pandemia y los diferentes avatares vividos, incluyendo la modificación exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide a un Consejo caducado, como este, hacer ningún nombramiento discrecional mientras siga en esa situación.
Es más que previsible que Lesmes tire públicamente de las orejas al Legislativo por la situación que han creado.
Con toda razón.
Desde la carrera judicial percibe que su órgano de gobierno es como un equipo de fútbol que sigue jugando un partido que hace cinco horas que pasó los 90 minutos reglamentarios y que el árbitro se empeña en continuar.
También es cierto que, en esas circunstancias, ninguno de los jugadores ha pensado en quitarse la camiseta y marcharse a su casa, que es otra posibilidad. Antecedentes hay, como el que promovió el presidente Pascual Sala en 1996.
Unos no lo hacen porque forman parte del sanedrín de la Comisión Permanente –dedicación «full time» y coche oficial– y otros porque quedan exentos del 80 por ciento de la carga de trabajo. Además, cobran por su asistencia a los plenos y a las comisiones.
En este escenario a algunas –que ya no están en la Permanente– les da para reforzar otros tribunales, con los ingresos extra que eso conlleva.
AFECTA A LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUPREMO
La modificación exprés de la LOPJ ya está afectando a la capacidad productiva de algunas salas del Supremo, como la Contencioso-Administrativo.
La misma que tiene que decidir sobre el caso de la fiscal general del Estado y sobre los indultos a los 9 separatistas condenados.
A estas alturas ya son cinco las vacantes. Tres por jubilación, las de Javier Borrego –la solicitó antes de cumplir los 72–, Jorge Rodríguez-Zapata y José Díaz Delgado, y dos por fallecimiento, las de Nicolás Maurandi y Ángel Aguayo.
A las que seguirán el 5 de marzo y el 15 de abril de año que viene las de Rafael Fernández Valverde, que también tendría que dejar su puesto de vocal del CGPJ, y de Segundo Menéndez.
En la Sala de lo Civil también hay una vacante, la de Antonio Salas, por jubilación.
Y en la Sala de lo Social, otra, la de José Manuel López García de la Serrana, fallecido.
Por lo que se refiere a los Tribunales Superiores de Justicia, también hay tres que están fuera de su tiempo: Los de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. José Luis Concepción y Vicente Rouco apuraron ya su tercer mandato, 15 años en el cargo. Pilar de la Oliva, 10.
Y esto es solo la punta del iceberg. Porque al CGPJ le corresponde nombrar a todos los magistrados de TSJ y a los presidentes de las Audiencias Provinciales.
UNA SITUACIÓN QUE SE PUEDE PROLONGAR HASTA DESPUÉS DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
La anomalía que permite este estado de cosas es la obligación que tienen los dos partidos principales de llegar a un acuerdo para renovar no solo el CGPJ sino también los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que han cumplido su mandato –el presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y Andrés Ollero (el cuarto, Fernando Valdés Dal-Ré dimitió en octubre del año pasado tras ser acusado de un delito de violencia de género)–, el Defensor del Pueblo y la presidenta y los consejeros del Tribunal de Cuentas.
Todos ellos, obligatoriamente tienen que ser nombrados por una mayoría cualificada de 3/5 de los votos, 210 de 350, en el Congreso. Una suma que solo pueden conseguir PSOE y PP votando juntos. Ninguna otra combinación de fuerzas políticas puede llegar a esa cifra.
El problema es que el PP está viendo que esta política de no colaboración le está dando sus frutos en todas las encuentas electorales distintas a las que hace el CIS, en las que aparecen con una mayoría, junto con VOX, que supera los 176 diputados. La posibilidad de una victoria parece factible.
Por ello, el PP se ha enrocado en que, para la renovación, es preciso reformar primero la LOPJ permitiendo que los 5.500 jueces y magistrados elijan, mediante voto directo y secreto, a los 12 vocales de procedencia judicial, tal como se hizo en el primer Consejo, en 1980, y después llegar a un acuerdo sobre los 8 vocales –abogados, procuradores, catedráticos, juristas de reconocido prestigio– restantes.
El PSOE, por su parte, se niega a que los 5.500 jueces y magistrados puedan elegir a sus 12 vocales, tal como aconseja el Consejo de Europa y la Comisión Europea, sino que el nombramiento debe seguir haciéndose como hasta ahora, mediante votación en el Congreso (10) y en el Senado (otros 10) porque no hay mayor legitimidad que la que procede de la «soberanía popular».
La ministra de Justicia, Pilar Llop, que apoya la forma tradicional de elección, sin embargo, está abierta a negociar siempre y cuando previamente se renueve por el Parlamento.
El nudo gordiano no parece tener otra solución que unas elecciones generales, por lo que no es extraño pensar que este Consejo pueda durar más allá de noviembre de 2022.
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