La diputada nacional por el PP, Carmen Navarro, y la diputada regional por Madrid, de VOX, Rocío Monasterio, asistieron ayer a la concentración convocada en Madrid por la Plataforma de Afectados por la Ocupación para exigir al Gobierno una ley contra la ocupación y pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Navarro aseguró que el PP «tiene la solución» para poner fin a la ocupación y que viene de la mano de la aplicación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación en favor de propietarios de vecinos.
Una proposición que fue tumbada por el Pleno del Congreso el pasado mes de febrero. Planteaba un desalojo inmediato para que «en menos de 12 horas, un okupa a la calle», recuperar el delito de usurpación con penas de prisión, prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los que ‘okupen’ un inmueble y permitir a las comunidades de vecinos que puedan intervenir y denunciar en caso de que el propietario esté ausente, para «no convertir a nuestro país en un paraíso ‘okupa’».
A su juicio, esta propuesta es «completa» ya que se basa en darle una definición a la ocupación ilegal y permite que el Código Penal pueda aumentar las penas a los ocupas ilegales con hasta tres años de prisión.
Aunque lamentó que dicha propuesta fuera votada en contra por todas las fuerzas de izquierdas, recalcó que el PP aprobará esta ley que, asegura, cada vez está «más cerca» y que se aplicará desde el Gobierno de España «presidido por Pablo Casado«.
VOX ACABARÍA CON EL PROBLEMA EN 24 HORAS
Rocío Monasterio, por su parte, denunció «la indefensión que sufren los españoles ante la okupación», a través de su cuenta de Twitter.
«¡Endurezcamos las penas a estos delincuentes y en 24h fuera!», añadió.
VOX presentó, en septiembre del año pasado, una moción en la que reclamaron que se establecieran penas de cárcel para los ‘okupas’ y se mejorara la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’.
El texto, que fue defendido desde la tribuna por el diputado Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».
También emplazaban a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.
En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’.
«Al ‘okupa’ patada en 24 horas», resumió Sánchez del Real, quien acusó al Gobierno de «proteger a los ‘okupas’ desde sus mansiones» y al ministro del Interior de intentar vender «humo» en esta materia. «Los que asaltan nuestra propiedad asaltan nuestra libertad», denunció en su momento.
Fue tumbada de la misma forma que la del PP cinco meses después.
