El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI) ha vuelto a pronunciarse para reclamar nuevas medidas contra la okupación, destacando el conflicto económico y social que representa tanto para propietarios particulares como para colectivos vulnerables que resultan afectados.
La responsable de asesoría jurídica de CGCOAPI, Montserrat Junyent, relata ha «vivido en directo» la situación de la okupación en Cataluña, donde Barcelona destaca como una de las ciudades donde más se ha agravado el problema. «El marco legislativo protege a los okupas», declara tajantemente, indicando las instancias en las que miembros de la Administración catalana aparecen para oponerse operaciones de desalojo.
Junyent asegura que desde la Administración «trasladan un mensaje de que la okupación resuelve el problema de la vivienda y que es una manera de quitarle pisos a los grandes tenedores para dárselos a los pobres». «El perfil más común es el del pequeño propietario que ha ahorrado y ha invertido en el sector inmobiliario para compensar una jubilación muy pequeña», dice. También añade que algunas leyes recurridas por el Tribunal Constitucional preveían extender la protección a los okupas.
Las interpretaciones de la ley que favorecen estas prácticas pasan por aquellas que consideran que tiene que presenciarse el momento de la okupación para considerarse flagrante y poder proceder al desalojo inmediato, las que establecen que los pisos vacíos «incumplen su función social», lo cual permite la entrada sin el consentimiento del propietario, y las que permiten tretas que entorpecen el cumplimiento de la ley.
Una de estas estrategias es la de pedir comida a domicilio, como una pizza, en el piso que se planea okupar varios días antes de llevarlo a cabo, con el objetivo de presentar las facturas como evidencia de que se ha estado en el edificio más tiempo del que se puede comprobar. «Todo proceso que requiera algún tipo de comprobación administrativa o acreditación por parte del propio juzgado ralentiza la recuperación inmediata del inmueble», indica Junyent.
Señala a las mafias especializadas como responsables de perpetrar operaciones de okupación, controlando pisos vacíos y obteniendo dinero tanto de los propietarios, a los que exigen hasta 10.000 euros y fondos de inversión por la recuperación del inmueble, y a familias vulnerables a las que arrendan.
En este último caso, la práctica común es que cambien las cerraduras para luego ceder las llaves con un contrato falso que no puede ser certificado inmediatamente por la policía, sino por un juez, lo cual retrasa considerablemente las operaciones. El propietario también puede salir gravemente perjudicado si no cuenta con sus títulos inscritos en el Registro o si tiene pendiente un trámite relevante.
«El problema es que no hay viviendas asequibles y las familias vulnerables tienen que buscarse la vida», denuncia Junyent, reclamando una mayor política de construcción con la colaboración entre el sector público y privado. «La tolerancia actual perjudica precisamente a aquellos colectivos vulnerables a los que se quiere proteger y ayudar a acceder al mercado de la vivienda, y son los más afectado. Es inadmisible que no se pueda recuperar de forma inmediata una vivienda okupada».
La «incapacidad de la Administración para solucionarlo», la falta de capacidad y mecanismos de la policía para actuar y realizar desalojos inmediatos son algunos de los motivos por los que desde CGCOAPI exigen una reforma legislativa «desde los ámbitos civil, penal y administrativo para que los ayuntamientos también tengan capacidad para actuar», como dice Junyent, así como una reforma procesal y del Código Penal.
