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Abogados de interinos, expectantes ante la tramitación del proyecto de ley, piden a trabajadores en fraude que demanden
Así lo han afirmado varios abogados expertos en reclamaciones de interinos durante su participación en un seminario en el Colegio de Abogados de Tarragona.

Abogados de interinos, expectantes ante la tramitación del proyecto de ley, piden a trabajadores en fraude que demanden

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20/9/2021 12:52
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Actualizado: 20/9/2021 12:52
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El Real Decreto-Ley 14/2021, 6 de julio, se convalidó en el Congreso de los Diputados a finales de julio en segunda votación -por un voto- y con el compromiso de tramitarlo como proyecto de ley.

En unos días comenzará su recorrido en la Cámara Baja y la sensación generalizada es que no se ve una solución clara para hacer frente a la temporalidad en el empleo público.

Así lo han manifestado Javier Arauz, Fruitos Richarte y Fabián Valero, tres abogados expertos en reclamaciones de interinos, durante su participación en un seminario en el Colegio de Abogados de Tarragona en el que han repasado las sentencias más destacadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y animaron a los trabajadores interinos en fraude a que demanden, si no lo han hecho ya.

Tanto a nivel presencial como vía webinar, muchos juristas e interinos en situación irregular siguieron este seminario, bajo el nombre ‘Cuestiones de interés sobre la regularización de interinos de las administraciones públicas’ e impulsado por la sección de Derecho Laboral del Colegio.

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Presencialmente, Fruitós Richarte, socio fundador de Originlex, relató que conoce en primera persona la situación de abuso puesto que lo sufrió siendo magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona.

También presencialmente, Javier Araúz, socio director de Araúz y Belda y abogado del estado en excedencia, impulsor de las primeras reclamaciones contra el abuso de los interinos, recordó la necesidad de que nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias y resuelven un problema que dura ya muchos años en nuestro país.

Por su parte, Fabián Valero, en streaming desde Vigo, socio director de Zeres Abogados y profesor universitario, quien ha encadenado varios procesos exitosos contra la administración gallega, destacó la necesidad de que se cumplan las sentencias del TJUE.

La jornada tuvo un marcado tono reivindicativo de los derechos de los laborales y funcionarios en situación de interinidad, que mantienen relaciones con la administración “inusualmente” o “injustificadamente” largas (de más de tres años).

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Tras el repaso histórico de los antecedentes que nos han conducido a la situación actual, las ponencias se centraron en el planteamiento de las fórmulas legales para solicitar la estabilidad de los empleados públicos “en abuso”.

Los tres juristas recalcaron los avances en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y su Sala de lo Social con el reconocimiento de la figura del indefinido no fijo, lo que les hace volver a su jurisprudenica del 2014 y esperan que los jueces de lo contencioso también adapten su normativa al TJUE, cuestión que de momento no han hecho.

En este intercambio de opiniones entre estos juristas se mencionaron diferentes cuestiones de interés que definen la dimensión de un problema que los últimos Gobiernos no han sido capaz de resolver.

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En primer, lugar, la falta de datos claros estadísticos, existen en España entre 800.000 y más de 1 millón de trabajadores públicos susceptibles de estar en situación de fraude y/o abuso.

Uno de los problemas que se plantea ahora con el Real Decreto-Ley en vigor es qué va pasar con los interinos ya cesados o aquellos con procesos selectivos en marcha. De hecho, la única solución que podría plantearse es incluir una disposición transitoria en el proyecto de ley que tuviera en cuenta a ese colectivo, pero no será sencillo.

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En estos momentos, las administraciones de las Comunidades Autónomas son las que suman más interinos en estas circunstancias, seguidas por las corporaciones locales.

Por otro, lado las sentencias que llegan del TJUE reiteradamente determinan que el volumen de interinaje de las administraciones públicas españolas es abusivo e instan a que se resuelva.

Sin embargo, de momento nuestras administraciones hacen caso omiso a dichas recomendaciones. Hasta ahora, hay dos procedimientos de infracción que ha abierto la Unión Europea contra España en los años 2013 y 2014 y miles de demandas de interinos y algunas de juristas recientes sobre el Real Decreto-Ley 14/2021 impulsado por el exministro Miquel Iceta y los sindicatos mayoritarios.

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Por otro lado, otra cuestión en la que coincidieron estos expertos es sobre la citada figura del “indefinido no fijo”. Estos juristas señalaron en sus intervencions, y en el debate posterior, que no es una respuesta adecuada al exceso de temporales puesto que se trata asimismo de un tipo de contrato temporal (que se extiende hasta la cobertura de la plaza), por lo que ni da respuesta al empleado en fraude ni es disuasiva.

Al mismo tiempo, destacaron que a falta de una sanción al abuso determinado en la normativa española, la “fijeza” (estabilización del interino en abuso en su plaza) es la única solución viable.

Ahí se citó el informe hecho por María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, quien señalaba que la figura de fijos a extinguir está permitida y tendría un encaje constitucional que los sindicatos mayoritarios y otros interlocutores niegan.

También indicaron que los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, que emanan de la Constitución española, no serían obstativos para la “fijeza” en la medida que se puedan oponer a tratados europeos que primarían al texto constitucional.

Otra cuestión que señalaron es que tampoco sería un problema que existiera un único nombramiento o contrato, siendo el concepto de “proceso selectivo” lo suficientemente laxo para que pudiera estar incluido la oposición, el concurso de méritos, e incluso la entrevista personal.

Para estos juristas expertos en defensa de los intereses de los interinos el “Decreto Iceta” no propone soluciones reales para los empleados públicos en abuso actuales, por lo que los tres expertos coinciden en que defender los derechos judicialmente es por ahora la mejor solución.

Tras la jornada, los ponentes valoraron muy positivamente el encuentro, y han mostrado su interés en seguir en contacto en posteriores jornadas en el CICAC y el Consejo General de la Abogacía Española, así como impulsar un futuro Observatorio de Interinos, como lugar de análisis para la problemática de este colectivo.

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