La Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) trata de ponerse al día en la gestión de nuevos rescates tras el bloqueo de hace unos meses. La entidad encargada de evaluar el papel estratégico de las grandes empresas españolas impactadas por la pandemia ha cerrado la contratación de varios asesores independientes para analizar la ayuda solicitada por Técnicas Reunidas.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Confilegal, Montero Aramburu ha sido elegido en la división legal para evaluar los aspectos jurídicos del apoyo financiero solicitado por la compañía, que según su informe financiero correspondiente al primer semestre asciende a un total de 290 millones de euros.
Por cantidades, se trata del tercer rescate más alto planteado al Gobierno, por detrás únicamente de Air Europa (475 millones de euros) y Avoris (320 millones de euros).
La compañía presidida por Juan Lladó registró unas pérdidas netas de 164 millones de euros en los seis primeros meses de este año, frente al beneficio de 14,1 millones en el mismo periodo de 2020.
Asimismo, la UTE formada por Lener, Vaciero y Grupo Atisa se ha adjudicado el aesoramiento financiero.
Tras esta contratación, cerrada por un importe de 48.400 euros en la parte legal y 52.635 euros en la financiera, la SEPI les asignará el expediente de Técnicas Reunidas para llevar a cabo un proceso de análisis que garantice el máximo rigor en su resolución.
Como asesor jurídico, Montero Aramburu realizará el proceso de «due diligence» [diligencia debida], que deberá incluir toda la información relativa a la emisión de informes sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y de recursos humanos.
Por su parte, el trío de despachos elegidos como supervisores financieros se encargarán de verifiar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos, partiendo de la situación económica antes de la apndemia y durante.
Además, tendrán que analizar las garantáis de las medidas del plan de viablidad planteado por la empresa y su peso en el sector para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.
Hasta la fecha la SEPI ya ha atendido unos 20 expedientes de rescate.
Algunos ya han sido aprobados, como el de la cadena Hotusa o las agencias de viajes de Barceló y Globalia. En cambio, otros están pendientes de ser atendidos o de encontrar asesor.
