La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de queja interpuesto por varios procesados en el denominado ‘caso Rato’ y ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que admita y de trámite a los recursos de reforma, subsidiarios de apelación, que presentaron contra el auto de apertura de juicio oral en el que se acordaba imponer a los acusados medidas cautelares de fianza por importe de 4.500.000 euros para los recurrentes personas físicas y de 2.100.000 euros para las personas jurídicas.
El tribunal entiende que la irrecurribilidad del auto de apertura de juicio oral, ideada por el legislador para evitar dilaciones indebidas, no debe ir en menoscabo de “valorar la importancia y trascendencia de las medidas civiles en los ámbitos de la actividad socioeconómica y empresarial a los que afecta el moderno derecho penal, con las graves consecuencias que dichas medidas pueden tener incluso para la viabilidad de determinadas personas jurídicas”.
El auto, dictado a 30 de septiembre y conocido hoy, lo firman los magistrados de María del Rosario Esteban Meilán (presidenta), José Sierra Fernández y Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, que ha sido el ponente.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, alegó que contra el auto de apertura de juicio oral no cabía recurso alguno. La Audiencia Provincial, aunque ha admitido que no puede calificarse de «inmotivada» su decisión -ya que recoge la tesis literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, ha resuelto que deberá aceptar los recursos relativos a la cuantía de la fianza.
El magistrado instructor tendrá que admitir los recursos de reforma planteados por las mercantiles Publicis y Zenith y por varios de sus exdirectivos, procesados en el marco de la investigación sobre el patrimonio del exministro de Economía y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y la presunta adjudicación irregular de contratos de publicidad y medios por parte de dicha entidad bancaria.
