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El Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre el contencioso del yacimiento de tierras raras de Matamulas, Ciudad Real

María Jesús González
El Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre el contencioso del yacimiento de tierras raras de Matamulas, Ciudad Real
Actualmente no existe producción en Europa y el principal suministrador es China que surte el 98% de las necesidades mundiales. El proyecto de explotación del yacimiento de Matamulas supondría la producción de una materia prima (neodimio y praseodimio, tierras raras magnéticas) calificada como crítica o fundamental por la Unión Europea, explica la columnista, María Jesús González. El Supremo debe decidir. Foto: Confilegal.
08/10/2021 06:47
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Actualizado: 08/10/2021 06:47
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El día 17 de diciembre de 2020, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ, dictó sentencia por la que se rechazaba el recurso interpuesto por la empresa que pretendía realizar la explotación minera de monacita gris, (Proyecto Matamulas en Ciudad Real) contra la decisión de la Administración autonómica que, en base a una Declaración de Impacto Ambiental negativa, rechazaba los derechos de explotación del yacimiento.

Es a partir de esta sentencia, de la que realizo una reflexión, muy general, sobre la cuestión que da título a este artículo y que se podría reformular en los  interrogantes siguientes:

¿La normativa (europea, española o autonómica) de protección medioambiental impide la explotación de nuevos yacimientos mineros?

Cómo compaginar, y resolver desde la norma y los fallos judiciales, la protección medioambiental con actividades industriales que tienen un impacto en el entorno con la necesidad, y la obligación, de desarrollar económicamente el territorio y el suministro de materias primas esenciales?

La citada sentencia cerraba un largo capítulo que se inició en 2004 con la obtención de los derechos de exploración, pasó por la realización de más de 200 calicatas, la elaboración de un proyecto técnico y económico (PEA) realizado por Wardelll Armstrong que demostró su viabilidad técnica y económica y de un exhaustivo estudio de impacto medioambiental, que incluía un completo catálogo de medidas para evitar, paliar o compensar los impactos posibles en las distintas fases de la explotación.

Para valorar el impacto de la sentencia sobre este proyecto, y las consecuencias de ponerlo o no en marcha, hay que situarlo en el contexto europeo y español de suministro de materias primas estratégicas para la transición energética y digital y en el territorio en el que se llevaría a cabo.

TIERRAS RARAS

En primer lugar, las denominadas tierras raras, que en realidad son 17 elementos de la tabla periódica, tienen un carácter estratégico para la economía de la Unión Europea en su conjunto por ser necesarios para la industria de la automoción eléctrica, energías renovables, componentes electrónicos…, y trasciende, por tanto, ampliamente los intereses económicos de la empresa que solicita los derechos de explotación.

Y tal es así, porque actualmente no existe producción en Europa y el principal suministrador es China que surte el 98% de las necesidades mundiales y porque el proyecto de explotación del yacimiento de Matamulas supondría la producción de una materia prima (neodimio y praseodimio, tierras raras magnéticas) calificada como crítica o fundamental por la Unión Europea.

En efecto, su explotación supondría para los próximos 10 años el 1 % de la demanda mundial y permitiría abastecer el 60 % de la demanda actual del mercado europeo de tierras raras magnéticas y, por supuesto, todas las necesidades de la industria Española.

La Comisión Europea considera el acceso o suministro de estas tierras raras como las materias primas más críticas en su lista de “Materias Primas Críticas o Fundamentales”  (COM (2020) 474), ya que son necesarias o estratégicas para la industria de nuevas tecnologías y las industrias de energías renovables y/o limpias (aerogeneradores, motores eléctricos e híbridos, iluminación de bajo consumo LED, tecnología de refrigeración magnética, teléfonos móviles, etc.).

Por este y otros motivos, la Unión Europea constituyó, y dotó de fondos, la European Raw Materials Alliance (ERMA) a finales de 2020 para apoyar y promover la exploración y explotación de estas tierras raras y el desarrollo de la industria europea que potencie la cadena de valor de las industrias que las precisan.

En segundo lugar, la zona en la que se encuentra el yacimiento está en la que la normativa de Castilla-La Mancha considera apta para la minería, no está incluida en ninguna de las figuras de protección medioambiental de la Red Natura 2000, es zona de explotación de cereales y no afectaría a bienes de interés cultural.

LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DEL SUPREMO

La sentencia, que no es firme, pues pende del recurso de casación interpuesto por la empresa concesionaria ante el Tribunal Supremo, contraviene, a mi entender, los artículos 9.3 y 14 de la Constitución Española, que respectivamente garantizan la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la igualdad.

La sentencia no tiene en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental incurre en discriminación no justificada, atentatoria del principio de igualdad, al no exponer criterios objetivos y razonables que justifiquen la disparidad de trato ambiental que representa el juicio ambiental negativo del proyecto minero respecto a las numerosas actividades e instalaciones que figuran en el interior de la ZEPA “Campos de Montiel”, o en sus alrededores, incluida la concreta zona donde se sitúa el proyecto minero:

• 16 Canteras a cielo abierto (explotaciones de arcillas), situadas dentro de la ZEPA “Campos de Montiel” o en zonas próximas;

• 3 minas subterráneas de antimonio y 1 cantera de cuarcita;

• numerosas autorizaciones de caza dentro de la ZEPA “Campos de Montiel”;

• autorizaciones de cotos de caza en toda la zona circundante a la ZEPA “Campos de Montiel”; cerramiento de las fincas Navalavaca y otras, en el espacio o corredor ecológico situado entre las áreas territoriales que constituyen la ZEPA “Campos de Montiel”; aeródromo de La Caminera;

• campo de golf.

CUENTAN CON AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL FAVORABLES

Todas estas instalaciones y actividades cuentan con autorizaciones y Declaraciones de Impacto Ambiental favorables, otorgadas con posterioridad a la creación de la reiterada ZEPA “Campos de Montiel” y tienen efectos similares o superiores a los pretendisos para la explotación del yacimiento de Matamulas (sobre fauna y flora, uso del agua…).

Así, la estructura y argumentación de la sentencia se acomoda a la tendencia muy conservadora de no enfrentarse al reto de evaluar los pros y los contras de los proyectos extractivos, ignorar que tanto la normativa comunitaria (Directiva hábitats,92/43/CEE…) cómo la española no los excluyen aunque afecten a zonas medioambientalmente protegidas ( que ni siquiera es el caso en Matamulas) ya que lo relevante es la calidad y pertinencia de las medidas correctoras y compensatorias que cada proyecto necesite para compaginar los dos bienes a proteger: el desarrollo económico/bien estar humano y la protección ambiental.

Entre otras cuestiones, la Sentencia ha validado la incompleta, y por ello defectuosa, motivación de la Declaración de Impacto Ambiental ya que se limita a transcribirla sin analizar críticamente las conclusiones de aquella e ignora las periciales de parte y estudios de contenido técnico y científico aportados por el administrado.

Ignora la información del exhaustivo Estudio de Impacto Ambiental realizado por 40 científicos y expertos independientes y las Universidades de Castilla la Mancha y la Autónoma de Madrid coordinados por ADVISIAN, empresa internacional de prestigio con mucha experiencia en la realización de estudios de impacto ambiental para proyectos de infraestructuras, hidrocarburos, minerales y metales en todo el mundo.

Además, omitió dar valor a un dato esencial, como es, que la zona donde se sitúa el Proyecto está localizada en su integridad en una franja declarada dentro de las “Áreas favorables para la actividad minera” en el Plan Estratégico de Recursos Minerales No Energéticos de Castilla-La Mancha, Horizonte 2020 (PERMINE), aprobado mediante Resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 12 de noviembre de 2014. Y es que ninguna administración puede ir en contra de sus propios actos.

LO QUE NO SE DISCUTE

Consta acreditado y no es discutido en la sentencia, aunque no se le dé ningún valor, que la zona afectada por el mismo:

a) está formada prácticamente en su conjunto por terrenos corrientes de cultivos herbáceos de secano como cultivos leñosos (olivar), y algunos viñedos, perfectamente capaces de regenerarse rápidamente tras la explotación;

b) como lógica consecuencia de lo anterior, la zona de afección está fuera de la ZEPA “Campos de Montiel” (único espacio protegido próximo), así como de cualquier otro espacio natural protegido de la Red Natura 2000;

c) no afecta a ningún Hábitat de Interés Comunitario prioritario ni hábitats de especial protección en Castilla-La Mancha;

d) está totalmente fuera y alejada de las zonas que la Administración ambiental considera críticas o vitales para los planes de recuperación del águila imperial y el lince, especies a las que no obstante, se tienen en consideración en las medidas de compensación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la concesionaria.

Incluso se omite la referencia a la técnica minera que se utilizaría, denominada “minería de transferencia”, que rehabilita por completo los terrenos afectados (1-2 hectáreas por mes), incluso los mejora, permitiendo el trabajo de cultivo sólo 12 meses después de haber extraído el mineral, con un impacto ambiental y visual prácticamente nulo.

La sentencia valida la Declaración de Impacto Ambiental en cuanto a la  calificación de Impacto Crítico que los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha realizan para poder sustentar la declaración negativa.

Y ello sin tener en cuenta que la calificación de Impacto Crítico del proyecto es incoherente e irracional por su desmesura y contradicción patente con la modestia del proyecto y los posibles impactos ambientales reconocidos al medio afectado.

No se compadece, en absoluto, con la definición legal que establece la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, Anexo VI: “Impacto Crítico: Impacto ambiental cuya magnitud es superior al umbral aceptable, ya que produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras o protectoras”.

LA SENTENCIA DEL TSJCLM DA POR VÁLIDA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Es también muy llamativo que la Sentencia de por válida la Declaración de Impacto Ambiental a pesar de la omisión en la misma de una valoración suficiente de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado al efecto.

Esta omisión es especialmente grave si se tiene en cuenta que dichas medidas, por imperativo legal, son parte fundamental del Estudio de Impacto Ambiental, y su adecuada ponderación por parte de la administración es un elemento esencial e ineludible del juicio valorativo de toda Declaración de Impacto Ambiental.

Para responder rápidamente a las preguntas que nos hacíamos al inicio, se han realizado numerosos proyectos con muy alto impacto ambiental en los últimos años en nuestro país, véanse trayectos del AVE, aeropuertos, instalaciones eléctricas, industrias de alto impacto ambiental…, ponderando la necesidad de la evolución humana con la preservación del medio ambiente y aplicando las pertinentes medias correctoras y compensatorias.

La sentencia impugnada si alcanzara firmeza, podría albergar un efecto multiplicador que por extensión podría determinar la imposibilidad de desarrollar muchos otros proyectos y no tan solo mineros, fuera de cualquier enclave de la “Red Natura 2000”, lo que a todas luces contraviene los intereses generales y la aplicación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea pretenden de la norma.

Esta circunstancia determina, asimismo, que el número de posibles afectados por la aplicación extensiva y sin filtro de la doctrina contenida en la Sentencia que comentamos, ascienda en el mismo orden que disminuye el conjunto de proyectos de toda índole potencialmente afectados.

No ya solo por los puestos de trabajo cuya existencia queda en suspenso, sino también por la proyección económica que proyectos como el de autos tienen sobre zonas y territorios en muchas ocasiones depauperados, abandonados a su suerte en muchas ocasiones, y poblaciones de la denominada “España vaciada” cuyo futuro pasaría  únicamente por explotar un potencial agropecuario también en franco declive.

En sentido contrario, si finalmente el yacimiento llegase a explotarse, Castilla-La Mancha podría convertirse, gracias al efecto tractor de un proyecto como este, en el epicentro europeo de las Tierras Raras Magnéticas, donde el desarrollo de la cadena de valor completa permitiría pensar en centros de innovación , investigación, desarrollo industrial… con el muy relevante beneficio que puede representar todo ello para el territorio, más aún si cabe tras la apuesta decidida de la Unión Europea por el desarrollo de iniciativas similares.

Sin mencionar, por supuesto, su contribución al rápido desarrollo de las tecnologías que permitan hacer frente al cambio climático, como el vehículo eléctrico o la energía eólica.

La mesura, la racionalidad y la ponderación son la base para poder evaluar proyectos necesarios y de interés nacional bajo el prisma jurídico, haciendo compatibles mediante el empleo de las tecnologías apropiadas y los controles pertinentes el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.

Una vez más, las distintas instancias judiciales son, posiblemente a su pesar, actores de primer orden para hacer posible la convivencia entre las diferentes perspectivas y que prevalezca el interés general y de largo plazo sobre los intereses particulares y coyunturales.

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