La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado hoy que el Gobierno «no ha dado orden alguna a la Abogacía del Estado» en el denominado ‘caso Ghali’ que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza y en el que figura como investigada la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario.
Así lo ha afirmado la ministra, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, respondiendo al diputado del Partido Popular (PP) Carlos Rojas, quien le ha preguntado si desde el Ejecutivo se dio alguna directriz a los servicios jurídicos del Estado para que pidiera el archivo de la investigación.
«¿Usted como ministra de Justicia está de acuerdo en que el Gobierno utilice a la Abogacía del Estado para frenar las investigaciones judiciales de este caso?», le ha dicho.
El diputado del PP ha reprochado la estrategia de los servicios jurídicos en el ‘caso Ghali’, quienes han pedido en dos ocasiones que se archive la investigación y han reclamado una fianza de 150.000 para las acusaciones.
Llop ha insistido en que el Gobierno actúa «siempre» con «arreglo a la legalidad» y ha remarcado que ni ella, como ministra, ni el Ejecutivo, han interferido en las decisiones de la Abogacía del Estado en la causa que se instruye sobre la llegada de Brahim Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril.
«La Abogacía del Estado se rige por la búsqueda de la legalidad, del interés general, con un respeto escrupuloso al principio de legalidad dentro del marco de las funciones que tiene encomendadas. Ni instrucciones, ni indicaciones, ni órdenes. Nada», ha señalado la ministra Llop.
En el marco de su respuesta, Llop ha asegurado que Rojas «viene de una cultura política en la que compañeros de su partido son autores de frases que recordamos con estupor», ha dicho en referencia a «vamos a controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás» y a «esto la Fiscalía te lo afina».
EL PP ASEGURA QUE LLOP «NO ES CREÍBLE»
El diputado ‘popular’ ha asegurado que la palabra de la ministra «no es creíble».
Ha acusado al Gobierno de organizar la entrada en España de «un prófugo de la Justicia con pasaporte e identidad falsos, no distintos, falsos» y le ha reprochado a Llop el hecho de que a Ghali «no le aplicaron ninguna medida de control de frontera» porque, a su juicio, el Ejecutivo «sencillamente quería ocultar su identidad».
Para Rojas, «aquí hay una responsabilidad política clarísima del señor Sánchez», que –según el dirigente del PP– «ha puesto a la Abogacía del Estado a defender al Gobierno, que no parece en este caso que sea lo mismo que defender la legalidad.
Rojas también ha criticado a la Abogacía por negarse a entregar al juez Rafael Lasala los correos electrónicos del exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino, bajo el argumento de que solía borrarlos por cuestiones de «seguridad», «en lugar de buscarlos y ponerlos a disposición de la Justicia»
