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El Congreso da por buenos los cambios del Senado a la Ley del Acceso a la Abogacía y la Procura
La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la sesión de control, en el Congreso de los Diputados. Foto: EP.

El Congreso da por buenos los cambios del Senado a la Ley del Acceso a la Abogacía y la Procura

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15/10/2021 06:48
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Actualizado: 15/10/2021 06:48
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El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer por buenos los cambios llevados a cabo por el Senado al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno para modificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador y adaptar así la legislación española al derecho europeo.

La tramitación ha contado, entre otros, con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos y sus socios, así como de Ciudadanos; con el rechazo de Vox y con la abstención del PP.

La propuesta inicial del Ejecutivo, que se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión de fecha 8 de septiembre de 2020, establece reformas mediante tres artículos que se completan con tres disposiciones transitorias.

En concreto, contempla cambios en tres textos legales: la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

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La iniciativa busca dar una «respuesta integral y coherente» a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente que atañen al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y señaladamente a la interacción entre una y otra.

Según precisa el Gobierno en el proyecto de ley, se trata de «acomodar» la legislación española a las previsiones del derecho europeo relativa a servicios en el mercado interior, lo que se concreta en esta propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos concretos de actuación: el relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura; el de la prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía; y la modificación del sistema de aranceles.

En el Senado se presentaron 33 enmiendas al texto presentado por el Ejecutivo.

El PSOE aceptó propuestas de modificación de Junts, del PNV, de ERC y de EH Bildu.

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Ninguno de estos partidos tomaron la palabra en el debate de ayer; solo se manifestaron el PP y Vox -que se han mostrado insatisfechos– y Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE –que celebraron la iniciativa–.

EL PP REPROCHA AL PSOE QUE NO NEGOCIARA SUS ENMIENDAS

En el Pleno del Congreso, la diputada socialista Gemma Araujo aseguró que desde su partido se hizo un «esfuerzo» para intentar incluir todas las enmiendas.

El dirigente del PP Jaime Olano, sin embargo, reprochó al PSOE el hecho de que no se sentara a negociar con los ‘populares’ del Senado.

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Olano aseguró que es «inadmisible» que el PSOE «no se haya dignado» a hablar con el PP sobre sus enmiendas, lo que calificó de una «actitud escasamente democrática».

El diputado del PP explicó que aunque cree que había que adoptar las recomendaciones europeas, a su juicio la propuesta del Gobierno no es la mejor opción.

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«Con esta ley es cierto que se solucionan ciertos problemas, pero creemos que se va a aprobar una injusticia con los procuradores», ha señalado para explicar por qué su formación se ha abstenido.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER ACABAR CON LOS PROCURADORES

Desde Vox tampoco escatimaron reproches al Ejecutivo durante el debate.

El diputado Pablo Calvo aseguró que el Gobierno deja atrás a los procuradores, así como «dejaron atrás a decenas de miles de muertos».

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Según dijo, con la «falsa excusa» de adaptarse a la normativa europea se está cometiendo un «error» que supone la «demolición» de la procuraduría.

«Se trata al procurador no como un tutor sino como un colaborador prescindible», añadió.

Calvo denunció que con esta reforma se abre la puerta para que los estudios se impartan en la lengua regional en un «paso más en ese absurdo proceso de las izquierdas» de usar las lenguas como instrumento de separación.

Aseguró, además, que se da un «durísimo golpe» a la profesión al eliminar el arancel mínimo.

«Si creen que la profesión debe desaparecer sean valientes y díganselo a la cara», dijo.

Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Valverde destacó la relevancia de la iniciativa, dado que adapta la legislación española a la normativa europea y supone «modernizar y agilizar» la abogacía y procura. Además, aplaudió la voluntad de consenso en torno esta propuesta.

El diputado Edmundo Bal, de Ciudadanos, también se sumó a celebrar el «alto nivel de consenso» en la tramitación de esta iniciativa y se mostró  positivo ante el hecho de que a su formación se le admitieran dos transaccionales.

«Es lo que tiene cuando viene una reforma de Europa que lo que pretende es liberalizar el ejercicio de una profesión regulada. Nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos que hablar de política, cuando queremos simplemente cumplir con las obligaciones», dijo.

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