Rafael Basterrechea, afectado y vicepresidente de Avite, explica que desde hace algo más de un año no hay contacto con el Gobierno.
20 millones de euros: Los afectados por la talidomida consideran irrisoria la cantidad que les adjudica el proyecto de presupuestos
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16/10/2021 06:48
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Actualizado: 16/10/2021 06:48
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El colectivo de víctimas de la talidomida fija gran parte de sus esperanzas en la demanda que han interpuesto ante la Audiencia Nacional para reclamar al Estado una compensación por su inacción antes su reivindicaciones
La propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 recoge un incremento para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, actualmente dirigido por Ione Belarra. Contará con un presupuesto que alcanzará los 4.068 millones de euros.
En este presupuesto, el IMSERSO mantiene una partida de 20 millones para las víctimas de la talidomida, igual que en otros años. Un dinero que hasta el momento no ha ido a sus beneficiarios.
Esta compensación se remonta a la etapa de Mariano Rajoy, en 2018 el Gobierno estableció para este colectivo en los Presupuestos Generales del exministro Cristobal Montoro una cantidad de 20 millones de euros. En aquel momento no se habían hecho los reconocimientos medidos de los afectados.
Sin embargo, tras la moción de censura al PP, se modificó la ley con la mayoría popular en el Senado y se introdujo el concepto de indemnización por punto porcentual, lo que incrementaba las compensaciones.
Pese a ello, una vez en el Ejecutivo el PSOE ha hecho caso omiso a este cambio y ha mantenido las indemnizaciones del PP en estos Presupuestos Generales para 2022.
Para Ignacio Martínez, abogado y asesor jurídico de Asociación de Afectados por la Talidomida (Avite), “esos datos son equivocados. Si se dan por bueno los 127 afectados reconocidos por el Instituto Carlos III estaríamos hablando de cerca de 100 millones de euros, a esta partida hay que añadir la indemnización que debería pedir el Gobierno a Grunenthal, la farmacéutica que comercializó la talidomida”.
El calculo viene de multiplicar el numero de afectados por la discapacidad media que es un 65% y también por 12.0000 puntos por discapacidad, como se había establecido, lo que da esos 100 millones de euros. “No entendemos porque hablan de 20 millones”, indica.
Rafael Basterrechea, afectado y vicepresidente de Avite, explica a Confilegal que desde hace algo más de un año no hay contacto con el Gobierno de coalición pese a los intentos de este grupo por conocer la suerte de su reclamación.
La última reunión fue con Pablo Echenique, portavoz de Podemos y con las responsables de Sanidad y Servicios Sociales de dicha formación, Marisa Saavedra y Rosa Medel, en octubre del pasado año de manera virtual en la que el diputado de Podemos se prestó a ser el interlocutor con el Gobierno de coalición. “Llevamos un año sin saber nada de ellos”.
Los afectados por talidomida rondan ya los sesenta años, un porcentaje importante viven de pensiones no contributivas, no han podido trabajar por su grado de discapacidad. Otro colectivo menos perjudicado ha hecho trabajos socialmente apoyados y solo una minoría tiene o ha tenido un trabajo personal o convencional.
Fin de los reconocimientos médicos tras tres años
“Tres años y medios después de que primero las Comunidades Autónomas y luego el Comité Científico Técnico del Instituto Carlos III validaron los reconocimientos médicos hay 127 personas afectadas por la talidomida de un total de 600 solicitudes que se presentaron”.
Con estos datos solo una de cada seis solicitudes de víctimas de talidomida fue aceptada tras el dictamen del citado Comité. “Tampoco ha habido motivación en los fallos ni conocemos las causas e dicha exclusión”, señala el vicepresidente de Avite.
Para Basterrechea, “la improvisación ha sido total en este asunto. Ni un plan de trabajo ni un interlocutor para conocer los avances en nuestra reclamación. Nunca hemos sabido quien gestionaba este tema e incluso han aludido a cuestión de protección de datos para no decirnos que interlocutor llevaba este tema de forma específica en el Ministerio de Sanidad”.
Al mismo tiempo, recuerda que ante esta situación de falta de actividad por parte de la Administración del Estado, en enero del 2019 iniciaron los trámites administrativos que dieron paso a la demanda judicial ,“sabíamos que no se iba a ningún sitio y por desgracia el tiempo nos ha dado la razón”.
La demanda que interpuso Avite está cifrada en 390 millones de euros, “al Gobierno se le pide que nos indemnice con su parte y obligar a la farmacéutica que compense en la otra parte, como no ha hecho nada, en la demanda le pedimos que asuma ambas partes».
Este afectado tampoco sabe qué pasará con la fiscalización de estas ayudas, “podemos encontrarnos que en vía fiscal tengamos que tributar el 50% de las ayudas a Hacienda, así nos lo dejó entrever la reunión con la actual secretaria de Estado de Hacienda en el 2019, no nos prometió nada, por desgracia”.
Para este afectado, “da la sensación de que lo que le interesa a este Gobierno sale a velocidad de crucero y el resto se ralentiza de forma eterna. La ley se dejó acabada en el 2018 pero no se ha aprobado aún vía Real Decreto-ley”.
Lamentan que «el PSOE lleva ya cinco años de legislatura en los que ha sido incapaz de llevar adelante esta ley, pese a que sabemos que el Real Decreto-Ley está ya ultimado. Nosotros hemos visto el borrador”.
El vicepresidente de Avite recuerda que están pendientes de que el Gobierno apruebe el citado Real Decreto que les permita solicitar las ayudas. «Lo hemos visto en mayo del 2019. En esa norma no se da una cuantía económica, pero se reconoce el derecho individual de los afectados a recibir esa compensación”.
En dicho Real Decreto, se habla de 12.000 euros por punto porcentual de discapacidad, que se debe tener el reconocimiento del Carlos III, estar empadronados de la madre, ser español, que la gestación fuera en España, presentar DNI y número de cuenta, pero no habla de cuantía global a abonar.
La esperanza de la vía judicial
En esta tesitura, los afectados de la talidomida han concentrado parte de sus esfuerzos en la Audiencia Nacional y su Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Martínez, abogado de Avite, explica que “hemos demostrado que hace dos años el Gobierno tiene parado el Real Decreto que regula la concesión de las indemnizaciones al colectivo de afectados, también que Hacienda no ha hecho ningún estudio de una posible exención fiscal”.
Al mismo tiempo, “pese a que se habló en su día de que iban a reclamar a la farmacéutica Grunenthal parte de esas compensaciones, también queda claro que el Ministerio de Sanidad no hizo nada en este sentido”.
En estos momentos, la demanda está en su fase de conclusiones y algo ralentizada porque el juez ha abierto un incidente por el fallecimiento de uno de los socios de Avite. Se trata de que se reconozcan como herederos en un asunto en el que se ha personado la Abogacía del Estado.
Una vez que Avite presente conclusiones se dará traslado a la Abogacía del Estado para que presente las suyas, de tal forma que quedará el juicio vista para sentencia. Es previsible que para enero pueda haber fallo.
Al parecer el magistrado Santiago Soldevilla ha descartado la vista pública por la resolución por escrito. En esa vista, estaba previsto que comparecieran altos cargos de los últimos gobiernos de PP y PSOE.
“Es una lástima porque creemos que había declaraciones importantes que podrían aclarar la situación de nuestra reclamación”, señala Basterrechea.
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