La Audiencia Nacional (AN) ha acogido hoy la vista de la demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal, para celebrar el acto de conciliación.
El tribunal de la Sala de lo Social ha invitado a la APIF a considerar si la demanda no debería dirigirse también contra las Comunidades Autónomas (CC. AA.) con responsabilidades en materia de Justicia, tras escuchar las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en tal sentido.
Ante el riesgo de perder la demanda por falta de litisconsorcio pasivo necesario, la APIF ha desistido de la demanda, y la próxima semana volverá a demandar, esta vez dirigiéndola también contra las Comunidades Autónomas con competencia de Justicia transferida, según han informado a Confilegal el presidente de la APIF, Salvador Viada y el abogado Juan Antonio Frago.
La APIF sostenía en su demanda que desde 1995 se incumple por parte del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado el deber de tutelar la salud laboral de sus profesionales.
«La APIF está determinada a conseguir que los fiscales estemos protegidos por los riesgos laborales que genera nuestro trabajo. El camino para ello va a ser difícil porque ni el Ministerio ni la Fiscalía General han mostrado ningún interés en ello, pero vamos a seguir en vía jurisdiccional superando todos los obstáculos que se nos presenten hasta conseguir que tengamos esa protección», sentencia el presidente de la APIF.
La demanda fue interpuesta el pasado mes de junio bajo la presidencia de Juan Antonio Frago en la APIF, a quien en septiembre relevó al frente de la asociación Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo.
Frago, hasta el 20 de septiembre fiscal de la Fiscalía de La Coruña, colgó la toga y se pasó al ejercicio libre de la Abogacía, y junto a la letrada Verónica Suárez García fundó el despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas, que ejerce la representación de la APIF en los asuntos judiciales.
La UPF se personó en septiembre en el procedimiento como interesada.
Salvador Viada denuncia que hay un grave problema de déficit de protección de fiscales que por razón de embarazo se encuentran en situación de riesgo. El presidente de la APIF afirma que «no hay una normativa que proteja a las fiscales embarazadas de los riesgos derivados del trabajo, hasta el punto de que la inspección fiscal se desentiende cuando le llega una queja de una fiscal que pregunta si debe acatar la orden de un jefe de trabajar mientras está de baja por riesgo en el embarado».
También señala que «respecto a los fiscales mayores que tengan algún tipo de enfermedad no hay una adaptación del trabajo a su situación física o de salud, como tampoco hay un sistema de conciliación familiar ni límites a la carga de trabajo, de manera que los fiscales que ocasionalmente soportan cargas de trabajo inhumanas solo se les juzga por el trabajo pendiente, no por el despachado».
Viada explica que en la Carrera Fiscal «se sanciona cuando hay retraso en el despacho de papel, pero nadie toma en cuenta si la carga de trabajo es abusiva, porque no hay límites», y destaca que posteriormente los tribunales revocan muchas sanciones «porque estiman que el retraso no es injustificado».
A raíz de la demanda de la APIF, el Ministerio de Justicia envió a la Fiscalía General del Estado un borrador de Convenio de Prevención de Riesgos Laborales en el Ministerio Fiscal, del que el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, informó el 29 de septiembre a los miembros de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, y de las observaciones que sobre él ha redactado la Fiscalía.
La APIF reclama que la Carrera Fiscal tenga su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales y su propio servicio de prevención. Además, exige que la Fiscalía sea considerada como responsable de la deuda de seguridad. «Es decir, que responda por los riesgos laborales que genera en los fiscales, algo que el Ministerio rechaza», precisa Viada.
