El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que «para el PP es inconcebible un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin un compromiso del PSOE por escrito de reformarlo».
Dicho acuerdo, añadió, «debe comprometernos a los partidos que hemos gobernado y podemos gobernar España a reformar el Consejo para que sea, por fin, plenamente acorde con la Constitución, así como con las exigencias europeas».
López, responsable de Interior y Justicia del PP, hizo estas declaraciones durante la conferencia «Poder político e independencia del poder judicial», que ayer organizó en Madrid la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, que preside Rosalina Díaz Valcárcel.
«Desde el Gobierno y el PSOE no se resignan a aceptar que los políticos deben dar un paso atrás en la renovación del órgano de los jueces, a entender que la realidad evoluciona y que hoy la gente ya no entiende ni ve apariencia de independencia en que los partidos negocien puestos relacionados con la Justicia«, añadió el magistrado en servicios especiales.
López agradeció la invitación a este foro, espacio en el que se “abordan cuestiones que preocupan a todos los profesionales de los distintos campos del mundo de la justicia”.
«Hay que preocuparse de la justicia, pero no ocuparla»
Durante su intervención defendido la necesidad de que la política dé un paso atrás en la renovación del órgano de gobierno de los jueces para que sean los propios jueces los que asuman esta responsabilidad.
«Hay que preocuparse de la justicia, pero no ocuparla», remachó el ponente, que defendió la independencia de los jueces que se pone permanentemente de relieve con multitud de resoluciones contra políticos, gobiernos autonómicos y personas de todas las clases sociales.
A juicio del consejero, “cuando hablamos del poder judicial estamos hablando de un contrapoder al que desde las instituciones y los partidos políticos debemos proteger”.
López, refiriéndose a la actualidad, por la que el vicepresidente del TJUE ha impuesto un millón de euros diarios como sanción al Gobierno de Polonia por articular una Sala Disciplinaria en el Tribunal Supremo cuyos miembros son nombrados por un Consejo Nacional de la Judicatura que, a su vez, son elegidos por el Parlamento, dijo que la situación española es muchísimo mejor que la polaca.
«El interés de la Unión Europea por la independencia judicial es lógica teniendo en cuenta que son los tribunales quienes tienen que vigilar el cumplimiento de la legislación que nace de las instituciones europeas», subrayó.
