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Cartas desde Londres: El alto coste de las costas en los procesos civiles ingleses

Cartas desde Londres: El alto coste de las costas en los procesos civiles ingleses
Las cantidades a pagar en materia de costas son enormes al implicar un servicio de por si carísimo: el de la justicia.
14/12/2021 06:48
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Actualizado: 14/12/2021 01:58
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Una de las cuestiones más peliagudas de cualquier procedimiento judicial, especialmente en el ámbito civil, es el de las costas procesales.

Concretamente cuando hay que pagarlas porque, como ya sabemos, al garrotazo de perder en juicio se le sumará además la simpática colleja que supone pagarle al contrario sus gastos.

Esto en la jurisdicción de Inglaterra y Gales toma además un cariz particularmente dramático dado que las cantidades en materia de costas son enormes al implicar un servicio de por si carísimo y en el que habitualmente intervienen ‘solicitors’ y ‘barristers’.

De ahí que los procesos se alarguen en muchas ocasiones solamente para solventar la cuestión de los costes y las costas, creándose un auténtico galimatías de casos sobre costas ante los tribunales de Su Majestad.

Para salir del laberinto contamos con fantásticas guías como el imprescindible ‘Civil Costs, Law and Practice’, del Dr. Mark Friston, la ‘biblia’ de las costas que va por la segunda edición y cuyas casi dos mil páginas son un buen ejemplo de las complejidades que entraña el asunto.

Y hablar de costas en derecho inglés es, sin duda, hablar del fantástico ‘Cook on Costs’, la guía clásica en la materia, con explicaciones muy entendedoras de lo que puede recobrarse en costas tanto de ‘solicitors’ como de ‘barristers’, tratando todos los aspectos esenciales.

De hecho, el célebre juez Lord Justice Alan Ward dijo en una ocasión que las discusiones sobre las costas habían creado más angustias y generado a su vez, aún más costas, que cualquier otra cuestión del proceso civil inglés.

Por cierto que, como anécdota referida a este juez, gran especialista en derecho de familia, contaba el periódico The Times que durante un juicio se subió a los estrados a declarar un padre activista de la conocida organización ‘Fathers 4 Justice’, algo así como ‘Padres por la Justicia’.

Este vistoso grupo pretende con sus ‘perfomances’ conseguir el apoyo parlamentario para cambiar la legislación sobre los derechos de los padres, sobre todo a través de lucidas protestas con acrobacias incluidas en las que aparecen disfrazados de diferente guisa.

Así que el padre no se cortó un pelo y subió al estado a declarar ante el Lord Justice Ward vestido nada menos que con la facha de Darth Vader, el villano de esa película ya viejuna que es La Guerra de las Galaxias, armado además con espada láser.

Según parece, el buen Lord Justice Ward con flema muy británica y con el ingenio que le caracteriza, preguntó al caballero celado:

– ¿Le importaría a Lord Vader quitarse el caso y dejar el sable laser antes de dirigirse a este tribunal?

Despojado de casco y arma, Lord Ward siguió dirigiéndose a este padre durante toda la vista judicial como ‘Lord Vader’, para diversión del personal presente en la sala.

Ya tendremos ocasión de tratar otras famosas intervenciones del Juez Ward en sala, pero ahora volvamos al farragoso asunto de las costas.

A través del informe de Rupert Jackson se planteó la creación de un sistema de restricción de costas judiciales.

REFORMA DE LAS COSTAS A LA VISTA

En otras cartas ya hemos hablado de la cuestión de las costas, por lo que hoy nos centraremos en algunos cambios que se están proponiendo, precisamente para tratar de resolver los problemas que acarrean en el ámbito civil de la justicia de Inglaterra y Gales dada su inexistente limitación.

De hecho, ya en el informe de Rupert Jackson de 2017, se contemplaba la creación de un sistema de restricción de las costas judiciales, creándose para ello un grupo de trabajo muy activo desde hace ya unos años y cuyos progresos, que han incluido una consulta pública, solamente se han visto interrumpidos por la reciente pandemia del Covid19.

Y es precisamente por ahí van los tiros.

La idea es que haya unas costas fijas recuperables (‘Fixed Recoverables Costs’ o ‘FRC’), es decir, unas cantidades predefinidas y que la parte ganadora puede recuperar en las diferentes etapas del pleito, ya sea desde la fase previa al proceso o hasta la sentencia.

Con ello lo que se pretende garantizar que las costas judiciales sean sobre todo previsibles y proporcionadas, para promover así el acceso a la justicia, dado que actualmente llevar un caso a los tribunales puede resultar prohibitivo para la mayoría de los bolsillos ingleses.

Además el elemento sorpresa cuando toca pagar no suele llevarse muy bien por estos lugares.

Por eso, la idea es que las FRC serán obligatorias para la mayoría de los procesos civiles rápidos (‘fast track’) por cuantías de hasta 25.000 libras.

Pero ahí no acaba la cosa ya que el Gobierno tiene intención de ampliar los procesos rápidos para incluir también casos en reclamación daños y perjuicios, así como en demandas de cantidad más simples y con cuantías de hasta 100.000 libras.

CUATRO ‘FRANJAS’ PROCESALES DE COMPLEJIDAD’

El nuevo planteamiento es que todos los procedimientos bajo el sistema rápido se clasificarán en una de las cuatro franjas en función de su complejidad, siendo la primera la menos compleja y la cuarta la de mayor complicación.

Y ahí entrarán las costas fijas recuperables, ya que el nivel de las FRC dependerá de la franja y de la fase en que se encuentre el caso.

Así por ejemplo, en la franja uno se encuentran los accidentes de tráfico sin daños personales y la reclamaciones de cantidad con personación del demandado. En la franja dos, los daños personales de accidentes de tráfico o las famosas reclamaciones por enfermedad durante las vacaciones.

En la franja tres estarían, por ejemplo, las otras reclamaciones por responsabilidad civil, los desahucios con recuperación del inmueble y cualquier otra reclamación dineraria.

Y finalmente en la última franja, la reclamaciones de posesión de la propiedad particularmente complejas o las reclamaciones por negligencia médica, entre otros.

Además se contempla que sean los jueces quienes puedan asignar un caso a una franja distinta a la sugerida por la norma, si consideran que puede ser más apropiada para ese caso específico.

Y es que me parece que todos nos hemos encontrado en alguna ocasión con un ‘simple’ Juicio verbal que al final se convirtió en un campo de batalla que ni las Navas de Tolosa.

Pues eso es precisamente lo que se quiere evitar, y ¿quién mejor para decidir, sino el Juez?

En cualquier caso, una vez se haya asignado el caso a una franja, sólo se revisará la decisión en casos tasados, por ejemplo, si se produjera una injusticia manifiesta. Para ello, se permitirá la impugnación de la asignación.

Pero ojo, porque si la impugnación es finalmente desestimada, esto conllevará una imposición de costas de 150 libras.

El nuevo planteamiento es que todos los procedimientos bajo el sistema rápido se clasificarán en una de las cuatro franjas en función de su complejidad, siendo la primera la menos compleja y la cuarta la de mayor complicación.

PENALIZAR EL ‘COMPORTAMIENTO IRRAZONABLE’

Otra cuestión interesante es que las normas procesales impondrán penalizaciones para aquellas partes que provoquen retrasos en la tramitación de los casos sin otro interés que el de meramente dilatar el proceso, por ejemplo, con la interposición de incidentes procesales sin criterio ninguno.

Así, la idea es que, en tal caso, dicha parte verá cómo se le aplicará nada menos que hasta un 50 % más de costes en su contra, o una reducción igual si son a su favor, cuando haya tenido ‘un comportamiento irrazonable’, (‘unreasonable behaviour’) consiguiendo que el personal se lo piense dos veces antes de presentar escritos al juzgado.

Una idea que seguramente haría furor en España, dado que hay mucho ‘loco por incordiar’, como diría el gran Rosendo.

Como curiosidad, el ‘comportamiento irrazonable’ no será necesario ser definida por el legislador ya que la práctica procesal inglesa (el ‘case law`) es particularmente rico en casos para tratar de identificar ese tipo de conductas, por ejemplo cuando una de las partes rechaza sin ninguna justificación someterse a un proceso de mediación.

Les suena la música ¿verdad?

Pues que sepan que no es invento español sino que el caso que puso en órbita este criterio es ADS Aerospace Ltd v EMS Global Tracking Ltd [2012] EWHC 2904 (TCC) (24 October 2012) resuelto por Mr Justice Akenhead y en el que se discutían las costas procesales de  ADS Aerospace Ltd v EMS Global Tracking Ltd [2012] EWHC 2310 (TCC) (03 August 2012).

El asunto se había iniciado por EMS con una demanda de 16 millones de dólares contra ADS por el incumplimiento de un contrato de distribución exclusiva de dispositivos de seguimiento por satélite para aviones o helicópteros.

Tras los correspondientes trámites procesales, el caso fue desestimado y la demandante fue condenada en costas. De ahí que el juez Akenhead debía pronunciarse sobre las costas en una sentencia decisión.

La cuestión es que ADS, la demandante sostenía que debía beneficiarse de una reducción sustancial en las costas, cifrándose en un 50% para reflejar la falta de voluntad EMS de acudir a una mediación para tratar de resolver las diferencias extrajudicialmente.

Como es lógico, EMS se opuso a tal pretensión, reclamando el total de las costas,

Para fundamentar sus posturas, las partes proporcionaron al juez Akenhead información muy curiosa sobre el comportamiento durante la tramitación del caso, de tal manera que se conoció que los ‘solicitors’ de la demandada habían propuesto conversaciones para llegar a un acuerdo, pero el demandante quiso esperar hasta el intercambio de declaraciones de los testigos.

Además, según se acreditó durante el proceso, tras varias propuestas de acuerdo infructuosas, reuniones y conversaciones, ADS rechazó una oferta de conciliación de EMS y no fue hasta con posterioridad cuando sugirió entonces que las partes iniciaran una mediación.

A esta propuesta respondió EMS ya cansada de tanto mareo, rechazándola porque no creía que una mediación valiera ya la pena dado que ambas partes conocían la postura de la otra. Así concluyó, sería una pérdida de tiempo y de dinero, de los que andamos siempre escasos.

Por ese motivo, la demandante opuso a la condena en costas que EMS había actuado ‘de forma irrazonable’ al rechazar su solicitud de mediación, a lo que la demandada contestó que actuó razonablemente dadas las circunstancias y actitud de ADS.

Con celebrado acierto y, lejos de automatismos procesales, el Juez Akenhead, sentenció que EMS no había actuado irrazonablemente al negarse a participar en la mediación propuesta, ya que estuvo en todo momento dispuesto a entablar conversaciones con la demandante y fue esta quien no quiso.

Para ello acudió primero a la sentencia clave en este tipo de asuntos, el caso Halsey v Milton Keynes NHS Trust [2004] EWCA Civ 576 y, en conclusión, señaló que fue la actora quien no quiso entablar una negociación con EMS hasta bastante más avanzado el proceso, a pesar de los intentos de la demandada en iniciar los contactos mucho antes.

Por tanto, el juez Akenhead no accedió a ninguna reducción de las costas ya que lo importante es querer tratar de resolver el caso sin acudir al proceso judicial, no el tactismo de esperar al último momento para después acudir al mero formalismo de una petición de mediación.

En otras palabras y como dice el refranero, ‘obras son amores, y no buenas razones’.

Por cierto, las costas a favor de EMS fueron de 877.000 libras.

Seguimos la semana que viene.

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