Juana Rivas, la madre condenada a dos años y medio de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, cumplirá el resto de la condena en su casa con una pulsera de control telemático.
Le quedan aproximadamente nueve meses por cumplir.
Instituciones Penitenciarias ha aprobado que, a partir del próximo miércoles 22 de diciembre, pase a la modalidad de cumplimiento del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, una decisión que «facilita que pueda disfrutar con sus hijos estas Navidades, después de unos meses muy duros», según ha informado su abogado, Carlos Aránguez.
El pasado viernes, el magistrado titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, rechazó suspender la pena de prisión que le resta por cumplir a Rivas tras el indulto parcial concedido por el Gobierno.
Su defensa recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Granada y también presentó un escrito solicitando que se ampliaran sus salidas del Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de la capital granadina para poder trabajar.
Según ha informado la defensa, aportó, además, numerosa documentación, en tanto que, según señala Aránguez, el juzgado no había comunicado oficialmente al centro penitenciario la concesión de esta medida de gracia a su cliente, algo que ha considerado «extremadamente grave».
En la Junta de Tratamiento celebrada el pasado miércoles se acordó ampliar los permisos de salida del CIS para que Rivas pudiera atender sus obligaciones laborales de 8.00 a 21.30 horas, teniendo que volver a dormir al centro, y pudiendo disfrutar de dos fines de semana al mes como permisos de salida. Ahora, Instituciones Penitenciarias ha aprobado que pueda cumplir lo que le queda de condena en su casa con control telemático.
Juana Rivas fue condenada por el Piñar, que la juzgó en primera instancia, a cinco años de cárcel y a seis sin sus hijos como autora de dos delitos de sustracción de menores, dos años y medio por cada uno de los delitos. Una sentencia que Rivas recurrió la sentencia ante la Audiencia de Granada, que en marzo de 2019 ratificó la pena, si bien discrepó en la cuantía de la indemnización a su exmarido. Piñar la había fijado en 30.000 euros y la Audiencia la redujo a 12.000 euros.
Entonces, Rivas recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de abril la confirmó, pero la rebajó a dos y medio al considerar que aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
La resolución incluye el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García, al que se adhirió el magistrado Andrés Martínez Arrieta, favorables a confirmar la sentencia de la Audiencia al considerar que se trata de dos delitos y no de uno.
El pasado mes de mayo, juez Piñar negó la suspensión de la pena por ser superior a los dos años, y Juana Rivas ingresó el 11 de julio en el centro de inserción social (CIS) Matilde Cantos de la capital granadina, en el que estuvo interna cuatro días, hasta que se fue clasificada en tercer grado y se le aplicó el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que supuso que cumpliera la pena en su domicilio con pulsera telemática.
La Fiscalía recurrió la concesión del tercer grado que desde el 15 de junio permitió a Rivas cumplir en su domicilio la pena, y el 20 de julio el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimó parcialmente su recurso de alzada, por lo que la condenada tuvo que volver a ingresar en un Centro de Inserción Social.
El Gobierno le concedió el indulto parcial el pasado 16 de noviembre, rebajando la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los conmutó por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
La decisión del Ejecutivo se produjo dos semanas después de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno al indulto. El TS Descartó, por unanimidad, apoyar la concesión del indulto total a Rivas. Respecto a un indulto parcial, ocho magistrados se mostraron a favor y otros ocho en contra, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.
El primer grupo apelaba «al interés del menor», tras analizar nueva documentación presentada por la madre sobre la situación de «angustia» que vivía el hijo mayor por la separación de su progenitora y los presuntos malos tratos del padre.
El otro grupo cuestionaba que se pudiera conocer el interés superior de los niños solo a partir de la información aportada por una de las partes. Estos magistrados creen que si esta medida de gracia se administra «sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad», se vería afectada «la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos».
Está pendiente que la Audiencia de Granada se pronuncie sobre el recurso en el que la defensa de Rivas solicita la revocación del auto del juez Piñar que rechaza suspenderle la ejecución de la pena que le resta por cumplir.
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