PSOE, Podemos y Bildu «dictan sentencia» en la Comisión Kitchen y «condenan» al PP

PSOE, Podemos y Bildu «dictan sentencia» en la Comisión Kitchen y «condenan» al PP

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23/12/2021 11:25
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Actualizado: 23/12/2021 11:29
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La comisión del Congreso que ha investigado este año la operación ‘Kitchen’ aprobó ayer el documento de conclusiones propuesto por el PSOE, que contó con el apoyo de Unidas Podemos y Bildu, y que «ha fallado» que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se «ordenó» desde «la cúpula directiva» del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que «informaba» al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

«El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizaran efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban», dice el texto aprobado.

El documento de la Comisión, bautizada oficialmente como “Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular”, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Resalta que se produjo «con el conocimiento» de Cospedal que «informaba» a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien «encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo» y que el «epicentro» del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de «obstruir» las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama «de interés particular exclusivo del Partido Popular» se utilizaron «presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular».

La Comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir «la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo presidente del Gobierno».

El caso, actualmente, se encuentra en fase de investigación en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón, por lo que las actividades de la Comisión han corrido paralelas a la instrucción judicial, un hecho altamente irregular.

La pieza fue iniciada en noviembre de 2018 con el fin de esclarecer los hechos en esta supuesta operación parapolicial sucedida entre 2013 y 2015 y forma parte del llamado «caso Tándem», una macrocausa sobre las actividades del comisario jubilado, José Manuel Villarejo.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP.

Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno apoyaron el documento de los socialistas, al que se añadieron dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos.

En concreto, se agregó una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor «objetividad y transparencia».

Además, se dejó constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde.

Sin embargo, estos añadidos de última hora, no fueron suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención.

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.

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