La "necesidad" de su modificación dejó de serlo tras la última remodelación del Gobierno, en julio pasado. "Necesidad" que tenía su origen en la condena del juicio del "procés" en el que 9 líderes separatistas fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años y que fueron indultados después por el Gobierno.
La reforma de los delitos de sedición y rebelión ha dejado de ser oficialmente prioritaria para el Gobierno
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12/1/2022 05:11
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Actualizado: 24/1/2022 15:40
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La reforma del Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición ha dejado de ser prioritaria para el Gobierno. No se encuentran «alineados con los ejes estratégicos». Los nuevos.
Así lo afirmó ayer el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños.
No figuran en lo que ayer describió como el Plan Anual normativo del Goibierno.
Tampoco figura la modificación de injurias a la Corona.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Plan normativo del Gobierno no incluiría la reforma del Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición y tampoco se ha incluido nada sobre las injurias la Corona.
Se quedan como están.
Las prioridades, a día de hoy, van por otro lado.
Son, en concreto, 368 normas. Que irán aprobándose a lo largo de 2022.
Ni la rebelión ni la sedición ni las injurias contra la corona se encuentran en esa «alineación».
De estas 368 normas –»casi una norma por día», según el ministro–, 61 están relacionadas con el Plan de Recuperación, 92 serán leyes, 11 de las cuales serán leyes orgánicas y 81 ordinarias y el resto, 276, serán Reales Decretos.
Entre las novedades se incluye una Ley de Organización de los Municipios de Menor Tamaño, una de prevención de conflictos de interés en el sector público, regulando las segundas actividades y una regulación de las relaciones con los grupos de interés.
El «enfriamiento» de la reforma de estos delitos se produjo tras la última remodelación del Gobierno, en julio del año pasado.
Hasta ese momento, la modificación de los tres delitos era esencial, «en línea con los códigos penales» del resto de Europa, se dijo desde el Gobierno.
Ya no.
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