Pilar Llop: ‘Se puede revisar la inviolabilidad del Rey, pero ahora no es el momento’
Llop ha intervenido hoy en el Desayuno Informativo de Europa Press, en el que también denunciado que el PP bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de que es un órgano "que tiene impacto directo en la vida de los ciudadanos". Foto: Eduardo Parra/EP

Pilar Llop: ‘Se puede revisar la inviolabilidad del Rey, pero ahora no es el momento’

Descarta que el Gobierno vaya a impulsar una reforma del delito de sedición en esta Legislatura por falta de mayoría parlamentaria suficiente, aunque en su departamento se trabaja internamente sobre esa reforma
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20/12/2021 15:23
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Actualizado: 20/12/2021 18:39
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La ministra de Justicia, Pilar LLop, ha señalado hoy que la inviolabilidad del Rey «se puede reformar», si bien ha reconocido que la «fragmentación política» hace que no sea «el momento más propicio para poder abordar una reforma constitucional», ya que requerirá del apoyo del Partido Popular.

Llop se ha pronunciado así en el Desayuno Informativo de Europa Press, en el que ha destacado los «grandes pasos» que el Rey Felipe VI está dando «en materia de transparencia y modernización» de la Casa Real.

La titular de Justicia ha señalado que hay un «debate» en torno a la inviolabilidad del Rey, y ha incidido en esos avances que, a su juicio, «deben salir de la propia institución». «En su momento se habló de esta cuestión (la inviolabilidad). Hay que dar pasos hacia la modernización de todas las instituciones», ha afirmado.

Llop sostiene que los ciudadanos «exigen a los responsables públicos» el cumplimiento de la legislación y ofrecer «todo tipo de explicaciones». «Y eso debe afectar a cualquier institución», ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró el pasado mes de octubre partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado, siendo consciente de que era improbable sin el concierto del principal partido de la oposición. «No es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», explicó entonces Sánchez.

Por otra parte, la ministra ha descartado que el Gobierno vaya a impulsar una reforma del delito de sedición en esta Legislatura, aunque en su departamento se trabaja internamente sobre esa reforma. Y ello, según ha explicado, porque no existe una mayoría parlamentaria suficiente que posibilite una reforma del Código Penal en ese sentido.

Llop ha manifestado que por este motivo no se deben generar «falsas expectativas». Con todo, ha calificado ese delito de «antiguo» y considera que hoy por hoy no responde a parámetros similares a los de otros países del entorno europeo, añadiendo que puede resultar en penas no todo lo proporcionadas que deberían ser.

La ministra ha expuesto que también se trabaja respecto a otros muchos delitos, y ha puesto como ejemplo la modificación de delitos que tienen que ver con el fraude, que ha sido llevado al Consejo de Ministros. En concreto, se ha referido a delitos relacionados con el pago con criptomonedas, y ha apuntado que el crimen organizado se sirve de nuevos paradigmas como el ‘blockchain’ para defraudar.

Respecto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por algunos como ‘Ley Mordaza’, ha destacado la importancia de que dote de un marco de seguridad jurídica tanto a los agentes como a la ciudadanía.

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, ha denunciado que «los cambios que prevé el Gobierno en esta Ley provocarán un aumento de la violencia hacia los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante su actividad profesional».

Otro de los asuntos tratados por la ministra ha sido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Llop ha denunciado que el PP bloquee la renovación y no cumplan con la Constitución, que dice que deben renovarse en tiempo, y ha vuelto a incidir en que los jueces ya eligen a candidatos a vocales.

Frente a lo manifestado por la ministra, «España es una anormalidad democrática», según denuncia Foro Judicial Independiente, «porque todos los miembros del órgano de gobierno del CGPJ son elegidos parlamentariamente y no directamente por los jueces y magistrados». Por ello, las cuatro asociaciones de jueces españolas solicitan que se cumplan las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y se reforme el sistema.

La ministra también ha subrayado en su intervención que el sistema vigente le ha valido al PP durante 35 años. Este no fue el sistema inicialmente previsto en la regulación orgánica, sino un sistema de elección directa de los vocales del Consejo por los jueces.

Además, ha afirmado que el sistema español para elegir al CGPJ es el modelo de Europa más independiente con respecto al Ejecutivo. Y, si bien «ningún modelo es perfecto», el español, a su juicio, es «un buen modelo» porque dota de mayores competencias al Poder Judicial.

«Ojo con tocar las instituciones, porque cuando se toca una pieza del puzzle, se puede desbaratar todo (…)», ha declarado Llop, para añadir que en este momento se deben defender las instituciones, «no menospreciarlas ni socavarlas», porque «si se erosionan los cimientos, se erosiona el Estado de Derecho».

Las asociaciones de jueces abordaron este asunto el pasado mes de septiembre con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, quien tras escucharlas pidió «la mejor renovación posible» del CGPJ y compromiso irrevocable de reformar el sistema.

La ministra también se ha pronunciado sobre la decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar elecciones anticipadas para el 13 de febrero. La considera una «irresponsabilidad» que atribuye a que el jefe del ejecutivo regional quiera impedir que estas elecciones coincidan con la resolución de causas judiciales que afectan a dirigentes del PP en la comunidad autónoma.

Ha recriminado a Mañueco que convoque los comicios regionales cuando se está abordando la crisis sanitaria que aún no ha terminado, y en el momento en el que tiene que gestionar 732 millones de euros de los 11.000 millones de fondos europeos.

Por otra parte, ha mostrado su «solidaridad» ante el acoso a la familia de Canet de Mar (Barcelona), que ha sufrido amenazas después de que el ‘Tribunal Superior de Justicia de Catalunya’ obligara al centro a impartir el 25% del horario escolar en castellano, familia que pide valentía en Cataluña «para reclamar nuestros derechos» y «construir una escuela de todos».

«El Gobierno muestra toda su solidaridad en este y cualquier otro lugar donde se cometa cualquier acoso, más aún cuando hablamos de menores y de centros educativos», ha aseverado Llop, que ha agradecido esta invitación a dialogar sobre distintos temas de actualidad «a través del sano ejercicio de la palabra y la escucha con serenidad».

En este hilo de Twitter puede ver un resumen de su intervención:

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