La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha elaborado y remitido al Parlamento Europeo un informe en el que se pone de manifiesto la «preocupante realidad» que suponen los constantes ataques al poder e independencia judicial por parte de los políticos.
Algo que, según explica en un comunicado la asociación de la que es portavoz nacional Jorge Fernández Vaquero, «incluso se ha convertido en una cuestión estratégica».
Este informe se enmarca en la línea de colaboración de las asociaciones judiciales con el Parlamento Europeo.
El informe detalla como “el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales sobre el que se sustenta la Unión Europea y uno de los principios básicos es la existencia de tribunales independientes, requisito para disfrutar de derechos fundamentales».
«Los ataques al sistema judicial con fines políticos conllevan una degradación de dichos derechos, ya que contribuyen a socavar la legitimidad del poder judicial y, con ello, debilitan el instrumento de satisfacción de la tutela efectiva de los ciudadanos en el disfrute de sus libertades”.
La asociación argumenta que “siempre ha habido críticas a decisiones judiciales por parte de los políticos, pero en los dos últimos años se han intensificado y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión”.
«El elemento más grave y novedoso es que esos ataques se están produciendo desde las propias instituciones»
Según el portavoz de la AJFV Jorge Fernández Vaquero, “los excesos verbales de los políticos a los jueces siempre los ha habido por parte de todos los partidos, pero el elemento más grave y novedoso es que esos ataques se están produciendo desde las propias instituciones».
«En los últimos años cada vez son más frecuentes y virulentos y con una estrategia coordinada en redes sociales. Se ha pasado de la crítica de una sentencia concreta al sistema judicial en su conjunto y este aspecto preocupa y mucho a las instituciones europeas según nos lo han trasladado a las asociaciones judiciales».
“Se observa toda una estrategia de deslegitimación del poder judicial con afirmaciones o consignas de descrédito social de los jueces y tribunales. Están basadas en prejuicios y cuya finalidad no es la sana crítica, sino someter a influencia y control la independencia judicial, mermando el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva, así como la garantía de los derechos fundamentales».
En este sentido, la asociación recoge en el informe que «no se pretende la sana crítica de las sentencias y resoluciones judiciales por sus fundamentos jurídicos, sino el ataque hacia la credibilidad del poder judicial en todo aquello que no interese».
En esa estrategia se incluyen varios elementos que se repiten de manera reiterada, afirma, se denuncia la falta de legitimidad democrática de los jueces, en especial en el sistema de elección de los vocales del CGPJ.
También la politización de los jueces por su participación política y posterior regreso a la judicatura, la ideología de los jueces, supuesto sesgo ideológico (lawfare), se acusa a la carrera de sistema elitista de acceso a la judicatura, así como la falta de pluralidad y endogamia o que los jueces están “desconectados de la realidad” (estereotipos caricaturizantes).
Asimismo, supuestos vínculos entre jueces y los núcleos de poder económico y/o político asociados a la corrupción.
De esta estrategia, concluye el informe, “se derivan grandes riesgos: la interferencia de los poderes políticos en el proceso de selección de jueces y magistrados; que los jueces puedan verse influidos en sus decisiones por presiones externas; que la falta de legitimidad del Poder Judicial sirva de escudo a comportamientos políticos inadecuados; y, el más importante de todos, la destrucción de la confianza ciudadana en el sistema judicial”.
