El plan normativo aprobado por el Gobierno contiene 368 normas y 61 tienen relación con los Fondos Europeos
Cuatro expertos analizan para Confilegal el contenido de este plan que ha hecho público el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Foto: EP.

El plan normativo aprobado por el Gobierno contiene 368 normas y 61 tienen relación con los Fondos Europeos

Así se refleja en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022
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14/1/2022 06:48
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Actualizado: 13/1/2022 20:11
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Un total de 61 de las 368 leyes que contiene el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022 tienen relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia presentado a Bruselas de cara a recibir los Fondos Next Generation.

En él se contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante 2022 al Consejo de Ministros para su aprobación.

Expertos consultados por Confilegal consideran este plan anual muy ambiguo, sin horizonte temporal en cuanto a la realización y aprobación de los textos normativos.  

También aclaran que hay normativas ya muy avanzadas y otras sin desarrollar, pero no se especifica en el citado plan.

Demasiadas normas para aprobar

Miguel Temboury, exsubsecretario de Economía con Luis de Guindos, abogado del Estado en excedencia, recuerda que “cuando aprobamos esta iniciativa en la Ley del Gobierno de 1997, que se introdujo en el 2015, la idea era que tenía que ser una coordinación y no una mera yuxtaposición de normas como lo que se ve en este Plan Normativo”.

Para Temboury, “la idea es aprobar muchas normas. 368 son demasiadas. Creo que siempre hay que ir a lo imprescindible a nivel normativo. Hay también 11 leyes orgánicas y 88 leyes es una barbaridad. Casi 100 leyes nuevas. 400 en una legislatura, sin contar Decretos Leyes que son la verdadera forma de funcionar de este Gobierno”.

Otra cuestión que destaca es que “solo el 10% de las normas están sujetas a evaluación. Según el Decreto que desarrolla este Plan Normativo, si no está sujeto a evaluación no parece que sea una norma con importancia. Solo se someten a evaluación 35, relacionadas con derechos sociales y Agenda 2030. Las leyes económicas no están sujetas a dicha evaluación”.

Otro tema importante “es que no hay indicación temporal ninguna. Cuando se aprobó la norma se trataba de dosificar y racionar a lo largo del daño. En principio en la  Orden Ministerial que regula esta actividad está previsto que los Ministerios informen de las fecha que van a presentar cada cosa. Aquí no hay orientación temporal ni como se gestiona. Se trata de organizar la carga de trabajo de los órganos colegiados del Gobierno”.

Miguel Temboury dirige Temboury Abogados, especializado en Derecho Público y Regulatorio.

En cuanto a normas relevantes que le han llamado la atención, Temboury destaca que “se habla de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyecto importante, tambein el Reglamento del sector jurídico del Estado, reglamento Ministerio Fiscal y Real Decreto del Estatuto del Administrador concursal.”

Este jurista también se hace eco de normativa a nivel económico como la creación de la “Autoridad de protección del cliente financiero. Esa la anunciamos nosotros en el 2017 pero no llegamos a cumplir el plazo. Veremos si dará la luz y en qué sentido”, comenta

Modernizar la administracion de justicia

Por su parte, José Ángel Castillo, socio codirector de derecho público de EJASO ETL Global y magistrado en excedencia, indica que este plan normativo está sistematizado por cada uno de los Ministerios proponentes, relacionándose cada uno de los proyectos de Ley y Real Decreto.

“Lógicamente, dentro del amplio número de proposiciones que se relacionan unas contienen una mayor carga ideológica, como es normal, pues cada Gobierno impulsa las que obedecen a su correspondiente programa, mientras que otras -algunas de las cuales ya se habían anunciado- tienen un carácter más técnico o tienen una menor carga política”.

Otro dato que resalta “es que del número total de proyectos (368), 61 se corresponden con normas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2021”.

“En el ámbito de la Administración de Justicia, destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se pretende convertir a los juzgados unipersonales en tribunales, con una organización colegiada”, subraya.

Castillo resalta que “se prevé la ya hace tiempo anunciada modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se pretende atribuir al Ministerio Fiscal las competencias de investigación en la fase de instrucción”.

De la mano de esta última reforma, también se prevé la modificación del Reglamento del Ministerio Fiscal, a fin de actualizar el desarrollo de la regulación del estatuto jurídico de los miembros de la Carrera Fiscal.

José Ángel Castillo, socio codirector de derecho público de EJASO ETL Global.

Contiene también varias relevantes propuestas legislativas y reglamentarias que afectan a la organización de la Administraciones Públicas. En concreto, se proyecta la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, entre otros fines, para adaptar los servicios públicos a las nuevas tecnologías y frenar la despoblación de los municipios de menor población.

Ttambién de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de potenciar la colaboración entre Administraciones Públicas Territoriales.

Para este jurista “son muchos y diversos los ámbitos afectados por el PAN-22, que si bien presenta objetivos muy elevados -y que difícilmente podrán cumplirse en su totalidad- esperemos que sirva al menos retomar un escenario de mayor normalidad de iniciativa normativa por parte del Gobierno”.

Falta un calendario de aprobación

Por su parte, Alberto Dorrego, socio responsable de derecho publico de Eversheds Sutherland, cree que “el plan normativo anual del Gobierno que es una herramienta positiva. Que se publique todos los años las previsiones de lo que se va a regular en todos lo sectores y se sepan las previsiones. Está traído del derecho al español por las instituciones de la UE y del mundo norteamericano”.

A su juicio, “se echa  en falta una planificación temporal. Hay textos que ya están hechos y otros no pero no se sabe en que estado se encuentran avanzados. Creo que deberían darse alguna pista para no estar en fuera de juego. Pero no se especifican en qué estado están estas normas”.

Para este experto esta falta de planificación “hace que hay cosas que no se van a aprobar el año que viene. Si no se han mandado al Consejo de Ministros no se van a aprobar por las Cortes Generales. Hay Reales Decreto que corresponden al Gobierno que son tan complejos que no podrán admitirse”.

Este jurista “cree que hay leyes importantes con impacto en el sector del transporte, la ley de Movilidad Sostenible, una especie de Ley General de Transporte muy avanzada la redacción También la Ley de Vivienda que incorpora todos los instrumentos de colaboración publico-privada en materia de vivienda. Y será importante la Ley del Sistema Universitario donde ya hay un texto ya avanzado en este materia”.

Alberto Dorrego, socio responsable de derecho publico de Eversheds Sutherland.

Dorrego indica que habrá una nueva Ley de Industria que renovará a la existente de los años 90 pero no sabemos en que su tramitación. En Trabajo habrá una Ley General de Empleo de todo el sistema de Formación Profesional e intermediación laboral, que está avanzada.

También señala como importante el Reglamento General de la Ley de Contratos, que desarrolla la Ley de Contratos 9/2017 del Sector Público que es clave para impulsar esta normativa y una nueva Ley de Función Publica para la Administración General del Estado.

Un reto normativo importante

Para Alberto Palomar, socio de Broseta,  “el plan que se acaba de presentar es ciertamente ambicioso, especialmente en el marco de una composición parlamentaria que no se está mostrando, precisamente, como la más ágil para la política legislativa, y que ha acabado agudizando la utilización del real decreto-ley como alternativa a las dificultades de la tramitación convencional”.

“Este tránsito es ciertamente complejo, porque altera el conjunto del sistema y, especialmente, el procedimiento de elaboración de las normas y la participación de los órganos consultivos en esta labor. Es cierto que, por más que el Tribunal Constitucional venga negando la intensidad de la utilización de este instrumento normativo, su utilización es la que permite cumplir objetivos políticos en un entorno parlamentaria no demasiado ágil”, comenta.

Palomar destaca que “fuera de esta apelación a la realidad de los últimos años podemos indicar que el plan es ambicioso. 11 Proyectos de Ley Orgánica, 81 proyectos de ley y 276 de real decreto que suman un total de 368 anuales y que justifica la expresión del Ministro de la Presidencia sobre la necesidad de aprobar una norma por día”.

Alberto Palomar, socio de Broseta.

También señala que “desde una perspectiva descriptiva, el mayor número de iniciativas corresponde a educación (39), seguido de agricultura (28) y con derechos sociales (21), empleo y relaciones laborales (22), sanidad (23) y Transportes (22) como las áreas temáticas de mayor contenido normativo”.

Para este jurista, “la cantidad está, por tanto, asegurada. El problema es la calidad y la capacidad de cuidar la técnica legislativa en un entorno tan exigente”.

Palomar lo ve como “un enorme impulso normativo cuyo balance habrá que hacer a finales de año, pero que hay que alabar en lo que significa de transparencia y de previsibilidad de la acción de Gobierno”.

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