La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Burgos, María Antonia García López, considera como investigados –antes imputados– a Daniel de la Rosa Villahoz, al alcalde socialista de Burgos, y al tenitente de alcalde, Vicente Marañón de Pablo, de Ciudadanos, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el ejercicio de sus respectivos cargos, según consta en un auto dictado el 20 de diciembre de 2021.
«Los hechos que resultan de las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este Juzgado», dice el auto, por el que se incoan las diligencias previas, dando comienzo a la instrucción de la causa.
La magistrada ordena que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burgos que le remitan el expediente 140/2018 SER-HAC.
Es el relativo al contrato de prestación de los servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos domésticos y similares –contrato de basuras–, para el término municipal de Burgos.
Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Urbaser, S.A. el pasado 15 de octubre por diez años. Tiene un coste más IVA de 159.635.137 euros.
La incoación de las diligencias previas tiene por objeto determinar si se falsificaron las actas que dieron lugar a la adjudicación a Urbaser.
Esta empresa era entonces propiedad de la multinacional China Tianying Inc. Una adjudicación que, al parecer, podría tener relación con la adquisición por Urbaser de otra sociedad en la que el hermano del teniente de alcalde es consejero.
Urbaser fue fundada en 1990. Tiene su sede en Madrid. Es una de las mayores empresas españolas de servicios y está especializada en gestion de basuras, su principal área de negocio. Anteriormente fue una filial del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, quien la vendió a la sociedad china en el 2016.
China Tianying Inc. vendió recientemente Urbaser al fondo Platinum Equity por 3.500 millones de euros.
