La candidatura Abogamos impugna las elecciones que renovaron parte de la Junta de Gobierno del ICAMUR
Los letrados recurrentes aseguran que han tenido conocimiento de que "una sola persona había remitido más de 80 votos por correo certificado" y apoyan este recurso en la investigación realizada por una detective privado. Foto: ICAMUR

La candidatura Abogamos impugna las elecciones que renovaron parte de la Junta de Gobierno del ICAMUR

La candidatura Por la abogacía que queremos se proclamó vencedora y la otra candidatura que optó al cargo afirma que hubo irregularidades en el voto por correo, algo que desde ICAMUR niegan y defienden la legalidad del proceso
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02/2/2022 12:22
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Actualizado: 04/7/2022 16:53
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El pasado 18 de diciembre se celebraron elecciones en el Colegio de Abogados de Murcia (ICAMUR) para la elección de parte de la Junta de Gobierno. En concreto, los puestos a los que optaban los candidatos fueron los de diputado 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, bibliotecario y secretario.

Tras ello, un grupo de letrados que optaron al cargo, los miembros de la candidatura Abogamos, salvo uno de ellos, han recurrido en alzada ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) las elecciones, en las que se proclamó vencedora la candidatura Por la abogacía que queremos

Piden que se anulen «por haber existido un uso incorrecto del voto por correo».

Los miembros de la lista ganadora recibieron entre 1.052 y 1.079 votos cada uno frente a los 437 votos de media que obtuvo la otra candidatura. 

Los colegiados, en total 4.520 estaban convocados y tenían derecho a votar, eligieron al equipo constituido por José Ramón Guerrero, para el cargo de diputado número 4, que obtuvo 1.052 votos; Daniela Belén Rubio Riera, como bibliotecaria, con 1.077 votos; José Manuel Hernández Benavente, diputado número 9, con 1.074 votos; Cristina García López, secretaria, 1.072 votos; Carlos Pascual Rojo Fuentes, diputado número 6, 1.045 votos; Blanca Castillo Amorós, diputada número 5, 1.077 votos; y Julián Lozano Carrillo, diputado número ocho, 1.079 votos.

Por su parte, Abogamos obtuvo los siguientes votos: Antonio Gea, aspirante a diputado número 9, un total de 428; Sergio Marco, para diputado número 4, recibió 433 votos; María Victoria López, para diputada número 8, obtuvo 420 votos; Jawal Romaili, para diputado número 6, recibió 437; Rosa Vigueras, candidata a bibliotecaria, 444 votos; Francisco Luis Valdés-Albistur, candidato para secretario, 452; y Raúl Noguera, para diputado número 5, recibió 451 votos.

Candidatura Abogamos del ICAMUR
De izquierda a derecha los miembros de la candidatura Abogamos: Antonio Gea, Sergio Marco, Victoria Lopez, Jawad Romaili, Rosa Vigueras y Francisco Valdés.

Los recurrentes afirman que el motivo de la impugnación viene fundamentado en que han tenido conocimiento de la «utilización incorrecta por parte de los otros candidatos del voto por correo, pues se les informó de que se estaba realizando una recogida de voto masiva en despachos y que los mismos eran depositados en las oficinas de correos por una sóla persona de la otra candidatura».

«Uno de los acontecimientos de los que se tuvo conocimiento fue que una sóla persona había remitido más de 80 votos por correo certificado en una oficina de correos próxima a la sede colegial, lo que en opinión de los recurrentes conculca los más elementales principios y valores democráticos que debe regir todo proceso electoral», explica a Confilegal uno de los letradas recurrentes. Informa que apoyan este recurso en la investigación realizada por una detective privado.

Señalan que el voto por correo emitido fue muy numeroso, «superó los 300 votos», y que ha sido «fundamental para la elección de los candidatos».

La candidatura Abogamos también denuncia que el proceso «adoleció de una discriminación del voto telemático ejerciente y no ejerciente como venía previsto en la convocatoria de elecciones».

En este sentido, indica que en los Estatutos se prevé que el voto del colegiado ejerciente se multiplique por dos, «lo que conlleva que la diferencia también se duplique, por lo que el resultado real debe dividirse entre dos». Según exponen los recurrentes, «esto genera confusión entre los colegiados que desconocen esta previsión estatutaria ya que desde el Colegio de Abogados no se ha proporcionado la información real de los letrados que concurrieron a la votación».

Aseguran que el resultado «real» de las votaciones «no se ha comunicado a los colegiados» y que debería conocerse el número real de letrados que votaron que, según los recurrentes, no superó los 1.000 electores.

La candidatura Abogamos informa que con anterioridad a la celebración de las elecciones, solicitaron por escrito a la Junta de Gobierno que separara el voto por correo del presencial, pues ya se tenía conocimiento de la remisión masiva de votos en las oficinas de correos. Con posterioridad a las mismas, pidieron a la Junta el acta de la asamblea, certificación de los resultados electorales con indicación expresa de los votos válidos emitidos, ejercientes y no ejercientes, con indicación del que se emitió de forma presencial, por correo y telemático.

Según afirman, el ICAMUR «no facilitó la documentación solicitada».

Los recurrentes consideran que «no se ha respetado el ‘fair play’ -juego limpio- que debe regir cualquier proceso electoral».

Se muestran cautelosos «ante todos los acontecimientos que se están produciendo» y les llama la atención que desde el Colegio se emita un comunicado oficial a través de una circular a los colegiados, por dos razones.

Una, según explican, porque por las vías procedimentales establecidas no han atendido a ninguna de sus solicitudes ni les han facilitado la información que debe ser pública sobre los resultados electorales, y la otra, porque «desde la institución están posicionándose junto a los candidatos electos», cuando los recurrentes entienden que la Junta de Gobierno «debería mantenerse al margen de cualquier pronunciamiento favorecedor o no respecto de cualquiera de las partes implicadas».

Los recurrentes afirman que en ningún momento han puesto en cuestión ni a la institución ni a los miembros de la Junta y que únicamente discrepan «desde el respeto, del uso que se hizo del voto por correo». Los letrados recurrentes apuntan que hasta el momento no han pretendido dar publicidad de lo acontecido.

Manifiestan que la forma de proceder de la Junta de Gobierno del ICAMUR «está generando confusión sobre el proceso, al realizar una interpretación capciosa de lo acontecido». En definitiva, mantienen que no tienen otro interés que «clarificar el uso del voto por correo de aquí en adelante y en futuros procesos electorales en el Colegio».

También indican que desde el Icamur se remitió una circular a los colegiados informando del recurso, en la que el Colegio afirma que no se ha producido ninguna irregularidad en el sistema del voto por correo y que la única obligación contenida en los Estatutos, como en la ley electoral general, es exigir que sea el colegiado quien de manera personal solicite la documentación del voto por correo y asegurar la recepción de dicha documentación al colegiado.

DESDE ICAMUR DEFIENDEN LA LEGALIDAD DEL PROCESO

El decano del ICAMUR, Francisco Martínez Escribano, defiende la legalidad del proceso electoral y señala que la toma de posesión del nuevo equipo seguirá adelante mientras el Consejo General de la Abogacía Española tramita el recurso de alzada de esta candidatura.

La junta de gobierno enviará a este organismo un informe otorgando detalles sobre el desarrollo de los comicios.

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