PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

La insoportable levedad de la Abogacía Española: Carta abierta a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega

El abogado Marcos Molinero, miembro del Colegio de Abogados de Madrid y autor de esta columna, y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, a quien la dirige. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal.
|

Estimada Victoria, compañera, buenos días.

En esta ocasión no se trata de un eufemismo. Voy a ser breve, conciso y directo.

Desde el más profundo respeto profesional y personal, pero encabezando el clamor de la indignación de la mayoría de la abogacía española debo solicitarte, a ti y a tu Comisión Permanente, que deis un paso al lado y permitáis que otros abogados representen a la abogacía de nuestro país.

Dice nuestro Estatuto General que el fin esencial del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y de los Colegios de Abogados es la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Durante estos dos meses de profunda crisis no solo sanitaria, sino social, económica y de laceración de derechos y garantías, el CGAE ha mostrado su lado más tierno, acomplejado y complaciente, abandonando liderar la efectiva tutela del estado de su esencia social.¡

Nunca el derecho de defensa, que pertenece al cliente, no olvides esto, ha estado más amenazado.

El abogado representa y ejercita técnicamente desde su estrado la autoridad del derecho de defensa. Al mismo nivel y esencialidad que las autoridades que se sitúan en el resto de los estrados.

PUBLICIDAD

Es por tanto una cuestión de actitud y aptitud que los 200.000 abogadas y abogados españoles necesitamos que tengan nuestros representantes, y en especial la presidenta de todos ellos.

Con una irritante grandilocuencia absolutamente hueca y vacía, pregona desde su web que el CGAE, que es el órgano representativo coordinador y ejecutivo de los 83 colegios de abogados, que defiende una abogacía asentada en valores, libre, independiente, líder de opinión, con proyección social y en vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías.

ARRINCONADOS

Pues bien, durante estos más de dos meses de crisis, la Abogacía Española no solo no ha defendido con eficacia los derechos y garantías, sino que no ha sabido, podido o querido “dar un léxico y semántico puñetazo” sobre la mesa de la Administración de Justicia y hacer valer la autoridad que representa el derecho a la defensa.

PUBLICIDAD

Son muchos los ejemplos de arrinconamientos como consecuencia de una visión absolutamente acomplejada de lo que significa la abogacía.

PUBLICIDAD

Como bien apuntaba el prestigioso penalista Iñigo Segrelles, sin abogados no hay Administración de Justicia”, pero cuando desde el propio Estatuto nos “autodefinimos colaboradores u operadores necesarios”…, “empezamos mal”, que decía aquel ilustre magistrado. Acomplejado léxico nos precede entonces.

El abogado no es colaborador ni operador de nada ni de nadie, es un coautor protagonista en todo proceso judicial…, representa la esencialidad indispensable de los sistemas judiciales modernos y democráticos.

Cuando esto se entienda y se exija al resto de protagonistas de esta nuestra Administración de Justicia, empezaremos a obtener lo niveles mínimo de dignidad de la abogacía.

Mientras tanto ni seremos líderes de opinión ni mucho menos nuestra proyección social será una referencia en la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

PUBLICIDAD

Son muchos los ejemplos en los que se refleja ese acomplejamiento y desvalor en el que has situado a la abogacía española.

LOS ABOGADOS HEMOS SIDO NINGUNEADOS 

Ninguna de las normas dictadas durante el “estado español de alarma” ha contado con el refrendo y la autoridad de la abogacía.

Hemos sido ninguneados por todas y cada una de las instancias influyentes que iban aportando sus propios y particulares intereses.

No solo el Ministerio de Justicia ha campado a sus anchas frente a una tímida oposición mas lastimosa que efectiva de la abogacía, sino que el sector judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha podido imponer sus criterios sin la autoridad del derecho a la defensa interviniera en ellos.

Ni la reactivación de un sistema que nunca debía haber sido aletargado, ni la implantación de la justicia digital, ni el reinicio del computo de los plazos procesales son asuntos que haya liderado la abogacía española.

Un humilde decano de los Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, ganó la partida a todo un CGAE para que pudiéramos presentar nuestros escritos.

Quizá era más importante distraer a las redes sociales con asuntos tan acuciantes y urgentes  como “la situación de las colonias felinas tras el estado de alarma” que el pasado 11 de mayo publicó el CGAE en su muro de Facebook.

Soy un enamorado de los animales pero ese no era el momento.

Y no lo era porque ese mismo día el CGPJ publicaba sus acuerdos unilaterales y criterios empoderados para la “elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial que han de elaborar las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional”.

LOS ABOGADOS NO SOMOS REFERENTE NI EN LA CONTROVERSIA JURÍDICA NI EN LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES 

La abogacía española ni estaba ni se la esperaba. No solo aquí, sino tampoco en la elaboración de los criterios para la celebración de juicios a través de medios telemáticos a pesar de que nos la demos de “estar en vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías”.

Aunque lo pregonemos, mas festivamente que por eficacia real, los abogados no somos un referente principal en la controversia jurídica y en la elaboración de las leyes.

Y mucho menos se nos considera desarrolladores de una importante actividad de servicio público plasmada en el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido y los servicios de orientación jurídica, pues difícilmente es importante quien no percibe una cuantía digna y puntual por la prestación de sus servicios.

En estos dos meses se ha patentado de manera inadmisible que la defensa de los derechos e intereses profesionales de los abogados y la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado son tan solo palabras que rellenan negro sobre blanco unas normas propias de poesía para el alma.

Veo como los muchos de esos 83 decanos se afanan en salvar los muebles de su colegios como pueden por no contar con el respaldo institucional del CGAE.

Todos somos conocedores de como el decano de Málaga, Francisco Javier Lara, se veía reprendido por el CGPJ, precisamente por reivindicar la justicia digital y enfrentarse a la inseguridad jurídica que supone que cada juez adopte su propio criterio respecto a la utilización de medios telemáticos.

No soy consciente del respaldo a este abogado por parte del CGAE.

Tampoco tengo conocimiento que se haya respaldado al decano del Colegio de Orihuela, Manuel Almarcha ante los desmanes imperiosos del magistrado Antonio Morente, ni mucho menos que se haya procedido de inmediato a defender a Rosa Vigueras, la abogada que vio aplastada su libertad e independencia en el valiente ejercicio del derecho a la defensa

“Abogado solo es el que ejerce la Abogacía, los demás serán licenciados en derecho. Muy respetables, pero licenciados, nada mas”, decía Angel Osorio en su libro el Alma de la Toga.

Quizá se inspiró en el hidalgo cervantino cuando decía a su escudero  aquello de que “luchamos contra gigantes, el miedo, la ignorancia  y la injusticia”.

NUESTRA FINALIDAD ES PERSEGUIR LA JUSTICIA 

Por eso, estimada compañera y presidenta, solo para los abogados, nuestra finalidad es perseguir la justicia, mientras que para los respetables, estimables y muy considerables licenciados, su finalidad es perseguir el derecho.

La necesaria y “marmotiana” reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la harán otros juristas sin toga ni estrado. Otros licenciados en derecho, pero no encontramos en esa Comisión abogados.

La necesaria y ansiada ley del derecho a la defensa no cuenta en su comisión redactora, salvo dos o quizá tres ilustres excepciones, con togas labradas en estrados que representen la autoridad del derecho a la defensa que debe imprentar a la abogacía española.

Soy conocedor, presidenta, de que formas parte de esa “comisión redactora de expertos”, pero a su vez debes ser sabedora de que a la abogacía española les resulta difícil entender como quien no defiende en el foro los valores esenciales puede representar en la redacción de una ley tan esencial, la autoridad del derecho a la defensa que reside en nuestro estrado.

Termino, lamentando tener que escribir estas palabras.

Parafraseando al reverendo Martin Luther King junior, lo más preocupante de tu Presidencia es el silencio buenista y complaciente, pues el grito de los violentos, los corruptos y los deshonestos lo podemos oír y combatir.

Sin embargo, el callar solo es cómplice de la pavura (el temor o pavor), aquel gigante que tanto temía el ingenioso hidalgo.