Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga (ICAMALAGA) ha respondido de un modo contundente y rotundo al recordatorio que ayer le dirigió el Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que le corresponde a los jueces decidir si una comparecencia «ha de realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar».
De acuerdo con el decano, «El Consejo General del Poder Judicial tendría que hacer que se cumpla el Real Decreto 16/2020 y velar porque no se ponga en peligro la salud de nadie, ante el peligro de contagio por COVID-19, e impedir que los jueces actúen caprichosamente».
Y ha añadido, en declaraciones a Confilegal [claramente enfadado tras conocer la nota de prensa que ayer dirigió a su Colegio la Comisión Permanente del CGPJ]: «Dicho Real Decreto dice que las asistencias serán preferentemente por medios telemáticos, cuando sea posible. Lo que no puede ser es que Juzgados que tienen esos medios se nieguen a utilizarlos porque el juez o el letrado judicial no saben utilizarlos o porque no hay voluntad de hacerlo. Eso, precisamente, tendría que ser competencia del CGPJ. Su órgano de gobierno tendría que obligar a los jueces a utilizar los medios telemáticos, siempre que los tengan».
POR ENCIMA DE LA INTERPRETACIÓN DEL CGPJ ESTÁ LA SALUD DE LAS PERSONAS
A su juicio, «Por encima de esa interpretación del CGPJ está la salud de las personas, de los detenidos, de las víctimas, de los testigos y, por supuesto, de los que a mí me toca cuidar, que es la de los abogados que van a los Juzgados todos los días a asistir a los detenidos o a practicar cualquier diligencia. Lo que no es de recibo es que la forma de llevar el Juzgado quede al arbitrio del juez, como si fuese su cortijo, confundiéndolo con la independencia del poder judicial«.
La advertencia de la Comisión Permanente del CGPJ se ha producido en repuesta al comunicado que emitió la pasada semana el ICAMALAGA, anunciando su intención de suspender las guardias presenciales en todos los partidos judiciales de esta provincia andaluza, incluido el de Málaga capital, y en la Fiscalía de Menores.
Guardias que, en opinión de la máxima autoridad de la Abogacía de la provincia, podían haberse hecho telemáticamente, como dice el Real Decreto citado, y se estaba obligando a los abogados a bajar a calabozos, donde el riesgo de contagio aumentaba exponencialmente.
El CGPJ le ha recordado al Colegio de Abogados de Málaga que esa decisión le corresponde tomarla al magistrado titular del órgano judicial ante el que se va a practicar la actuación procesal.
Es él quien «dentro del procedimiento, ha de acordar lo procedente sobre si la presencia del letrado que deba asistir a la misma ha de ser presencial, por videoconferencia o por otro sistema similar”.
Y el CGPJ ha hecho especial hincapié en que “dicha resolución judicial resulta de obligado cumplimiento y, en consecuencia, la falta de acatamiento por el obligado podría conllevar, en su caso, responsabilidad disciplinaria y/o penal”.
EL CGPJ SE HA QUEDADO EN LA SUPERFICIE, SEGÚN EL DECANO
Frente a esa afirmación, Lara considera que el CGPJ se ha quedado en la superficie, desconociendo el fondo del problema, con lo que se ha dado una muestra evidente de corporativismo y de defensa cerrada de los suyos.
«Si a mí me dicen que en un juzgado de pueblo, perdido en la montaña, no hay Internet, puedo entenderlo. ¿Pero que en una capital como Málaga digan que es que no funciona el ‘Circuit’ y la videoconferencia, cuando hay juzgados que lo utilizan -unos sí y otros, no-…? Está claro que hay una evidente falta de voluntad, por parte de algunos jueces. Una evidente falta de voluntad que pone en peligro la salud de los míos, y por ahí no paso«, afirma el decano.
«Lo vuelvo a repetir, porque es muy importante: Que el CGPJ asuma esa competencia para que pueda verificar si los jueces saben utilizar los medios telemáticos que han sido puestos a su disposición y, muy importante, si los utilizan. Y si no lo hacen, que les obligue a hacerlo. Porque algunos de esos jueces, lo repito, a día de hoy, ni los utilizan ni tienen interés en usarlos. Y, con esa actitud, en estos tiempos de pandemia, están poniendo en peligro la salud de las personas», señala.
El decano de ICAMALAGA, por último, considera «un atropello y una indecencia que el Consejo General del Poder Judicial requiera, por Twitter y a través de una nota de prensa, al Colegio de Abogados de Málaga, a la institución colegial de la que yo soy decano, y no lo haya hecho por los conductos oficiales. Es una completa falta de respeto a la Abogacía de Málaga, al Colegio y a mi persona».
