Este miércoles, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acogido una nueva jornada sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Un encuentro en el que responsables del ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social han explicado los puntos clave de este proceso extraordinario, que contará con la Abogacía como un «colaborador indispensable».
El Consejo de Ministros de España aprobaba esta semana el Real Decreto que dará comienzo al proceso de regularización administrativa de personas migrantes que ya viven en España.
Una regularización extraordinaria que, tal y como apuntaba el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, buscará «dar derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año» a los beneficiados por esta normativa.
Real Decreto cuyas cifras oscilan entre los 500.000 migrantes, que se sumarán a los más de 1,3 millones de inmigrantes regularizados por el Ejecutivo en los últimos meses.
Un RD 316/2026 que no ha tardado en generar controversia y polémica, tanto entre profesionales como dentro de la ciudadanía española. Algo que ha sido analizado este miércoles en la sede del CGAE en Madrid.
La Abogacía, «esencial» en la regularización extraordinaria
«La abogacía desempeña un papel esencial e insustituible en esta regulación, gracias a los profesionales de la abogacía especializados en este tema. Ellos ofrecen todas las garantías deontológicas y de cualificación para que los derechos de los migrantes, algunos especialmente vulnerables, sean protegidos como deben serlo», aseguraba al respecto el presidente del CGAE, Salvador González, quien daba comienzo a la jornada.
Unas palabras con las que el presidente de la Abogacía Española ha querido remarcar nuevamente el papel «esencial» de la abogacía en este proceso de regularización extraordinaria.
Y, especialmente, «a los 28.000 abogados y abogadas de extranjería de toda España que, nuevamente, serán el ejemplo de la mejor Abogacía».
Un proceso que «comienza tras la aprobación en el BOE» del Real Decreto. Y ante el que González ha querido dejar claro el foco humano.
«Además de burocracia y de papeles, hablamos de personas. De sus derechos y esperanzas. Y la Abogacía será una garantía para ello», ha defendido.
Un papel fundamental que también ha remarcado durante su intervención en el acto Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones.
«Estamos ante un gran reto, de una enorme envergadura. Y en este proceso, sois imprescindibles», ha destacado la responsable ministerial.
Un turno de palabra en el que ha querido esclarecer que no se trata de un proceso «masivo», sino de una respuesta estatal a las personas que sufren «esta injusticia social» de desamparo jurídico.
«No es un discurso buenista, es un discurso humano», ha destacado Cancela.
Ello, a la vez que ha asegurado que este Real Decreto no supondrá un «efecto llamada».
«El proceso se centra en las personas que ya estaban en España desde el 1 de enero. Es un proceso hacia el pasado», ha destacado.
Las claves del Real Decreto
Jornada desde la Abogacía Española que ha contado con la presencia de Santiago Antonio Yerga, director general de Migraciones; Ainara Dorremochea, especialista de la Subdirección General de Régimen Jurídico del Ministerio de Migraciones; y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española.
«Este Real Decreto es una solución para muchas personas que estaban en un «limbo». No podíamos abandonarlos ante la irregularidad«, ha destacado Imbroda durante su intervención.
Una jornada en la que era Ainara Dorremochea la encargada de dar algunos de los puntos clave de este Real Decreto.
En concreto, sobre los requisitos exigibles para poder aprovechar esta oportunidad de regularización extraordinaria diseñada desde el Ejecutivo nacional.
Así pues, algunos de los requisitos marcados por el Real Decreto son que los solicitantes tengan más de 18 años, hubieran estado en España antes de enero de 2026, no sean titulares de otro documento de protección temporal, o no figuren como una figura rechazable o amenaza para el orden público.
Ello, además de que hayan pagado la tasa de arraigo, de 38,28 euros.
Del mismo modo, en cuanto a los antecedentes, la persona solicitante debe aportar un certificado de antecedentes del país de origen, sin que se tomen en consideración «antecedentes susceptibles de cancelación» en España.
Un sistema que, tal y como explicaba Santiago Antonio Yerga, está diseñado para ser «dinámico». Ello, a la vez que la puerta está abierta a posibles problemáticas, que serán solucionadas a medida que el proceso arranque.
«Iremos solucionando las dudas de las personas involucradas en el proceso. Y serán respuestas públicas, en un sistema dinámico», ha defendido.
