Porque no se puede describir de otra forma. «Déjà vu». La sensación de haber vivido esto antes. Y no puede ser más cierto. Pero de verdad.
Porque los seis formaron parte de la Comisión que elaboró el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE en 2011, que aprobó el Consejo de Ministros y que no llegó a debatirse en el Congreso de los Diputados porque se adelantaron las elecciones generales como consecuencia de la crisis económica.
El presidente de aquella Comisión es el mismo de esta: Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
También trabajaron aquel texto los fiscales Pedro Crespo Barquero, en el Tribunal Supremo hoy; Ignacio Rodríguez Fernández, destinado en la Fiscalía Provincial de Madrid; y Lorena Álvarez Taboada, actualmente en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Junto a ellos, José Antonio Colmenero, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide, quien fuera jefe del Gabinete del entonces ministro, Fran Caamaño, y Amaya Arnáiz, su sucesora hoy en ese puesto con Juan Carlos Campo, quien ejerció en aquel entonces como secretaria de la Comisión.
Aquella experiencia hace más fácil el camino por recorrer. No comienzan de cero sino de un texto, el de 2011, que tiene que fusionarse con el que realizó el PP en 2013, un borrador de código procesal penal.
A estos seis iniciados se han sumado Pilar Rasillo López, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, especialista en el orden jurisdiccional penal. Letrada del Consejo General del Poder Judicial (2012-2014); José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Concepción López-Yuste Padial, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y directora general para el Servicio Público de Justicia; y Sofía Puente Santiago, fiscal delegada de violencia de género y actualmente directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El ministro Campo ha puesto la redacción de un nuevo anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituya al actual, redactado de puño y letra por su antecesor Manuel Alonso Martínez en 1882 –13 años antes del nacimiento del cine–, como una de sus prioridades.
Se ha comprometido públicamente, además, con presentarlo ante el Consejo de Ministros antes de que finalice 2020.
No es la primera vez que se intenta un texto de consenso. Rafael Catalá, el último ministro del PP en ese puesto, tuvo ese mismo objetivo a principios de 2018. Que sea malogró por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy.
Reunió un grupo de trabajo discreto formado por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado, quienes habían formado parte de la Comisión para la redacción de un nuevo Código Procesal Penal de 2013, organizada por el Gobierno del PP; el catedrático –progresista– de derecho procesal de la Universidad Carlos III Víctor Moreno Catena; el catedrático de derecho procesal de la Universidad Complutense, Julio Banacloche; y el fiscal del Supremo, Pedro Crespo.
Los cinco se repartieron el trabajo de fusión de ambos textos.
Cuando Confilegal publicó lo que se estaba gestado con toda discreción, Crespo se bajó de barco.
Después de que el PSOE tomara el mando del Gobierno, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, Juan Luis Gómez Colomer, presidente de la Sección Procesal de la Comisión de Codificación, se puso a elaborar un nuevo borrador de LECRIM, explicó, por encargo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Se desconoce hasta dónde llegó ni de qué textos partió.
