Isidro Moreno, portavoz de Altodo, analiza en Confilegal esta "grave anomalía" y señala que si los partidos políticos no entran en razón, habrá que emprender acciones legales, y acudir al Defensor del Pueblo e instancias europeas. En la imagen, Isidro Moreno, portavoz de Altodo ( a la izquierda), y el presidente, José Manuel Mayllo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
Altodo exige al CGAE que presione a los partidos políticos para que modifiquen urgentemente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Denuncia que tras la última reforma del Código Penal, que no tiene en cuenta la asignación de justicia gratuita a personas jurídicas, los abogados del turno de oficio están sometidos a "una forma de esclavitud inadmisible en un Estado democrático"
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16/2/2022 10:27
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Actualizado: 16/2/2022 10:27
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La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) exige al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que presione a los partidos políticos, especialmente a los que están en el Gobierno, para que se modifique «urgentemente» la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que la última reforma del Código Penal no tiene en cuenta la asignación de justicia gratuita a personas jurídicas.
«Esta situación produce que abogados designados para defender a una persona jurídica en un procedimiento penal a requerimiento judicial no cobran por sus asistencias. En ocasiones son macroprocesos con miles de folios y decenas de vistas que pueden prolongarse durante varios años», explica Altodo, y pone como ejemplo el caso Gürtel, donde fueron certificados más de 500.000 folios.
Altodo señala que si los partidos políticos «no entran en razón, habrá que emprender acciones legales». Así lo manifiesta a Confilegal Isidro Moreno, portavoz de esta asociación.
Altodo apoya la advertencia del decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, al Ministerio de Justicia con emprender acciones legales si rechaza abonar los honorarios de los abogados de oficio designados para defender a personas jurídicas, pero considera que el CGAE también tiene que mover ficha para poner fin a esta «grave situación y conseguir que los partidos políticos de forma urgentísima se avengan a modificar la ley estatal de asistencia jurídica gratuita«.
Esta problemática derivada de la reforma del Código Penal está resuelta en el caso de los letrados de asistencia jurídica gratuita de juzgados ordinarios que dependen de la Comunidad de Madrid. Altodo reclama que se haga a nivel estatal lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y se modifiquen las leyes que regulan esta cuestión para que las personas jurídicas imputadas en procesos penales tengan también derecho a la justicia gratuita.
«Si los partidos políticos no entran en razón, habrá que acudir a otras instituciones, como por ejemplo el Defensor del Pueblo e incluso instituciones europeas», indica Isidro Moreno, y subraya que esto «no es solamente una cuestión meramente económica de que se paguen esas actuaciones, sino de dignidad y derechos fundamentales». «En Occidente es inconcebible que a un ciudadano se le obligue a trabajar gratuitamente, pero ocurre en nuestro país y hay que solucionar este problema ya porque se trata de una nueva forma de esclavitud inadmisible en un Estado democrático», señala.
El decano del ICAM, que además es vicepresidente del CGAE, hizo esta advertencia al Ministerio el pasado lunes, en un desayuno informativo. Alonso ha denunciado que este impago está llevando a una situación «inadmisible» con renuncias en casos de relevancia como el caso ‘Gürtel’ o ‘Titella’ en el que se investiga a José Luis Moreno. Según cifras del Colegio, habría más de una decena de letrados afectados por esta cuestión de incertidumbre jurídica.
«Los abogados no trabajan gratis», ha subrayado Alonso y no ha descartado que la Junta de Gobierno del ICAM se niegue a designaciones que se les soliciten, analizando cada caso si hay apercibimiento por desacato a una orden judicial, dado que es el juez el encargado de solicitar las designaciones. «No tengo miedo a que me procesen», ha agregado.
Altodo celebra la presión que ha hecho el decano del ICAM, pero destaca que «por lo que se está viendo, hace falta una presión mucho más fuerte», por lo que hace este llamamiento al CGAE.
También destaca que «no hay desobediencia o desacato si un juez obliga a realizar algo que la ley no contempla». «Es decir, si la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no reconoce a las personas jurídicas el beneficio de justicia gratuita, ningún juez puede obligar a un abogado o procurador a defenderlos gratuitamente. Por tanto, consideramos que los Colegios de Abogados tienen cobertura legal más que suficiente para negarse a designar en estos casos. Y esto no es desobediencia», argumenta Isidro Moreno.
Además, Altodo anuncia en este diario que no descarta movilizaciones en este sentido, aunque la asociación esté inmersa en un proceso electoral.
Altodo ha convocado su asamblea ordinaria para el próximo 11 de marzo, que incluye la renovación de cargos de la junta directiva. En caso de que no se presente ninguna candidatura alternativa a la actual, presidida por Juan Manuel Mayllo, la junta directiva está obligada a proponer una candidatura «oficialista».
ALTODO HA RECURRIDO ANTE EL TS EL REGLAMENTO DE JUSTICIA GRATUITA Y EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA
Esta asociación también ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el Reglamento de Justicia Gratuita y el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española por considerarlos «contrarios a los intereses y la dignidad de los profesionales del Turno de oficio«. Ambos han sido admitidos a trámite.
Altodo denuncia que «25 años después de promulgada la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, prosigue el maltrato institucional hacia los ciudadanos carentes de recursos y hacia el colectivo de la abogacía y la procuraduría de oficio».
Al hilo de lo anterior, esta asociación ha interpuesto estos dos recursos contencioso-administrativos contra el Reglamento de Justicia Gratuita, aprobado mediante Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, en especial el Anexo II Módulos y bases de compensación económica-Abogados, y contra el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, respecto a todo su articulado.
Critica que «entre otras muchas cuestiones, las administraciones públicas siguen sin hacer efectivo el principio contenido en el Punto 6ª de su propia Exposición de Motivos, según el cual el servicio de asistencia jurídica gratuita debe estar ‘digna y suficientemente remunerado’, en lógica consonancia con la trascendencia de este servicio y con el rango constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad con quienes tienen medios, en abierta discordancia con otros países de nuestro entorno, y pese al hecho incuestionable de que los abogados y procuradores adscritos al turno de oficio son pieza fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro Estado de Derecho».
El primero de los recursos lo interpone, «entre otros motivos, por considerar contrarios a derecho los módulos y bases de compensación económica, al no ser acordes con el principio de retribución digna y suficiente anteriormente aludido, al no establecer mecanismos de actualización automática conforme al IPC, y al no ser acordes dichos módulos con los Criterios fijados por los Colegios de Abogados en la emisión de sus dictámenes de honorarios a requerimiento judicial a efectos de las tasaciones de costas».
Con el segundo de los recursos pretende la anulación del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española al considerar que «vulnera el principio de jerarquía normativa, toda vez que ha sido aprobado mediante Real Decreto, entendiendo esta asociación que, al afectar a un derecho fundamental constitucionalmente protegido, existe un principio de reserva de ley, probablemente incluso de Ley Orgánica».
Altodo afirma que «la defensa de los derechos de los justiciables carentes de recursos sigue dependiendo en gran medida del mero voluntarismo, abnegación y vocación de servicio de los profesionales de la abogacía y la procuraduría, con una muy débil defensa por parte de sus órganos rectores, y con muy insuficiente respaldo presupuestario y normativo por parte de los poderes públicos».
«Conviene recordar que en nuestras manos están las vidas y patrimonios de los beneficiarios de justicia gratuita, que no son solo los presuntos autores de infracciones penales, sino otros muchos colectivos, como las víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales, los menores, los trabajadores, los desahuciados por entidades
bancarias o “fondos buitre”, o quienes simplemente pretenden hacer valer sus derechos ante los órganos judiciales, careciendo de medios económicos», destaca Altodo.
CONSIDERA ‘ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE’ LA PARTIDA APROBADA POR GOBIERNO PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha autorizado la concesión de 46.418.990 euros al CGAE para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), lo que supone un incremento del 6,2% respecto a 2021.
Altodo considera «absolutamente insuficiente» este incremento retributivo, «puesto que apenas cubre siquiera el incremento del IPC del último año y no supone ninguna modificación al alza de los baremos retributivos, que llevan años congelados, y que incluso antes de la congelación ya eran unos baremos miserables que en absoluto compensan la dura y trascendente labor que a diario realizan los abogados de oficio».
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