Sobre estas líneas, Fernando Rodriguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, quien ha cerrado el acuerdo con los cinco sindicatos, con parte de su equipo durante una reunión.
El acuerdo de cinco sindicatos con la Diputación de Sevilla, inducido por la ATD, hará fijos a casi 600 interinos
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28/2/2022 06:50
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Actualizado: 27/2/2022 23:47
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La Diputación de Sevilla ha cerrado un acuerdo con cinco sindicatos y la Asociación de Temporales de Diputación (ATD) por el que consensua la estabilización de 576 plazas de sus interinos.
546 saldrán a concurso de méritos y 30 a concurso oposición, según confirman desde la ATD, siguiendo la normativa estatal sobre reducción de la temporalidad
En esta institución el personal de temporales es más del 50 % de la plantilla. Unos 700 trabajadores. En abuso de temporalidad cerca de 600.
Desde la ATD se ha coordinado todo el trabajo para lograr el visto bueno de los cinco sindicatos que configuran esta entidad local: UGT, USTEA, USO, CCOO y SAT. Los cinco han suscrito el acuerdo en cuestión en la mesa de negociación con el área de Recursos Humanos de la Diputación, de la que también se valora su predisposición para suscribir dicho acuerdo.
También indican que, gracias a esta iniciativa, todas las personas en abuso de temporalidad tendrán, de una forma u otra, la oportunidad real de consolidar su plaza.
Esta resolución irá al próximo Pleno de marzo de la Diputación donde ya será aprobada definitivamente.
La ATP se creó en el verano de 2019. Desde ese momento no ha dejado de reivindicar los derechos de los trabajadores temporales de distintas categorías para que se cumpliera la Directiva 1999/70 y las distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre trabajadores en abuso de temporalidad.
NUEVA REGULACIÓN NACIONAL
Esta iniciativa de estabilización está respaldada por la normativa nacional que prosperó para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que reserva concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos 5 años.
Fruto de dicha regulación, los trabajadores de la Administración pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto podrán optar a una plaza fija sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Los plazos están claros: las Administraciones públicas deberán ofertar antes del 1 de junio de 2022 las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas.
Los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Al parecer la propia Diputación de Sevilla tiene ya avanzado el calendario de los procesos de estabilización. Es previsible que el acuerdo se pueda plantear a otros trabajadores que pudieran estar en abuso.
Junto con ese concurso de méritos, la norma también habla de un concurso oposición, como otra alternativa.
Con carácter general, la fase de concurso ponderará un 40 % y la experiencia será el elemento determinante en la valoración, mientras que la ley fija que los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios.
Asimismo, las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito.
El personal interino que no supere este proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Estas personas también se incorporarán a una bolsa de empleo específica.
Un ejemplo a seguir por otras administraciones de nuestro país, en un momento en el que el colectivo de interinos está cerrando sus trámites para convertirse en una organización sindical propia.
DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PRIMERA EN REVOCAR PROCESOS SELECTIVOS
En ese marco, la Diputación de Sevilla resolvió revocar el pasado 23 de diciembre todas sus ofertas públicas de empleo correspondientes a 2017 y 2018.
Concretamente en los apartados en los que convocaba las plazas de consolidación y estabilización afectadas por la citada nueva regulación nacional para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Ese anuncio se hizo antes de que se aprobase la ley, siendo la primera Administracion publica en aquel momento que revocaba dichos procesos selectivos que afectan a los interinos de larga duración.
Desde aquel momento el organismo provincial a través de su Mesa General de Negociación, junto a los sindicatos con representación en la corporación, se marcó una hoja de «dilucidar, definitivamente, el limbo laboral en el que se encontraban los interinos en la entidad intermunicipal».
El siguiente paso fue la tramitación de una resolución en la que se plasmarán los acuerdos que se negociaron , que recogieron a su vez las directrices que desde el Ministerio de Función Pública se vienen apuntando sobre la estabilidad de los interinos.
También se reflejaba en dicha resolución que, próximamente, se procederá a la devolución de las tasas que daban derecho a la concurrencia a las pruebas selectivas en aquellos procesos que ahora quedan suprimidos.
En este contexto las declaraciones efectuadas por el presidente de la diputación. Fernando Rodriguez Villalobos resaltaron su deseo de encontrar la opción más óptima para nuestros empleados, sin dejar de atender nunca los requerimientos legales y la normativa vigente en todo momento
El mandatario también había señalado en otras intervenciones públicas que la solución al asunto de la temporalidad debía llegar desde Bruselas y Madrid y, ahora, gracias a la disposición del Gobierno para atender a este colectivo de empleados públicos, “tendremos un marco legal para dotar de total estabilidad y garantías laborales a los cientos de afectados que tenemos en nuestra institución con este asunto”.
UN PANORAMA QUE NO ES GENERALIZADO
La decisión de la Diputación de Sevilla sobre interinos no es, ni mucho menos, la tónica general. El escenario, tras la Ley 20/2021 de reforma de la temporalidad, está siendo muy heterogéneo.
Sobre todo porque el legislador dejó amplia libertad a las distintas administraciones públicas para la gestión de su personal interino en fraude de ley.
Frente a las quejas del personal en abuso, recogidas en esta publicación de que muchas Comunidades Autónomas estaban saltándose la normativa aprobada, lo que ha hecho que este colectivo haya intensificado sus denuncias en la Comisión Europea y otros organismos.
En Andalucía los afectados son unos 160.000, en todas las administraciones, de los que 60.000 están en la Junta, según la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (CAEPAT).
Son trabajadores temporales en fraude de ley porque acumulan más de tres años en un puesto estructural de la Administración, algo prohibido por la legislación europea.
Sin embargo, en Andalucía, según denuncia la CAEPAT, el Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos, que preside Juan Manuel Moreno, ha seguido adelante estos meses con la ejecución de ofertas de empleo público en las que ha aplicado los criterios anteriores a esta nueva ley nacional sobre temporalidad, que son «claramente mucho más perjudiciales que los regulados en la nueva legislación».
Hay otras entidades en nuestro país que han apostado por la negociación y la estabilización del personal interino siguiendo la citada normativa aprobada y ya en vigor desde finales de diciembre. La Diputación de Sevilla es una de ellas.
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