La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) considera «muy insuficiente el incremento supuestamente acordado» de los baremos del Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid.
Así lo ha denunciado en un comunicado, en relación a la actualización de baremos retributivos del turno de oficio acordada ayer mediante Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Altodo expone que «hay que echar la vista muy atrás, remontándonos hasta el Decreto 86/2003, publicado en el BOCM el día 24 de Junio de 2003, para tener presentes los últimos incrementos retributivos acordados, salvo los escasos módulos que fueron incrementados en 2015».
Manifiesta que «de ese modo, puede constatarse cómo ya entonces se abonaban en muchos procedimientos cantidades similares a las que la nueva Orden establece, y se omite deliberadamente que la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, recortó en un 20% aquellos baremos de 2003 ya de por sí miserables, y que habían permanecido congelados durante casi una década».
Ese recorte, prosigue, se recupera en 2015, «en el contexto de una negociación fruto de la cual se logra, además de lo anterior, el incremento de algunas pocas actuaciones, en detrimento de otras, que incluso disminuyen su retribución».
Altodo sostiene que la Orden del 2 de marzo incrementa «ligeramente» algunos baremos, pero que «ese incremento queda muy lejos del 43,6 % de incremento IPC operado desde enero 2003, que en modo alguno se recupera».
Y concluye que «realmente, no ha habido tal incremento retributivo, sino una simulación injusta de subida, con merma evidente de la capacidad adquisitiva de la abogacía de oficio, que tendrá que seguir ejerciendo el derecho de defensa de quienes carecen de medios, de forma precaria y a un coste para el Estado muy inferior al de mercado, siendo así que el principio proclamado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, de que este servicio esté “digna y suficientemente remunerado”, sigue siendo una quimera».
«Lamentamos tener que decir, una vez más, que prosigue el maltrato institucional hacia la abogacía de oficio, y que seguiremos luchando por defender una actualización de baremos conforme a la realidad de la importancia social de nuestro trabajo».
Añade que «lejos de palmear la condescendencia institucional y política», seguirán reclamando que «de una vez por todas» se coloque al colectivo en el lugar en el que, como «actores jurídicos imprescindibles», merecen estar, «al igual que jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia», quienes ven «cómo cualquier anuncio de huelga, derecho que a nosotros se nos niega, es rápidamente correspondido con incrementos salariales».
Altodo finaliza su comunicado señalando que como dijera Platón “la peor forma de injusticia es la justicia simulada”. «Tendrán noticias de nuestro colectivo», agrega.
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